En artículo aparecido en el diario La Razón se asegura que el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, un grupúsculo ultraderechista con importantes conexiones dentro de los aparatos del estado, habría denunciado a la Coordinadora Antifascista ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Madrid, para que se proceda a su ilegalización. Los denunciantes […]
En artículo aparecido en el diario La Razón se asegura que el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, un grupúsculo ultraderechista con importantes conexiones dentro de los aparatos del estado, habría denunciado a la Coordinadora Antifascista ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Madrid, para que se proceda a su ilegalización.
Los denunciantes aseguran que los grupos «antisistema» o de «ultraizquierda», según su denominación, son los causantes de numerosos altercados de orden público en la capital. La mayor parte de ellos tras convocatorias organizadas y anunciadas por la denominada Coordinadora Antifascista de Madrid, que aglutina a diversos colectivos.
Para el sindicato vertical, la coordinadora incurre en los delitos tipificados en el artículo 515 del código penal, que considera ilícitas a las asociaciones que «empleen medios violentos o control de la personalidad para alcanzar sus fines» y las que «promuevan o inciten la discriminación el odio o la violencia contra las personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología».
En sus declaraciones al diario mostraron su preocupación por el hecho de que socialmente los grupos «antisistema» sean vistos por la sociedad con mejores ojos que los fascistas, y aunque afirmaron que «(la coordinadora) ha promovido una serie de actos vandálicos e ilegales», en el marco de convocatorias en algún caso autorizadas por la Delegación de Gobierno, se olvidaron mencionar que éstas vinieron motivadas ante concentraciones o manifestaciones de signo racista, xenófobo o fascista, y a las que las autoridades dieron su permiso.
Una y otra vez la denuncia incidía en el «estado de alarma social que han provocado dichos disturbios», o en «las lesiones sufridas por miembros de las fuerzas de seguridad», los «destrozos en mobiliario público y empresas privadas», o finalmente, «otros desórdenes». Pero no hubo referencia al hecho de que son las organizaciones fascistas, afines al sindicato denunciante, quienes asesinan y apalean a inmigrantes, homosexuales o a militantes o simpatizantes de izquierda. Como el triste crimen contra Carlos Palomino. Y que las brutales cargas policiales en las convocatorias que citan, se debieron precisamente al intento de proteger a los grupos ultraderechistas y garantizar su derecho a manifestarse.