Los organismos de defensa de los derechos humanos reclaman regularmente que se implementen medidas para evitar los malos tratos, pero el Gobierno se desentiende. El ingreso en un hospital con graves lesiones de Igor Portu pocas horas después de su detención volvía a evidenciar la utilización de la tortura por parte de la policía española. […]
Los organismos de defensa de los derechos humanos reclaman regularmente que se implementen medidas para evitar los malos tratos, pero el Gobierno se desentiende.
El ingreso en un hospital con graves lesiones de Igor Portu pocas horas después de su detención volvía a evidenciar la utilización de la tortura por parte de la policía española. Año tras año, diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos urgen a las administraciones a poner en marcha medidas para evitar los abusos. «Las más altas autoridades deberían reafirmar y declarar oficial y públicamente que la tortura está prohibida en todas las circunstancias», recomendó el relator especial de la ONU sobre la tortura, tras su visita al Estado español en 2003.
Sin embargo, la actitud de los sucesivos gobiernos españoles ha sido bien distinta. Un estudio publicado en 2004 por Amnistía Internacional afirmaba que entre ese año y 1980, se habían producido unas 450 sentencias relativas a torturas, de las que unas 90 eran condenatorias e implicaban en total a unos 220 funcionarios. De estos condenados, 40, según estimaciones posteriores del diario vasco Gara, lo fueron por participar en malos tratos en el marco de operativos antiterroristas y al menos 27 de ellos fueron luego indultados. Incluso en más de un caso los condenados que debían haber sido inhabilitados seguían en otro puesto o habían sido ascendidos. El Comité contra la Tortura de la ONU señaló en 1999, en referencia a uno de esos indultos, que «tendría el efecto práctico de otorgar impunidad a la tortura y alentar su repetición».
Otra de las medidas insistentemente reclamadas es la supresión de la detención incomunicada. El relator de la ONU llegó a afirmar que el aislamiento del detenido crea las «condiciones que facilitan la tortura». La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) que agrupa a más de 40 organizaciones de DD HH del Estado español, afirma que en los 11 primeros meses de 2007, al menos 24 de las personas detenidas bajo régimen de incomunicación han denunciado tortura. El pasado noviembre el Parlamento Vasco, por segundo año consecutivo, aprobaba una propuesta instando al Gobierno español a derogar la legislación antiterrorista y a eliminar la incomunicación. Pero como ya ocurrió el año anterior, la propuesta fue rechazada frontalmente por el PP, el PSOE y por la Administración.
Bien es cierto que ha habido intentos de aplicar medidas de prevención de los malos tratos, pero con escaso éxito. En diciembre de 2006, tras la detención de una supuesta célula yihadista, el juez de la Audiencia Nacional (AN), Baltasar Garzón, ordenó a la Policía la «grabación permanentemente a todos los detenidos, así como otras medidas encaminadas a garantizar sus derechos y a evitar denuncias por malos tratos, como el permitirles ser visitados por médicos de su designación». La Secretaría de Estado de Seguridad contestó al magistrado que no podía hacerlo por carecer de medios suficientes.
«Sembrar dudas»
Días después, la Confederación Española de Policía, el sindicato mayoritario, acusaba al magistrado de «sembrar dudas» sobre los policías. Posteriormente, el juez Garzón ha ordenado, en algunos casos de detención incomunicada, la aplicación de estas medidas que ya han sido bautizadas como ‘Protocolo Garzón’. Sin embargo, el resto de los Juzgados Centrales de Instrucción de la AN (seis en total) no las aplican e incluso se han negado expresamente a ello. En octubre de 2007, los médicos forenses de la AN presentaron dos quejas rechazando el acceso a los detenidos de médicos de confianza alegando que supondría «poner en cuestión» su trabajo.
Pero para acabar con la tortura, insiste la CPT, «la condición básica es querer acabar con ella». Y remacha: «Hay que hacer saber a todos los funcionarios que es inaceptable, sin excepciones. Y eso es lo que ningún gobierno hace».