En términos muy simples, la economía española se asemeja a un motor averiado. Tradicionalmente se reparaba mediante una devaluación de la peseta, lo que permitía aumentar las ventas en el exterior. Pero hoy, con el corsé del euro, sólo queda una salida dentro del marco neoliberal: la que pasa por los ajustes, los recortes salariales […]
En términos muy simples, la economía española se asemeja a un motor averiado. Tradicionalmente se reparaba mediante una devaluación de la peseta, lo que permitía aumentar las ventas en el exterior. Pero hoy, con el corsé del euro, sólo queda una salida dentro del marco neoliberal: la que pasa por los ajustes, los recortes salariales y todo tipo de contrarreformas para ganar competitividad. Según el Inspector de Trabajo, Doctor en Derecho y miembro de Socialismo 21, Héctor Illueca, es éste precisamente el objetivo de la nueva reforma laboral: «un brutal ajuste del salario directo de los ciudadanos, es decir, el que perciben a través de sus nóminas».
Illueca ha impartido una conferencia sobre la reforma laboral en la Escola del Cabanyal de Valencia, organizada por la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar y el 15-M de Pobles del Mar. Actualmente ultima con la profesora de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, Adoración Guamán, el libro «La involución laboral en España».
A la hora de apuntar hipótesis sobre el fin de la reforma impulsada por el gobierno de Rajoy, suele citarse una como nuclear, el abaratamiento del despido. Pero esto no es exacto, según Héctor Illueca, que tras analizar con detalle el texto considera que abaratar los costes del despido «no es sino un instrumento para meter el miedo en el cuerpo a la gente, ya que así consideran que es más fácil que trague con la reducción de nóminas». Que lo esencial es la merma de los salarios es algo que ya puede apreciarse en Grecia. Según los inspectores del Ministerio de Trabajo heleno, la supresión de la negociación colectiva ha supuesto, en algo más de un mes, una reducción media de los salarios del 20% en el sector privado.
El marco de relaciones laborales vigente en España cambiará sustancialmente con el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el 10 de febrero. Todo un cambio de paradigma. En este punto coinciden los expertos. A juicio de Héctor Illueca, la mengua salarial se producirá por diferentes vías. En primer lugar, mediante los «acuerdos de descuelgue», es decir, podrán aplicarse acuerdos de empresa en lugar de los convenios sectoriales si, por ejemplo, una empresa tiene pérdidas de ingresos durante dos trimestres consecutivos. «Esta medida es de suma importancia», explica Illueca. «En la década de los 50 del siglo pasado el sector ya constituía la unidad de fijación de los salarios; ahora, con el descuelgue , se le da la vuelta al modelo; se abre la puerta a que los salarios a la baja se conviertan en un mecanismo de competitividad entre las empresas; es, en definitiva, el dumping salarial».
Tradicionalmente, además, primaba siempre el convenio sectorial de ámbito superior (en primer lugar, el estatal; después el provincial); el convenio de empresa contaba con una rango muy inferior al de éstos. Ahora cambian las tornas: el empresario y los representantes de los trabajadores podrán pactar, en el convenio de empresa, cuestiones como la cuantía del salario o la jornada laboral, al margen de lo que diga el convenio del sector. «El problema, según el inspector de Trabajo y Seguridad Social, es que en numerosas pequeñas y medianas empresas los comités de trabajadores y delegados de personal están controlados directamente por los empresarios».
Otro punto muy criticado por los sindicatos es el límite de dos años que establece el Decreto para la «ultraactividad de los convenios». En el Derecho del Trabajo se consideraba históricamente que el convenio colectivo debía mantenerse en los mismos términos si, una vez agotado, no se alcanzaba un acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores para firmar uno nuevo. «Ahora no sólo se fija un plazo de dos años, sino que en el Ministerio de Trabajo están evaluando la posibilidad de reducirlo a uno», adelanta Héctor Illueca. «Es una medida expresamente prevista para las grandes empresas con representación sindical fuerte». Así las cosas, la merma en las nóminas va a impactar sobre la clase trabajadora en su conjunto: nadie se libra, desde el trabajador indefinido con antigüedad consolidada, hasta el joven con un contrato en precario. «Aunque presenta lagunas técnicas, la reforma está hecha a conciencia y muy bien calculada», remata el inspector de Trabajo.
