¿Planeó el Ejército un ataque en Marruecos durante la Marcha Verde? ¿Hasta qué nivel político se conocieron los preparativos del GAL? ¿Qué se habló con los golpistas la noche del 23-F? ¿Qué notas intercambiaron Madrid y Buenos Aires durante la guerra de las Malvinas? ¿Cómo se negoció la vuelta de Josep Tarradellas?
Las respuestas a estas y muchas otras preguntas importantes pasarán más tiempo ocultas. En el primer Gobierno que se ha puesto a redactar una ley democrática de secretos oficiales que sustituya la vigente y franquista de 1968 se le está complicando el trabajo mientras corre el calendario de la legislatura. Más de un año, lo que queda de 2021 y todo el 2022, calculan fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que tardará Presidencia a elaborar y tramitar el articulado. Otras fuentes menos optimistas cercanas a la elaboración del mismo admiten la posibilidad de que no haya tiempo durante esta legislatura.
No sólo existe la discusión entre ministerios afectados. Edificar un proyecto de ley y presentarlo a la cámara, además de las vueltas parlamentarias, implica que los ministerios aludidos lleguen a un acuerdo previa emisión de informes, que el borrador pase por consultas e información pública y que Presidencia consulte con las comunidades autónomas, además de tres informes preceptivos, aunque no vinculantes: el del Consejo Fiscal, el del Consejo General del Poder Judicial, y el del Consejo de Estado. Solo los trámites de información pueden llevar ocho meses, según apuntan las fuentes consultadas.
Recelo de los uniformados
El proceso se encuentra en fase de escucha de opiniones. El Departamento de Seguridad Nacional, de Presidencia del Gobierno, recibe inputs de una comisión mixta de Exteriores, Interior y Defensa. Y son los uniformados los que presentan más prevenciones, aunque las fuentes consultadas dan por hecho que ningún desclasificación incluirá localizaciones de centros todavía operativos de las Fuerzas de Seguridad, ni de escalafones, chalets o bases del CNI, ni tampoco, por ejemplo , el desconocido Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, declarado secreto por el Gobierno en noviembre de 2007.
«Lo mejor es armonizar esta ley con las de nuestros principales aliados de la OTAN, y no inspirarse en las de países totalitarios», opina el coronel de Ejército y exmando del CESID (hoy CNI) Diego Camacho. «Tiene que haber diferentes grados de vigencia: 10, 20, 50 años … -añade Camacho- y restringirse la identidad de personas para no poner en peligro sus vidas o su libertad. Todo con un control judicial efectivo. El Gobierno, auxiliado por el Consejo de Seguridad Nacional, debe ser el único habilitado para declarar secretos; dar esta habilitación a las comunidades autónomas sería origen de grandes problemas ».
Otros colegas de este experto en inteligencia han expresado objeciones a una desclasificación «excesiva». Algunos sistemas de trabajo de las Fuerzas de Seguridad que se empleaban para los Juegos de Barcelona 92, por ejemplo, siguen vigentes hoy, explican fuentes cercanas a esta opinión. Métodos operativos secretos de la Policía y la Guardia Civil, arsenales, sistemas de comunicaciones y marcas de aparatos de escucha podrían quedar a la vista de organizaciones criminales, sospechan.
«No se puede apelar a que se pondría en juego la seguridad. España se enfrenta a un problema que países de nuestro entorno han solucionado. El estándar democrático es que el paso del tiempo desclasifica. Incluso el Vaticano ha liberado los papeles de la II Guerra Mundial de Pío XII », contesta el diputado del PNV en el Congreso Mikel Legarda
El PNV es el partido que más ha insistido en cambiar la actual ley. Y su proposición en el Congreso estuvo a punto de salir adelante, con numerosas enmiendas, en la 12ª legislatura. Pero el empeño de este partido ha sufrido 26 dilaciones de todo tipo.
En abril pasado, el Gobierno tomó la iniciativa desplazando la del PNV. Las características de la nueva ley pasan por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. El Ejército, Interior y Exteriores construyeron en el franquismo la actual ley, pero esta vez hay que escuchar más ministerios: Ahora los secretos oficiales no son sólo diplomáticos, militares y policiales. También hay papeles reservados en el área económica, dependientes de Economía e Industria. Es posible que se incorporen también otros como secretos de Sanidad.