En el Reino de España hay un total de 18.103.487 personas afiliadas a la Seguridad Social. Entre ellas, el colectivo más estable y con unos buenos salarios es el compuesto por funcionarios públicos, que suma 2,3 millones de personas. Estos trabajadores públicos, en su gran mayoría, no son usuarios de la red publica sanitaria, sino […]
En el Reino de España hay un total de 18.103.487 personas afiliadas a la Seguridad Social. Entre ellas, el colectivo más estable y con unos buenos salarios es el compuesto por funcionarios públicos, que suma 2,3 millones de personas. Estos trabajadores públicos, en su gran mayoría, no son usuarios de la red publica sanitaria, sino que, a través de sus mutualidades, pueden elegir compañía sanitaria privada. Según cuenta el diario ABC, el Gobierno quiere cambiar el sistema de elección de compañía sanitaria para los funcionarios, pero no para que sus trabajadores pasen al sistema público con el consiguiente ahorro e inyección económica en la red pública, sino convocar un concurso público entre las aseguradoras para reducir costes y adaptar las actuaciones de las mutualidades a la nueva ley de contratos del sector público, en vigor desde 2008.
En medios de derecha y neoliberales es muy común leer opiniones respecto a los «privilegios de los funcionarios», de ahí que una de las medidas que propone la derecha para esta coyuntura de crisis económica sea congelar el sueldo a los empleados públicos. Pues bien, esta obsesión de reducción de costes laborales del sector público no tiene su debido reflejo respecto a los sistemas especiales de seguridad social de los funcionarios.
Dos son los motivos de este silencio liberal: En primer lugar, las altas castas del sector público, como son los militares de alta graduación, jueces, fiscales, abogados del estado… que se oponen rotundamente a ser atendidos en la sanidad pública (excepto que no sea una enfermedad realmente grave, en cuyo caso, las compañías privadas se desentienden y los gastos tienen que ser abonados directamente por las mutualidades a la sanidad pública).
El segundo y más determinante es que la sanidad de los funcionarios es un gran negocio. El artículo citado del ABC, recoge la preocupación aparente de las compañías aseguradoras privadas porque esta medida «redunde negativamente en el nivel de calidad de la asistencia recibida por los funcionarios…». Y a continuación la preocupación real: «… al tiempo que podría poner en peligro el futuro de la red sanitaria privada española».
Constantemente se critican los supuestos privilegios de los empleados públicos. La estabilidad del empleo no es un privilegio, ni la percepción de un salario digno, son derechos de los que deberían gozar todos los trabajadores, de lo que se trata no es reducir estos derechos a los funcionarios sino extenderlos a los empleados de empresas privadas.
El sistema de mutualidades y prestación sanitaria privada sí que es un verdadero privilegio que, muchas veces, se torna contra los trabajadores del sector público. Además desde el punto de vista del interés general es un sistema ineficaz, ineficiente, crea duplicidades burocráticas y, especialmente en el caso de las mutualidades ISFAS y MUGEJU, son organismos con nula participación democrática entre sus afiliados y están gestionados por las respectivas élites militares y judicial.
La única medida racional que cabe hacer en esta cuestión es integrar a los funcionarios públicos en el Régimen General de la Seguridad Social. España es el único lugar donde las únicas personas que pueden evitar pagar sus cuotas de Seguridad Social por enfermedad al erario público son precisamente los funcionarios públicos. Sería inconcebible que una aseguradora sanitaria privada le diera a elegir a sus trabajadores otras empresas de la competencia donde recibir atención sanitaria, pero parece que cuando se trata de beneficiar a empresas del sector privado, las medidas más peregrinas imaginables pueden ser sufragadas con fondos públicos.
———————–
Puedes comentar la noticia en