¿A qué nuevo marco de relaciones laborales nos dirigimos? «En cuestión de meses se generalizará el salario mínimo interprofesional», vaticina Héctor Illueca. Y explica que se generará una «feroz competitividad entre las empresas, forzando los salarios a la baja, y una situación muy dura que derivará en una gran conflictividad social; ahí está el ejemplo de la huelga general del 29 de marzo». Para atajar la respuesta sindical, la reforma laboral introduce un arma demoledora: la amenaza de despido, que se abarata sensiblemente (se generaliza en la práctica la indemnización de 20 días por año trabajado y, en los despidos improcedentes, se pasa de 45 días a 33).
También se elimina la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que podrán plantear las empresas que acrediten una merma de ingresos durante tres trimestres consecutivos, es decir, «todas las empresas de España podrán acogerse a esta cláusula», apunta Héctor Illueca. Antes de la reforma, el hecho de que la Administración tuviera la decisión final, forzaba negociaciones entre la empresa y los trabajadores que permitían indemnizaciones superiores a los 20 días fijados legalmente para los ERE. Así el empresario esquivaba una posible negativa al expediente de despido por parte de la Administración. Pero la estocada final del Decreto llega en el capítulo de «otros». En este apartado se habilita el denominado «contrato para emprendedores», que establece, para empresas de menos de 50 trabajadores, la posibilidad de despido libre y sin indemnización durante el primer año, considerado «periodo de prueba».
De «salvaje», «inhumana» e «inmoral» tilda el autor de «La involución laboral en España» esta batería de medidas. «Hace una década hubiera sido impensable una contrarreforma así», asegura. ¿Por qué es posible ahora? «Porque nos ha cogido en un momento de gran debilidad política, organizativa, ideológica y sobre todo, cultural», responde. Pero, principalmente, «porque las clases populares hemos perdido algo que nos acompañó durante siglos, el imaginario de revolución; eso, que ni la dictadura logró arrancar a las clases populares, se nos ha arrebatado con sólo 20 años de burbuja inmobiliaria, de sueño e ilusión de progreso indefinido; pensábamos que había llegado el fin de las contradicciones sociales, que nos igualábamos por fin a Europa y nos sacudíamos la caspa del franquismo». «Mucha gente, incluso, piensa que se trata de apretarse dos o tres años el cinturón para luego regresar a la fantasía anterior; no se acepta la realidad».
La cuestión es mucho más grave y los clásicos aportan luz para entender el calibre de la crisis. Marx ya distinguía en su obra magna, «El Capital», dos tipos de acumulación capitalista: por la vía de la explotación o extracción directa de la plusvalía al obrero; y por acumulación originaria o desposesión, fase en la que -según Héctor Illueca- nos encontramos. «Lo que realmente está ocurriendo es un expolio de poblaciones laborales completas por la vía del terror y la violencia; es un fenómeno propio del imperialismo colonial, que también se dio en las décadas de los 80 y 90 en América Latina, y de la que ahora participan países como Portugal, Grecia o España; el objetivo, y lo están consiguiendo, es poner en manos privadas la riqueza colectiva acumulada durante generaciones». «Estamos ahora mismo en un escenario de guerra», remata el inspector de Trabajo.
Sin embargo, un análisis de la coyuntura en términos estrictamente económicos peca de alicorto. La cosa va mucho más allá. De hecho, «el gran riesgo es que la crisis se lleve por delante también los derechos políticos de los ciudadanos, la libertad y la democracia; si la cuerda de la igualdad se rompe, la libertad se esfuma». Para evitarlo, Héctor Illueca plantea tres alternativas: la movilización constante que agrupe a todos los sectores sociales damnificados por la crisis, con una premisa: identificar nítidamente al enemigo , como hicieron recientemente los estudiantes valencianos o el 15-M; desmentir de modo radical el mito sobre el que se funda la sociedad española de hoy, la transición, y, para ello, «hemos de caminar hacia un nuevo proceso constituyente»; además, «hay que romper con el mito de Europa y recuperar lo que somos, nuestro imaginario». «Porque nuestros abuelos nos enseñaron a no ser esclavos y cómo se hace una revolución». Se trata de escucharlos.
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