La peor de las suertes de la población de El Hatillo, en el departamento caribeño del César ha sido, paradójicamente, la riqueza de su subsuelo. La pasible actividad campesina y pescadora de sus habitantes vivió un terremoto social cuando arrancó la explotación minera del carbón a cielo abierto en la región. Desde hace más de […]
La peor de las suertes de la población de El Hatillo, en el departamento caribeño del César ha sido, paradójicamente, la riqueza de su subsuelo. La pasible actividad campesina y pescadora de sus habitantes vivió un terremoto social cuando arrancó la explotación minera del carbón a cielo abierto en la región. Desde hace más de siete años la comunidad negocia con varias multinacionales extranjeras -entre ellas la Glencore suiza, la CNR y la Drummond- un Plan de Acción de Reasentamiento (PAR). Espera en un nuevo hábitat poder superar el drama cotidiano actual de la contaminación – y las enfermedades derivadas-, el desplazamiento y el desempleo. Así como la fragilidad alimentaria, la inseguridad y la violación de sus derechos culturales. Tatiana y Francesco Gerber, cooperantes suizos de comundo, acompañan a la comunidad en esta compleja transición apoyando a la organización local ASOCAPROHA.
«Es una realidad muy difícil, con gente desgastada por tantos años de espera, y con el agravante del asesinato el 7 de enero de este año de Aldemar Parra, joven dirigente del proyecto de apicultura sostenido por el PNUD», explica Tatiana Gerber a manera de introducción. Formada en comunicación y con un Master en Políticas Públicas, acompaña desde su llegada a El Hatillo, hace ya más de dos años, a los 15 representantes comunitarios en la negociación con las empresas. «De ellos 6 han sido amenazados y sienten el peso de la inseguridad», así como la presión de los pobladores para que se logren rápidamente los acuerdos.
Las 190 familias residentes, unas 790 personas, de las cuales casi la mitad es menor de 17 años, «padecen un verdadero estancamiento social». Reciben un minúsculo subsidio mensual y un banco de alimentos con algunos productos básicos – arroz, sal, aceite etc.-. Se confrontan a escasas opciones de trabajo en las mineras o la fábrica de palma africana cercana y pagan el precio del desgaste creciente, resultado de la incertidumbre que padecen desde hace casi 90 meses.
Esperan que se logre un acuerdo con las multinacionales implantadas en la región para ser reubicadas en viviendas dignas y con tierras suficientes para sembrar. Anhelan volver a ser autosuficientes y poder vivir de lo que saben hacer: «trabajar la tierra». Simplemente, la esperanza del futuro es poder recuperar la vida normal que tenían antes de que comenzara la explotación del carbón a gran escala.
Escasos progresos en los últimos 6 meses
En estos últimos seis meses el proceso de concertación se estableció entre las partes interesadas como permanente y regular, lo que quiere decir que se han realizado aproximadamente 36 sesiones de trabajo – unas 288 horas invertidas, explica Tatiana Gerber. Muchos de los desacuerdos están relacionados con las propuestas para compensar a las familias, explica.
Los representantes comunitarios han sido propositivos, pero lamentablemente, muy pocas de las sugerencias presentadas por la comunidad han sido aprobadas, señala Gerber. «En la mayoría de los casos, son los líderes quienes han cedido, dado que se encuentran desgastados al igual que su comunidad. La concertación no ha sido fácil, es muy tensionaste», enfatiza.
Como era de preverse, la comunidad no ha contado con suficientes garantías, no ha habido presencia de autoridades locales, regionales y nacionales de manera permanente. Sin embargo, se ha contado con presencia de algunas instituciones, pero estos no asumen un rol activo que pueda ayudar a llegar a consensos entre las partes. Los garantes invitados para acompañar las mesas tienen un rol muy restringido. Son más observadores que actores neutrales que contribuyan al esclarecimiento de propuestas.
Algunos de los temas pendientes esenciales sobre el que no hay acuerdo son: el reconocimiento del territorio en términos de área; la definición del modelo productivo ligado al número de hectáreas por familia para desarrollar un proyecto productivo. Así como el reconocimiento de los impactos intangibles causados a las familias por las demoras del reasentamiento.
