El movimiento 15-M simboliza el conjunto de protestas sociales y cívicas de todo el lustro de 2010 a 2014, que es mucho más variado. Después de más de una década conviene este recordatorio para valorar con perspectiva histórica este amplio proceso de indignación popular y acción colectiva progresista y su impacto sociopolítico.
En el campo cultural e ideológico se generaron nuevas ideas fuerza en sectores progresistas y de izquierda social, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos, se confrontaron con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas dando lugar a dinámicas de indignación, protesta colectiva y exigencia de cambios sociales y democráticos.
Se pueden encontrar antecedentes de esta amplia movilización popular contra los grandes poderes establecidos. El más próximo es el del movimiento contra la guerra de Irak en el año 2003, que había seguido a la huelga general del año 2002 contra las reformas laborales del PP; aunque ambas campañas con una diferencia significativa respecto a las movilizaciones del 15-M. En las primeras, el Partido Socialista estaba en la oposición, y colaboró con ese rechazo ciudadano y se benefició electoralmente. En el proceso del 15-M gestionaba desde el Gobierno la política de recortes sociales (junto con algunas comunidades autónomas del PP, como la de Madrid), aparecía con los poderosos y es uno de los blancos de la indignación popular, con una disminución de su apoyo electoral.
Esa dinámica social está enraizada en dos elementos clave, distintivos de aquel contexto, que le dan unas características específicas. Uno es la crisis socioeconómica y sus consecuencias de desigualdad social, evidentes desde el año 2008, y que sobre todo afectan a la gran precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, al estancamiento o descenso de las trayectorias laborales y sociales y a nuevas brechas sociales. Estos aspectos existían anteriormente, pero entonces cobran una nueva dimensión y relevancia.
Dos, es la gestión liberal dominante en la Unión Europea, dirigida por el bloque hegemónico conservador, y ejecutada en España, primero por el Gobierno socialista, particularmente desde el giro de su política de carácter regresivo y antisocial en mayo de 2010, que rompe con sus compromisos sociales y su contrato con una amplia base social de izquierdas y genera una desafección ciudadana relevante hacia el PSOE; posteriormente, el PP tras las elecciones generales del 20-N-2011, que gana por mayoría absoluta, profundiza los recortes sociales y laborales y se hace acreedor de una fuerte oposición sociopolítica, incluido dos huelgas generales contra sus reformas laborales regresivas.
Existía una extendida conciencia social del carácter injusto de esa situación, rechazo popular y resistencias ciudadanas a esas políticas y exigencias de responsabilidades al poder económico y político y de garantías para otra política. Todo ello expresa, en el escenario público, la importancia de la cuestión social y la relevancia de la acción por la igualdad socioeconómica y la profundización democrática, frente a las actitudes hacia el fatalismo, la idea de la inevitabilidad de esa política de ajuste duro o la ausencia de alternativas, propugnadas desde el poder institucional y mediático.
Serán elementos constitutivos de ese proceso, impulsado y representado por dos tipos distintos y sucesivos de agentes sociales. En un primer momento, por el sindicalismo –a lo largo del año 2010- y algunas mareas ciudadanas, como la de enseñanza; posteriormente –tras el cese de la movilización sindical, y desde la primavera del 2011- por el movimiento 15-M, con un papel menor o más secundario de la izquierda política, los grandes sindicatos y otros movimientos sociales. Finalmente, a partir de 2012 existe una combinación de estos procesos, incluidas las dos huelgas generales contra las reformas laborales regresivas del Gobierno del PP.
Por tanto, ante la gestión institucional y económica antisocial e impuesta, iniciada por el último gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2010/2011) y, sobre todo, por el Gobierno conservador de Rajoy (a partir de 2012), se desarrolla una nueva conciencia social sobre componentes sistémicos: desconfianza en el poder económico e institucional, responsable de la crisis y su gestión regresiva; pertenencia al segmento de los de ‘abajo’, los perjudicados y desfavorecidos; reafirmación de la indignación ciudadana desde la cultura igualitaria de la justicia social, y legitimación de la acción colectiva y democrática frente a la involución social y política, promovida entonces por los gobiernos de PSOE y PP que se convierten, junto con los poderosos, en blancos de la indignación popular progresista. Es una experiencia masiva, sobre todo, juvenil, legitimada por la mayoría de la sociedad, según distintas encuestas de opinión.
Con la crisis del empleo y los recortes sociales, las dinámicas anteriores de mejora progresiva del estatus socioeconómico, cultural y político de la gente joven, particularmente popular, se bloquean y, mayoritariamente, perciben las dificultades y retrocesos para sus trayectorias. La injusticia social (el paro, los recortes sociolaborales, la gestión institucional regresiva…) les afecta directamente y de forma profunda y duradera. Junto con la crisis socioeconómica y la gestión política antisocial, cambian su experiencia, sus ideas, sus intereses inmediatos y su horizonte vital y cultural-ideológico. El motivo de su protesta es directo, sobre todo, evitar para ellos mismos y su entorno inmediato, un retroceso de su posición social y garantizar su futuro material y de derechos.
