El objetivo de la entrevista del grupo Copesa-Saieh en La Tercera fue influir para exonerar, confundir a la opinión pública y lavar la imagen del ex presidente-empresario y candidato de la extrema derecha neoliberal, S. Piñera. Este ha sido imputado, pero no sólo debería serlo por uso de información privilegiada sino que además por abuso […]
El objetivo de la entrevista del grupo Copesa-Saieh en La Tercera fue influir para exonerar, confundir a la opinión pública y lavar la imagen del ex presidente-empresario y candidato de la extrema derecha neoliberal, S. Piñera. Este ha sido imputado, pero no sólo debería serlo por uso de información privilegiada sino que además por abuso de poder y faltas a la probidad pública. Reticente a abordar la lógica del problema, al fiscal Guerra no se le ocurrió hablar de esta «arista» evidente.
Para algunos especialistas en el tema de la corrupción, las evaluaciones indulgentes de parte de las autoridades judiciales, de los medios y de los llamados líderes de opinión y editorialistas, en casos de faltas a la probidad pública (corrupción política), alimentan la pasividad de los ciudadanos y contribuyen a la baja generalizada de confianza en las instituciones de las democracias liberales (*).
Así por ejemplo, Carlos Peña, el opinólogo estrella de El Mercurio y rector de la U. privada Diego Portales, acostumbrado a esgrimir las «reglas de oro» de las democracias liberales, prefirió este domingo 26 de febrero pontificarle a Cuba y ensalzar la figura de la provocadora oficial de la Democracia Cristiana, Mariana Aylwin cuya visita a la isla fue rechazada por las autoridades. ¿No convenía acaso aplicar las reglas de la ética republicana a Piñera y a la democracia liberal chilena, esta última en plena crisis de legitimidad por los niveles de corrupción recurrentes de su casta política?
Porque en el caso Piñera-Exalmar (empresa pesquera peruana) la falta de probidad y corrupción en la «democracia liberal» chilena operaba en la cima del Estado. Peña, sin embargo, evitó pronunciarse sobre la investigación de la fiscalía a Piñera para no referirse a la corrupción criolla. Como buen servidor de los intereses de Agustín Edwards ¡qué mejor que tirarse contra Cuba, agredida y amenazada en tiempos de Trump!
Es evidente que el titular progandístico de La Tercera del domingo 26 de febrero » Fiscal regional Manuel Guerra por caso Exalmar: «Hoy no tengo antecedentes que den cuenta de la intervención del ex Presidente Piñera» busca incidir directamente en el debate público para darle una mano a Piñera.
El objetivo de la entrevista del grupo Copesa-Saieh es exonerar y de paso lavar la imagen del ex presidente-empresario y candidato de la extrema derecha neoliberal. Este ha sido imputado, pero no sólo debería serlo por uso de información privilegiada sino que además por abuso de poder y falta a la probidad pública -torciendo la lógica del problema, al fiscal Guerra no se le ocurre hablar de esta «arista» evidente.
Como por pura casualidad, el titular de La Tercera aparece en los instantes en que la UDI cerraba filas y designaba al político magnate de Bancorp como su candidato a las primarias de derecha.
Preguntamos entonces: ¿se prestó el fiscal Guerra para la maniobra «periodística» de desinformación ciudadana, o es tan cándido que no merece llevar una investigación cuyo núcleo central es la falta de probidad de quien siendo presidente no dio claras órdenes a su hijo, a cargo de sus empresas y capitales, para que no invierta en un negocio incompatible, además de confuso y complejo con empresas extranjeras mientras él era presidente de la nación?
En la entrevista que le hizo el periodista de Copesa el juez dejaba entender que el que Piñera sea imputado no significa que podría ser formalizado. Contradiciéndose en los términos, Guerra declaraba que las investigaciones actuales (sin embargo truncas) no permitían decir que Piñera hubiera utilizado información privilegiada para invertir durante su mandato en la empresa pesquera Exalmar a través de un fondo de su empresa Bancorp dirigida por su hijo. Pero, agregaba Guerra -y esto genera dudas razonables acerca de las competencias jurídicas del fiscal- que sin embargo la familia Piñera y sus empresas no habían entregado los mails ni tampoco se habían allanado las numerosas oficinas del holding manejado por ella, para así poder revisar los computadores, como ocurrió, recordemos, con las oficinas del hijo de la Presidenta en La Moneda en el caso Caval-Luksic.
¿No sabe el fiscal que este tipo de operaciones, siendo Piñera Presidente de Chile y Jefe del Estado, con o sin información privilegiada, le daba de facto a las empresas Bancard y Bancorp, dirigidas por su vástago, privilegios abusivos en una negociación con una empresa pesquera de un país limítrofe, con el que se estaba en litigio en la Haya y mientras se sabía que la posición chilena era causa perdida?
Es evidente que en el marco de este caso, Piñera-Bancorp-Exalmar, pudo haber una manipulación de la entrevista al fiscal Guerra con el ánimo de desinformar y, por parte de éste, una falta a la deontología; de violación de las reglas propias del oficio: la cautela, la prudencia y la falta de exhaustividad en la investigación. No, no se trata de post verdad, sino de una maniobra periodística típica de los medios dominantes tendientes a desinformar a la ciudadanía.
Eso sí, habría que saber si fue con la complicidad o con la ingenuidad del fiscal Guerra.
Lo grave es que en la entrevista se ve una falta de visión de conjunto de la corrupción política y de cómo ésta afecta la legitimidad del Estado y sus instituciones.
Las declaraciones del fiscal tienden a crear un clima de tolerancia y permisividad institucional ante los delitos del duopolio compuesto por la Nueva Mayoría-Chile Vamos. La coalición gobernante que tiene en sus filas corruptos notorios (sin expulsar) y partidos que, como la DC y el PPD, se han financiado con dineros de Soquimich-Ponce Lerou y de la brasileña OAS, no se ha pronunciado nunca claramente y en bloque contra las prácticas corruptas.
No seamos ingenuos. Los estudios demuestran que las derechas son más tolerantes con la corrupción en las llamadas «democracias liberales» con ciudadanías supuestamente «libres», «bien informadas» y «razonables». Y cuando hay evidencias que uno de sus políticos es corrupto, los electores de este sector no lo castigan con el voto. Piñera y sus secuaces lo saben.
«Las cosas suceden como si la política fuera por «naturaleza» un espacio de compromiso y arreglines ocultos que hace que los abusos de la función y la corrupción de la vida política fuera el precio a pagar por vivir en una democracia con delegación de poderes (liberal) a los llamados representantes de los ciudadanos». Lo han escrito especialistas en el tema como el politólogo norteamericano Robert Putnam (**).
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(*) Leer y verificar en el artículo de especialistas «Percibir y Juzgar la «corrupción política», en Revista Francesa de Ciencia política: http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2005-5-page-757.htm – no24
(**) En Susan J. Pharr, Robert D. Putnam (eds), Disaffected democracies, op. cit. ; Pippa Norris, op. cit. ; Joseph S. Nye, Philip D. Zelikow, David C. King, op. cit . ; Hans-Dieter Klingemann, Dieter Fuchs, Citizens and the State , Oxford, Oxford University Press, 1998 (Beliefs in Government).