Cuando apenas hace dos meses la asociación Europa Laica decidió lanzar la campaña para denunciar la exención del IBI a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante), a propuesta de l@s compañer@s laicistas de Asturias, y simultanearla con la que venimos realizando desde hace algunos años para denunciar la financiación a favor de la […]
Cuando apenas hace dos meses la asociación Europa Laica decidió lanzar la campaña para denunciar la exención del IBI a favor de la Iglesia católica (Ic, en adelante), a propuesta de l@s compañer@s laicistas de Asturias, y simultanearla con la que venimos realizando desde hace algunos años para denunciar la financiación a favor de la Ic a través de las casillas del IRPF, no creo que imagináramos la repercusión social y mediática que iba a alcanzar. Y debemos felicitarnos por su éxito.
No obstante, un gran número de personas, partidos e instituciones públicas que ha declarado su disconformidad con que se mantenga dicho privilegio en relación con el IBI, ha mantenido silencio respecto a las casillas del IRPF y otros privilegios. La Conferencia Episcopal ha dado una clave explicativa, al plantearse la pregunta de por qué no «hacer un gesto ante la sociedad» en momentos tan duros. Y ese puede ser el problema: que se conciba la denuncia de la exención del IBI tan sólo como un gesto aislado de personas e instituciones, provocado por la coyuntura económica, que aun habiendo podido tomar decisiones políticas en esta materia desde hace muchos años, han sido incapaces hasta ahora de tomar ninguna iniciativa por falta de convicción o interés reales.
En el fondo subyace la pregunta de qué es lo que tendrían de especial las creencias religiosas para que deban tener un trato de privilegio respecto a otras creencias o convicciones filosóficas, agnósticas o ateas. Qué plus añade a cada persona su creencia religiosa como para que deba convertirse en ciudadan@ susceptible de ser privilegiad@ por el Estado. Y ello en el marco de la igualdad de trato constitucional y de la no discriminación por razón de las creencias.
Por eso este «gesto» resultaría estéril si no se mira detrás de la cortina, para ver de dónde surge cada privilegio concreto de los que disfruta la Ic: del actual Concordato (Acuerdos de 1979). Por sus potentes medios de persuasión y comunicación de masas, la corporación católica discute y argumenta sobre miles de asuntos, pero siempre acaba las conversaciones declarando lo mismo: no se pueden tocar los beneficios previstos en los Acuerdos, que además tienen un rango jurídico superior.
Y «no se pueden tocar» los Acuerdos porque obligan al Estado a «colaborar con la Ic en la consecución de su adecuado sostenimiento económico», conceden a la iglesia «exención total y permanente» de todos los impuestos y aplica a la Ic todos los beneficios fiscales de cualesquiera leyes que se hagan, siempre que se «modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario español». Por eso está obligado el estado a aplicárselo a la Ley de Haciendas Locales, a la Ley de Fundaciones o la de Mecenazgo, entre otras. Basta ver que la Ley 49/2002 (de mecenazgo, en lenguaje llano), el RD Legislativo 2/2004 (haciendas locales) o la Ley 50/2002 (de fundaciones), se remiten al Concordato (Acuerdos de 1979), para aplicar a la Ic los beneficios fiscales que se contemplan en cada uno de ellas, salvaguardando aquellos privilegios de los que ya disfruta. Dos ejemplos: el artículo 62 de la Ley de Haciendas Locales establece que estarán exentas del IBI los inmuebles «de la Iglesia católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos económicos, de 3 de enero de 1979…» Otro ejemplo: la Disposición Adicional Novena de la Ley 49/2002 (de mecenazgo) establece que «las entidades de la Ic contempladas en los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 1979 serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos… de esta ley.»
La lucha por el pago del IBI no puede quedarse en un mero «gesto», pues resultaría ser un simple adorno. La recuperación de los más de 10.000 millones de € que la corporación católica absorbe de los recursos públicos (más del 1% del PIB) exige de los poderes públicos, de todos los partidos y de todas las personas preocupadas por el «interés general» (sanidad, educación, servicios sociales), algo más que gestos: denunciar y pedir la anulación de los Acuerdos de 1979.
M. Enrique Ruiz del Rosal. Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid
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