«Que cada familia sea consultada»
Adicionalmente, existen otros temas que aún no han sido desarrollados. Uno de ellos es el de la consulta e información. «Es indispensable que se acuerde entre las partes la estrategia y los pasos a seguir para realizar la consulta familia a familia sobre el acuerdo», subraya la asesora.
«La comunidad vive una permanente frustración por la lentitud y la complejidad de las negociaciones. A pesar de su dignidad y espíritu de resistencia, es dramático comprobar que los niños siguen naciendo y viviendo en tierras contaminadas y que los adultos mayores van muriendo -ya son tres en lo que va del año- sin gozar del derecho a un hogar digno», explica Tatiana Gerber.
«El trabajo en El Hatillo es difícil porque es como luchar contra algo demasiado grande. Tenemos la impresión que las fuerzas son tan desiguales…que no es fácil imaginar una solución digna con reasentamiento en buenas condiciones y garantía de todos los derechos esenciales», enfatiza Francesco Gerber, que en tanto educador especializado impulsa proyectos sociales y culturales en particular con los jóvenes.
Dura realidad cotidiana actual confrontada a la apuesta de un futuro mejor. Una contradicción que va más allá del Hatillo. «Es la expresión de un modelo productivo que no tiene en cuenta a las poblaciones locales, ni los impactos socio ambientales negativos», concluye Francesco Gerber.
* Sergio Ferrari en colaboración con la Revista Praxis/UNITE
La Glencore en el banquillo de los acusados
Luego de más de 5 años de una rigurosa investigación en el terreno la Red Sombra de Observadores de Glencore acaba de publicar un informe sobre la presencia de dicha empresa en Argentina, Bolivia, Colombia y Perú.
El mismo establece los impactos y daños más graves de siete operaciones mineras de la multinacional anglo-suiza en dichos países. Glencore Xstrata, con sede operativa y domicilio fiscal en el cantón helvético de Zug, es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global. Se encuentra entre las más importantes en cuanto a la producción latinoamericana de plata, cobre, estaño, zinc, oro y carbón. Controla y participa en las más grandes reservas mineras y ejecuta inversiones a gran escala como pocas empresas en la región.
La Red Sombra de Observadores de Glencore, congrega organizaciones no gubernamentales de Argentina, Alemania, Bolivia, Bélgica, Colombia, Filipinas, Perú y Suiza.
La motivación para lanzarse a tan esforzado trabajo -con los escasos recursos con los que cuentan en general las organizaciones de la sociedad civil- tiene una explicación histórica. Según los autores, «durante años pudimos constatar que la información que Glencore reportaba al mundo en sus informes de sostenibilidad era poco profunda, selectiva, incompleta y en ocasiones, contradictoria». En síntesis, agregan, «la empresa posicionó una visión próspera del negocio extractivo, ocultando el verdadero alcance de su estructura empresarial y los graves impactos negativos para las comunidades y los Estados anfitriones».
Entre ellos el gigantesco consumo de agua y los innumerables residuos y vertimientos contaminantes con graves repercusiones en materia de biodiversidad y equilibrio hídrico. Sin subestimar los impactos inciertos para la salud humana, pérdida de medios de vida para las comunidades locales y desplazamientos económicos y por contaminación.
El Informe de la Red Sombra denuncia el déficit en cuanto a la reparación integral de comunidades en las regiones afectadas y la falta de estudios sanitarios concluyentes. Enumera un gran número de investigaciones y sanciones ambientales contra la empresa. Y certifica la alta conflictividad socioambiental que produce su presencia en territorios con pocas oportunidades económicas y muy baja calidad de vida.
¿Por qué una empresa con la experiencia y capacidad de Glencore no ha respondido de manera adecuada las quejas y exigencias de las comunidades aledañas a sus operaciones en lo que al respeto de los derechos humanos se refiere?, se pregunta la Red Sombra. Pregunta clave que no tiene respuesta. Aunque se perfila, a manera de hipótesis, la falta de voluntad política de la multinacional para respetar los derechos socio-ambientales y humanos de las poblaciones afectadas haciendo prevalecer, por sobre todo, su lógica de rentabilidad.
Como conclusión, la Red Sombra alienta a otras organizaciones, plataformas, movimientos sociales y comunidades a que trabajen de manera articulada alrededor del control corporativo y ejerzan el control social y veeduría desde los territorios para denunciar los grandes atropellos de los que sean víctimas.
*Colaboración de prensa de E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria
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