En ese sentido, su conciencia y su comportamiento tienen que ver más con la demanda de igualdad social y más democracia, que son los dos elementos sistémicos cuestionados por el poder económico y político en ese momento. La solidaridad se fortalece a través de la pertenencia común al bloque de los perdedores o con desventaja, a la reciprocidad de los propios sujetos afectados y la comprensión y el apoyo colectivo entre ellos. La conciencia social sobre los obstáculos o los adversarios se va reconfigurando y se debilita la visión normalizada de la capacidad de gestión positiva (u ordinaria) de las grandes instituciones y los líderes gobernantes. Y esa deslegitimación política del poder o las élites gerenciales e institucionales se contrapone con una participación y un apoyo masivos a la protesta social, con la legitimidad de agentes sociales significativos.
Por tanto, las ideas sobre estos elementos sistémicos de los jóvenes avanzados socialmente, al igual que la misma generación de la década anterior, se siguen basando en la cultura democrática, igualitaria y solidaria, pero se confrontan con otra realidad, se renuevan y reafirman. Ello da lugar a otras ideas fuerza, a la transformación del sentido e implicación práctica de esos valores. Y los jóvenes indignados, representados por el 15-M, expresan nuevas demandas y actitudes sociopolíticas y otras formas masivas de comunicación y protesta. En esa coyuntura, los jóvenes inconformistas y sectores amplios de la ciudadanía activa van conformando algunas ideas fuerza (no ideologías) y su contenido y su orientación, en general, son realistas e igualitarios.
Los tres factores que se encadenan en ese lustro 2010/2014, cristalizando la protesta social, son: gravedad de los problemas y recortes socioeconómicos para la mayoría de la sociedad; gestión política e institucional regresiva, y cultura democrática y de justicia social con la activación de distintos agentes y movilizaciones sociales. Supone la combinación de tres dinámicas: 1) descontento por el empobrecimiento, la desigualdad, la subordinación y la injusticia; 2) percepción de los responsables de esa situación y descrédito del poder establecido, y 3) movilización colectiva, deseo de cambio y expectativas y oportunidades transformadoras o de influencia.
El amplio proceso de protesta social y cívica estuvo simbolizado por el movimiento 15-M, pero fue más variado. Como tal proceso de activación progresista masiva se agotó en el año 2014, aunque esa experiencia colectiva tuvo una influencia decisiva en la conformación de un campo sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia. En el siguiente lustro, desde 2014/2015 hasta la actualidad, se produce una transformación cualitativa de los dos campos, el social-cultural y el político-electoral-institucional.
Por una parte, se debilita la activación cívica masiva y se agota ese proceso de movilización social, incluida la sindical (se produjeron tres huelgas generales en 2010 y 2012) y la de las mareas sectoriales (enseñanza, sanidad…). Aparte de algunas movilizaciones concretas como las de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la de los pensionistas, solo tiene una relativa continuidad en otro gran proceso singular de movilización progresista a partir de 2018: la cuarta ola feminista, contra la violencia machista, por la igualdad social y por la libertad para decidir el propio proyecto vital, fortaleciendo los procesos de identificación feministas.
Por otra parte, se configuró el llamado espacio del cambio de progreso, en torno a Podemos y sus convergencias y candidaturas municipalistas, así como sus aliados (particularmente Izquierda Unida, desde 2016). Muchas de sus bases sociales, sobre todo jóvenes, se socializan en ese proceso participativo anterior. Así, junto con valores y mentalidades más democráticas, igualitarias y solidarias, se trasladan al campo electoral e institucional elementos de fondo que han pervivido durante toda esta década: democratización institucional y justicia social, con una recomposición del sistema representativo, el fin del bipartidismo y la constitución de las fuerzas del cambio, con cierta renovación de otras formaciones partidarias, en particular, el Partido Socialista con el sanchismo,que culmina con el Gobierno progresista de coalición.
Lo que se mantiene, a pesar de todos los esfuerzos de sectores poderosos para su desgaste, en particular su expresión política, es una base social amplia que llamo ‘nuevo progresismo de izquierdas’, con fuerte componente social, democrático, feminista y ecologista, compuesto sobre todo por gente joven, mayoría precaria, con identificación sociopolítica de izquierdas.
Aquel amplio proceso de movilización social progresiva del primer lustro de la década cuestionó las políticas regresivas de los poderosos, reafirmó la acción colectiva por mayor democracia y justicia social y configuró una gran corriente social crítica más igualitaria y solidaria. Y permitió, en su segundo lustro, la formación del llamado espacio sociopolítico y electoral del cambio de progreso, con una influencia institucional relevante, en el marco del acuerdo del Gobierno de coalición progresista, con el comienzo, lleno de límites y altibajos, de un proceso de reformas sociolaborales y democráticas significativas pese a las grandes dificultades estructurales y la oposición de las derechas y grupos de poder.
En definitiva, la experiencia de esta pasada década permite clarificar la interacción de los procesos sociales de activación cívica, imprescindibles desde una perspectiva transformadora, con la conformación de las bases sociales de progreso y los fundamentos del cambio electoral e institucional, desde la pluralidad y la profundización democrática frente a los riesgos involucionistas de las derechas reaccionarias. Es conveniente aprender de ella para abordar de forma realista pero ambiciosa los nuevos retos de esta nueva década con un nuevo proyecto de país y la necesaria modernización socioeconómica y medioambiental. Y, específicamente, en este nuevo ciclo político, avanzar en la conformación del llamado frente amplio, liderado por Yolanda Díaz, en torno a esos dos grandes ejes transformadores: justicia social e igualdad (incluida la de género), y democratización política (incluida la territorial), participativa y solidaria.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.
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