El escándalo de Marbella está lanzando sobre los políticos un hedor deletéreo. La alcaldesa, la teniente de alcalde, concejales y asesores municipales parece que trincaban dinero, mucho dinero, por acelerar expedientes, dar licencias de construcción donde legalmente no se podía, facilitar pelotazos urbanísticos… En diciembre de 1939, el sociólogo y criminólogo estadounidense Edwin H. Sutherland […]
El escándalo de Marbella está lanzando sobre los políticos un hedor deletéreo. La alcaldesa, la teniente de alcalde, concejales y asesores municipales parece que trincaban dinero, mucho dinero, por acelerar expedientes, dar licencias de construcción donde legalmente no se podía, facilitar pelotazos urbanísticos…
En diciembre de 1939, el sociólogo y criminólogo estadounidense Edwin H. Sutherland teorizó sobre la «white-collar criminality», la «delincuencia de cuello blanco». No sólo acuñaba el término -que se ha popularizado en la mayoría de los idiomas, y que ya es una de las expresiones que definen el siglo xx-, sino que además hablaba por primera vez de «los delitos de la clase alta compuesta por personas respetables o, en último término, respetadas, hombres de negocios y profesionales».
«La delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios -escribía Sutherland- se manifiesta sobre todo bajo la forma de manipulación de los informes financieros de compañías, la falsa declaración de los stocks de mercancías, los sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios. Éstos son los que Al Capone llamaba los negocios legítimos».
Mucha política, demasiados políticos, apestan a «negocios legítimos». Los partidos propusieron ayer la creación de una fiscalía que persiga la corrupción urbanística. Sea. Pero no seamos ilusos: si esa fiscalía depende de los propios políticos, del poder de turno, poco va a perseguir. ¿Se detendrían a sí mismos?