Desde 1989, el ejército español ha intervenido en más de sesenta operaciones militares fuera del territorio nacional. Han participando en ellas más de 100.000 soldados, habiendo fallecido 162. En los últimos años, el número máximo de militares desplegados al mismo tiempo ha rondado la cifra de 3.000. El elemento fundamental que explica el intervencionismo militar […]
Desde 1989, el ejército español ha intervenido en más de sesenta operaciones militares fuera del territorio nacional. Han participando en ellas más de 100.000 soldados, habiendo fallecido 162. En los últimos años, el número máximo de militares desplegados al mismo tiempo ha rondado la cifra de 3.000.
El elemento fundamental que explica el intervencionismo militar español es la integración en organizaciones internacionales: la Unión Europea y, sobre todo, la OTAN. Ello a pesar de que jurídicamente la integración en estas organizaciones no impone la obligación de participar en las operaciones militares acordadas en su seno. Estas organizaciones internacionales utilizan las operaciones militares como un instrumento más de su política exterior. Lo mismo sucede en España, donde los documentos de estrategia de la defensa consideran que el ejército puede intervenir en el exterior, entre otras razones, para garantizar la prosperidad de los españoles o para asegurar el suministro de recursos básicos como materias primas o fuentes de energía. Todo ello en un contexto en el que el Ministerio de Defensa está expandiendo el ámbito propio de la defensa nacional.
El objetivo primordial que persigue el Gobierno con la participación en operaciones militares en el exterior es mejorar la imagen internacional del país y su posición dentro de la llamada sociedad internacional. Ello explica que España haya participado en todas las intervenciones impulsadas por las grandes potencias, ya se trate de Estados Unidos, la OTAN o la Unión Europea. En ningún caso se puede considerar que se trata de proteger la vida o la seguridad de los españoles. Aunque éste es un argumento cada vez más utilizado por el Ministerio de Defensa para intentar justificar las operaciones que implican más riesgo, como Afganistán y Somalia.
El Gobierno lleva a cabo una política de opacidad sobre cuál es el coste económico de estas intervenciones. Los datos se hacen públicos, pero de manera fragmentaria y dispersa, lo que dificulta conocer las cifras reales y el volumen total del conjunto. Durante el período 2002-2011, se han gastado más de 4.000 millones de euros en las operaciones militares en el exterior, de los cuales más de 2.600 millones corresponden a la operación en Afganistán. Es obvio que el Gobierno pretende evitar el rechazo social que supondría un conocimiento generalizado de estas cifras.
Con carácter general, la opinión pública tiene una buena imagen del ejército y de sus intervenciones militares en el exterior. Sin embargo, cuando se realizan preguntas sobre las intervenciones concretas, sí se observa en las encuestas una opinión mayoritaria contraria a la participación en aquellas operaciones que se consideran especialmente peligrosas. Así, en el caso de Afganistán y Somalia, las encuestas ponen de manifiesto que hay más personas en contra de la intervención del ejército que a favor.
Los sucesivos Gobiernos han puesto en práctica políticas destinadas a aumentar la legitimación ante la opinión pública de las operaciones militares en el exterior. Es lo que se conoce como cultura de defensa, que pretende que la población se identifique plenamente con la actuación de las Fuerzas Armadas. Un instrumento básico para legitimar estas operaciones ha sido la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, que exige la autorización previa del Congreso de los Diputados para que el ejército intervenga fuera de nuestras fronteras. De esta forma se otorga apariencia de legalidad a operaciones muy discutibles desde el punto de vista jurídico, como es el caso de Afganistán.
Como parte de la política gubernamental que trata de legitimar a las Fuerzas Armadas, se intenta hacer pasar al ejército como un agente humanitario, como si fuera una ONG. Esta cuestión se mostró claramente en la intervención en Haití en 2010, aunque todas las operaciones se pretenden justificar, entre otras cuestiones, como operaciones humanitarias. El ejército, sin embargo, no es un buen agente humanitario. La operación en Haití fue una acción puntual, sin continuidad en el tiempo, muy ineficiente y que supuso un enorme despilfarro de recursos. Por poner un ejemplo, en los tres meses de operación el ejército español repartió un total de 600.000 litros de agua potable. En el marco de una intervención con cuatro veces el presupuesto del ejército español, Médicos Sin Fronteras fue capaz de distribuir 500.000 litros de agua potable cada día.
También se intenta legitimar estas operaciones ocultando sus aspectos negativos. El Ministerio de Defensa siempre insiste en que los militares españoles han cumplido ejemplarmente sus misiones, sin que se haga público ningún tipo de evaluación o autocrítica sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.
Es previsible que se producirá un salto cuantitativo en el intervencionismo militar del Estado español. Esos eran los planes del Gobierno anterior, cuyos programas de armamento buscaban mejorar la capacidad logística y de despliegue de las Fuerzas Armadas. Según estos planes, España podría desplegar 7.700 soldados, que participarían en dos operaciones principales y en cuatro de menor importancia al mismo tiempo. Cuando cambie la actual coyuntura económica, el Gobierno de turno, en el marco de la política continuista que existe en materia de defensa retomará estos planes.