En 2017 se declararon en la Comunidad de Madrid 16.856 fortunas con más de dos millones de euros, que habrían declarado una riqueza media de 9,7 millones de euros. Deberían haber pagado a las arcas regionales una media de 60.000 euros por contribuyente, es decir, más de 995,6 millones de euros. Sin embargo, no pagaron […]
En 2017 se declararon en la Comunidad de Madrid 16.856 fortunas con más de dos millones de euros, que habrían declarado una riqueza media de 9,7 millones de euros.
Deberían haber pagado a las arcas regionales una media de 60.000 euros por contribuyente, es decir, más de 995,6 millones de euros.
Sin embargo, no pagaron nada al estar el impuesto de patrimonio bonificado al 100% desde el año 2007.
Así lo ha denunciado CCOO de Madrid en base a los datos publicados por la Agencia Tributaria. El sindicato recuerda que para tener la obligación de declarar este impuesto se debe de poseer una riqueza superior a los dos millones de euros, de los cuales se excluyen hasta los 300.000 euros por vivienda habitual. Se entiende por riqueza las viviendas, las acciones, el capital, los vehículos, embarcaciones y aeronaves, seguros, rentas, arte, joyas, pieles, etc.
«Se trata de una ventaja fiscal que no tiene ninguna otra comunidad, y que convierte a Madrid en un paraíso fiscal dentro de España, provocando con ello el creciente número de grandes fortunas que establecen su residencia fiscal en nuestra región, más de 2.200 en cinco años», denuncia CCOO.
Desde CCOO Madrid denuncian que «esta política de rebajas fiscales para beneficiar a los más ricos se hace a costa de que Madrid sea la segunda región más desigual de Europa, con hospitales públicos que se caen o inundan por falta de mantenimiento, colegios sin terminar con alumnos en barracones, residencias de mayores sin personal suficiente, o una tasa de pobreza de más del 20%».
Además, añaden desde el sindicato, que esta situación supone una «competencia desleal e insolidaridad» con el resto de comunidades que genera un «dumping fiscal» que impide que se garantice el equilibro económico entre regiones, tal como recoge la Constitución en su artículo 138.1 que dice que se debe velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. «Son precisamente los que llenan sus discursos de la palabra unidad y España los que más fomentan el desequilibrio y los privilegios económicos y sociales», subrayan.