El Gobierno, utilizando préstamos a la Seguridad Social en vez de aportaciones por transferencias corrientes persigue transferir parte de los gastos que tiene que asumir el Estado a la Seguridad Social. Así consigue un doble objetivo, de una parte esconde parte de su déficit, para quedar bien con Bruselas que tolera esa manipulación, y así […]
El Gobierno, utilizando préstamos a la Seguridad Social en vez de aportaciones por transferencias corrientes persigue transferir parte de los gastos que tiene que asumir el Estado a la Seguridad Social. Así consigue un doble objetivo, de una parte esconde parte de su déficit, para quedar bien con Bruselas que tolera esa manipulación, y así conjuntamente exponen a la Seguridad Social, con falsas cuentas de crisis y deudas, al desmantelamiento y a los recortes.
El mecanismo es simple: lo que debería haberse financiado con aportaciones del Estado a la Seguridad Social y ser soportado por el Presupuesto de gasto del Estado, se registra como préstamo a la Seguridad Social, es decir, no es computable como gasto no financiero del Estado y por tanto como parte del déficit del Estado, sino como un déficit de la Seguridad Social.
Este artificio contable da mucho juego para la campaña de atacar al sistema público de protección social de los trabajadores.
Creación del falso déficit
Detrás de esta manipulación contable, tan escandalosamente silenciada, se esconde la voluntad del capital financiero, de los amigos de las privatizaciones y de los fondos privados de pensiones, de atacar la Seguridad Social.
El punto inicial de la manipulación consiste en partir de una previsión de ingresos inflada, es decir, muy superior a la que recomienda la experiencia y la calidad del empleo. Así, en 2016 se presupuestaron unos ingresos por cotizaciones superiores en un 16% a lo recaudado el año anterior. El «exceso de optimismo» recaudatorio del gobierno haciendo una previsión de ingresos que se sabía inalcanzable ocultaba el «déficit» que emergería al final de año.
A final de año los ingresos por cotizaciones crecieron un 3%, crecimiento muy alejado del 16% previsto, apareciendo así una diferencia que el gobierno y la prensa llaman «déficit», pero que solo es fruto de una presupuestación engañosa. El gobierno quiere esconder la obligación legal que tiene de aportar las transferencias corrientes para el pago inexcusable de las pensiones.
Lo que debía haberse hecho es presupuestar los ingresos por cuotas en coherencia con la situación económica general, y determinar las cuantía de las otras partidas susceptibles de utilización para financiar la pensiones, en primer lugar la aplicación legal del 3% del Fondo de Reserva, que para eso está, y en segundo lugar una partida de ingresos en concepto de las transferencias del Estado por la cantidad necesaria para cubrir el pago de las pensiones.
No hay lugar para hablar de déficit. La causa de los «déficits» es el incumplimiento del gobierno de sus compromisos financieros con la Seguridad Social.
El «déficit» se financiará con préstamos, no con aportaciones
Una vez creado el «déficit» y suficientemente publicitado, es habitual que el gobierno de turno haga encendidas llamadas a que no cunda el pánico y anuncia que va a buscar recursos para prestar a la Seguridad Social.
…Y esas falsas deudas se las quieren cobrar
La siguiente consecuencia es que el falso «déficit» se ha convertido ya en una deuda de la Seguridad Social con el Estado. Que se añadirá a unas deudas generadas de 1992 a 1997 por 17.000 millones de €. en base a préstamos similares.
Así se fabrica a la Seguridad Social un cuadro de crisis mediante un falso déficit y unas falsas deudas.
Estas deudas parecía que se quedarían para siempre reflejadas en cuentas, aplazando sus vencimientos cada diez años. Pero el Estado se las quiere cobrar y que se pague en especie, cediendo al Ministerio de Hacienda los edificios sanitarios y de servicios sociales propiedad de la Seguridad Social cuyo uso ya fue cedido gratuitamente a las Comunidades Autónomas.
Por todo ello, es importante valorar el pronunciamiento de UGT contra la política del gobierno de endeudar a la Seguridad Social.
«La Unión General de Trabajadores considera que no hay justificación alguna para que el gobierno obligue a la Seguridad Social a pagar pensiones con créditos en lugar de aportar por la vía de las transferencias del estado los fondos que se necesitan»
Punto de vista que aparte de otras consideraciones debe ser recogida por el movimiento obrero, sindicalistas y militantes para constituirlo en punto de apoyo para organizar el rechazo organizado y la resistencia de clase a los ataques a una de las conquistas más importantes, la Seguridad Social.
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