El Gobierno topa con el lobby eléctrico

Con la banca, el tradicional poder fáctico por excelencia en el hospital, el Gobierno se enfrenta con el lobby más temible: el electropoder, un formidable grupo de interés con el que hasta el mismísimo Franco tuvo que moverse con suma cautela.

Ya no puede hablarse de «electrofascismo» como durante la dictadura, pero el sector energético sigue siendo un gran poder capaz de desafiar a Mariano Rajoy. Es uno de los retos más importantes de cara al próximo año.

El primer pulso efectuado por Endesa e Iberdrola ha tenido lugar en Garoña parando la central nuclear que el Gobierno intentaba mantener diez años más.

El pretexto dado por los propietarios de la central es infantil. Lo atribuyen al nuevo impuesto nuclear, una objeción baladí porque este impuesto, unido a otras inversiones necesarias para mantener la seguridad de la central solo restaría una pequeña parte de los beneficios que obtendría la prolongación de su vida útil.

Las eléctricas aportan sin embargo razones de peso para su objeción a la totalidad de la política energética, tan de peso como las esgrimidas por los consumidores.

El problema eléctrico, cuya manifestación más expresiva es el déficit de tarifa, se inició en los tiempos en que Rodrigo Rato dirigía la economía del país y aplicó la formula de no subir el recibo de la luz desplazando hacia el futuro un ajuste más realista.

El déficit se incrementó cuando a Miguel Sebastián el ministro de Industria de Zapatero se le fue la mano en las primas a las energías renovables.

Ahora la patata caliente está en manos de Mariano Rajoy quien no se ha atrevido a reducir primas por temor a que los inversores extranjeros que entraron a fondo en el electromaná proclamaran por el mundo que España es un país con alto riesgo regulatorio, un terrible anatema.

El ministro José Manuel Soria a quien Rajoy delegó la cuadratura del círculo ha renunciado a su promesa de achicar el déficit de tarifa en un tiempo razonable conformándose con evitar nuevos incrementos a base de impuestos a las compañías e incremento de tarifas a los consumidores.

Era demasiado para Soria quien se valió de un segundo, el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, de escasa consideración técnica por parte del sector.

Tanto empresarios como técnicos independientes y el casi completo consenso de los anteriores ministros de Industria, desde Felipe González hasta nuestros días, me indican que Martí no entiende suficientemente de la materia.

José Manuel Soria ha cesado a Martí tratando de conseguir con ese cese un alivio en la feroz guerra que mantiene con el electropoder.

Soria ha quitado un fusible para no quemarse, siguiendo así una práctica utilizada por todos los gobiernos, y proporcionando a Martí una salida digna: la presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con categoría y sueldo de ministro.

Pero la experiencia demuestra que esos expedientes caducan rápidamente. El problema es de tal envergadura que supera la responsabilidad de un secretario de Estado e incluso del ministro y entra de lleno en los deberes del presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy, sin embargo se resiste a asumir personalmente la cuestión y se ha aferrado a una técnica que también tiene una notable tradición en política: negar la importancia de la cuestión.