Ante la aprobación el pasado martes por el Parlamento Gallego de la proposición del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Costas, que permitiría la desprotección del litoral y su privatización, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife se unen para impedirlo y reclaman una mayor […]
Ante la aprobación el pasado martes por el Parlamento Gallego de la proposición del Grupo Parlamentario Popular para solicitar al Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Costas, que permitiría la desprotección del litoral y su privatización, WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife se unen para impedirlo y reclaman una mayor protección para la costa.
La propuesta del PP para privatizar la costa se suma a la del Grupo Mixto que ya se está tramitando en el Congreso con el mismo objetivo.
WWF, Greenpeace, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife han analizado ambas proposiciones de ley y denuncian que el texto presentado por el Grupo Mixto, a instancias del BNG, reclama que el deslinde del dominio público marítimo-terrestre se adapte al trazado urbanístico que marque la administración autonómica y que los núcleos rurales localizados en el dominio público marítimo-terrestre sean excluidos de éste y pasen a considerarse como suelo urbano.
La propuesta del PP pretende que las normas dictadas para las actuaciones anteriores a la Ley de Costas se apliquen a actuaciones posteriores a la misma, realizadas al amparo de licencias locales, que la servidumbre se reduzca de 100 a 20 metros y que en estos terrenos se permitan nuevos usos y nuevas construcciones.
Ante estas proposiciones de ley, las principales organizaciones conservacionistas reiteran su firme oposición a este nuevo atentado contra la Ley de Costas y recuerdan que semejante reforma ya fue intentada en diciembre de 2008 mediante la Ley 18/2008 de Vivienda de Galicia, que fue recurrida por inconstitucionalidad por el Gobierno. El Tribunal Constitucional ha suspendido la aplicación de esta ley declarando que la competencia para determinar el dominio público no es urbanística sino de protección del litoral, como defienden las organizaciones ecologistas.
Las propuestas de PP y BNG contrastan con las de otros partidos políticos, como el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que han presentado una propuesta que busca ampliar la servidumbre de protección de 100 a 200 metros, por entender que «la masiva ocupación que ya sufre el litoral español dota de gran valor las zonas que quedan por urbanizar y que debe ser objeto de una mayor protección, para defender tanto su integridad y conservación, como su uso público y gratuito.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF ha manifestado: Estas propuestas son claramente inconstitucionales, sólo benefician a intereses particulares y suponen un atentado contra la naturaleza y el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de ella.
Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpeace, ha declarado: Han pasado veintidos años desde la aprobación de la Ley de Costas y los ataques contra ella continúan, no tiene sentido mantener unas disposiciones transitorias que hoy son utilizadas para vulnerar la propia ley y sus principios, exigimos su derogación.
Alejandro Sánchez, Director Ejecutivo de SEO/BirdLife, ha declarado: La costa cumple una función esencial en la dinámica litoral, y a la vista de la evolución climática y su conservación será vital para frenar los impactos del cambio climático, por lo que, por nuestra seguridad, debemos protegerla en su integridad.
Jorge Sáez Coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción declaró: La costa es el principal núcleo generador de vida, destruirla es atentar contra la biodiversidad. Tramitar estas propuestas en el Año Internacional de la Biodiversidad sólo puede generar rechazo. Además esta propuesta de modificación de la ley de costas, sumada a éstas peligrosas enmiendas de los grupos parlamentarios gallegos, carece del necesario análisis global. Ya que, la ley de costas fue diseñada para garantizar el equilibrio de los frágiles ecosistemas costeros, así como, del acceso igualitario a sus recursos y, esta modificación atenta contra todo esto.