El Gobierno no contempla más restituciones por los bienes incautados durante la Guerra Civil y el franquismo a partidos, organizaciones sindicales o particulares. En un informe remitido al Congreso junto al proyecto de ‘ley de la memoria histórica’, la comisión interministerial que durante casi dos años ha trabajado bajo la batuta de la vicepresidenta, María […]
El Gobierno no contempla más restituciones por los bienes incautados durante la Guerra Civil y el franquismo a partidos, organizaciones sindicales o particulares. En un informe remitido al Congreso junto al proyecto de ‘ley de la memoria histórica’, la comisión interministerial que durante casi dos años ha trabajado bajo la batuta de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, expresa sus reticencias frente a las exigencias de formaciones como el Partido Nacionalista Vasco, Convergència i Unió o Esquerra Republicana de Catalunya.
Todas estas formaciones consideran que el Estado mantiene aún una deuda que no han resuelto ni la ley de devolución del patrimonio sindical, promovida por el Ejecutivo de Felipe González en 1986, ni la restitución del patrimonio de los partidos políticos, impulsada por el gabinete de José María Aznar en 1998. Los grupos minoritarios del Congreso confiaban en que la ‘ley de la memoria’ recogiera medidas reparadoras que permitieran hacer frente a las lagunas que, a su juicio, aún persisten en este terreno, pero la lectura del proyecto muestra lo descaminados que iban porque sus reivindicaciones no han sido contempladas.
CiU reivindica la devolución del patrimonio confiscado al ‘Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Industria’ y el resarcimiento «moral y económico» de los ciudadanos a los que se confiscaron sus bienes entre 1936 y 1939; ERC presentó esta legislatura una proposición no de ley para la devolución de bienes a los masones; y el PNV insiste en recibir compensaciones por el edificio en la avenida Marceau de París que hoy ocupa el Instituto Cervantes y que fuera sede del Gobierno vasco en el exilio. En 2001, el Ejecutivo de Aznar consideró que era imposible acreditar la titularidad del inmueble y se negó a atender la demanda.
Precisamente ése, el de la «complejidad y dificultad para la identificación y acreditación de la titularidad de unos bienes confiscados hace ya más de 65 años», es uno de los argumentos empleados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para rechazar nuevas medidas compensatorias. El informe interministerial apela además al «efecto social» que tendría abrir «un número de procesos de esta clase» a «su coste para la generación presente» y a «la imposibilidad de una justicia material que pretendiera restablecer el curso de una Historia truncada por la Guerra».
«El principal problema, en todo caso -se insiste en el proyecto- es el largo tiempo transcurrido desde que se realizaron las incautaciones; teniendo en cuenta además que en esta materia ha operado la usucapción o prescripción adquisitiva».
En cualquier caso, y al margen de los problemas técnicos y jurídicos, el Gobierno discute la idoneidad de utilizar una ley como la de la ‘memoria’ -que, por encima de compensaciones materiales, busca la «rehabilitación moral personal y familiar»- para satisfacer las exigencias de los partidos. A su juicio, «la restitución de bienes y derechos ocupa, en puridad, un lugar secundario».
Trabajo hecho
El estudio reseña de forma detallada todas las compensaciones que ya han recibido durante la democracia sindicatos y partidos políticos. Algunas fueron aprobadas directamente por el Consejo de Ministros, mediante la aplicación de las citadas leyes de 1986 y 1998. Otras, denegadas en principio por el Gobierno, tuvieron que ser concedidas tras sentencia judicial.
En total, el Estado ha desembolsado alrededor de 28 millones de euros para hacer frente a los pagos. El mayor perceptor, hasta la fecha, ha sido el PSOE, que ha recibido alrededor de 10.700.000 euros, seguido del PNV. Esta formación, sin embargo, ha logrado más por la vía jurisdiccional, unos 10 millones de euros, que por la administrativa, algo menos de 450.000 euros.
La litigiosidad en este terreno parece ya agotada. El informe recuerda que salvo que alguno de los partidos interpusiese recursos extraordinarios no quedan a 31 de julio de 2006 sentencias pendientes de ejecución. Las formaciones nacionalistas, sin embargo, quieren aprovechar la necesidad de respaldos del Gobierno socialista para sacar adelante el proyecto para volver a plantear sus demandas. El PNV, por lo pronto, ya ha anunciado que volverá a poner sobre la mesa el edificio parisino que sirve de sede al Instituto Cervantes.