La Ley General de la Seguridad Social desarrolla lo establecido en el Art. 41 de la Constitución Española con respecto a la obligación que tienen los poderes públicos de mantener un régimen público de pensiones para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y que se fundamenta […]
La Ley General de la Seguridad Social desarrolla lo establecido en el Art. 41 de la Constitución Española con respecto a la obligación que tienen los poderes públicos de mantener un régimen público de pensiones para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad y que se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
El Borrador de Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social introduce instrumentos de gestión que pueden dar al traste con el principio de seguridad que, imprescindiblemente, ha de ser el fundamento que debe inspirar cualquier desarrollo legislativo en materia de pensiones.
En cualquier manual básico de economía se incide en que los conceptos de seguridad y rentabilidad son inversamente proporcionales: a mayor seguridad, menor rentabilidad. Esto implica que si participamos en el desarrollo de leyes en materia de Seguridad Social que persigan la máxima rentabilidad estaremos poniendo en riesgo la seguridad que precisa el sistema.
Experiencias recientes de inversiones masivas en aventuras económicamente rentables destapan la endeblez, escasa solidez y falta de garantías y regulación del sistema financiero. El fiasco de Grecia en relación con este tema pone al descubierto el carácter aventurero de este tipo de proyectos.
Desde el Sector Crítico rechazamos la apertura de las posibilidades de inversión del Fondo de Reserva en activos que impliquen directa o indirectamente una gestión externalizada y/o privada de los mismos en valores de entidades privadas, acciones y otros instrumentos financieros. Defendemos con todas sus consecuencias el carácter público del sistema de pensiones y su gestión.
Poner en manos de gestores privados los fondos públicos generará grandes beneficios a comisionistas e intermediarios financieros y avanza en la privatización de la Seguridad Social. Sacar a bolsa un 10% del Fondo de Reserva (aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de Euros) es un precedente privatizador de máximo riesgo que no tiene por qué asumir el conjunto la sociedad española.
En la actualidad, la práctica totalidad del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos. La cartera de activos, además de los emitidos por el Reino de España, incluye también deuda no española de los siguientes Estados: Alemania, Francia y Países Bajos.
Aumentar la rentabilidad lleva implícito la asunción de un riesgo sometido a los avatares y altibajos de un modelo económico caracterizado por la especulación y el beneficio a corto plazo, antagónico de otro de los objetivos de la Seguridad Social: estabilidad en el tiempo.
Reclamamos la regulación de la responsabilidad social, económica y medioambiental como una necesidad para poder dibujar un escenario que evalúe, con carácter previo, el impacto de una Ley de estas características. CC.OO. debe exigir una modificación de la legislación de sociedades anónimas y de grupos de empresa que aporte transparencia, participación y democracia industrial.
Un desarrollo legislativo de buenas prácticas empresariales con un mayor control y seguimiento de la actividad de las empresas reduciría los márgenes de actuación en operaciones especulativas y permitiría analizar su impacto social y medioambiental.
Mayores esfuerzos de inversión en I+D por parte de las empresas españolas aportarían calidad a la economía y al empleo, reducirían la especulación y posibilitarían el análisis del cumplimiento de los objetivos de la Seguridad Social en materia de seguridad, rentabilidad y estabilidad del Fondo de Reserva y sus inversiones.
La tramitación parlamentaria urgente por parte del gobierno, la ausencia de discusión, información y debate en los órganos de dirección y entre los afiliados y las afiliadas a CC.OO. y las posiciones adoptadas por los distintos grupos parlamentarios al conocer su contenido, evidencian la postura contraria de la mayoría de la sociedad española de jugar en bolsa con el contenido de la denominada «hucha» de las pensiones.
En consecuencia desde el Sector Crítico de CC.OO. rechazamos cualquier modificación en la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que ponga en riesgo sus principios básicos: seguridad, estabilidad en el tiempo y el mantenimiento de su carácter público.