La solución del problema fiscal-tributario, debe siempre incluir la solución del conflicto socioeconómico-político y el desarrollo, de toda nación.
La formulación de la solución debe ser el resultado del análisis concreto y específico de las condiciones y previsiones fiscales-tributarias de los precedentes y presentes estados y niveles de desarrollo económico, de la nación. La solución debe estructurarse y articularse con políticas específicas para asegurar del desarrollo nacional integral con equidad socioeconómica. Es lo que siempre ha faltado en Colombia y naciones sometidas al tutelaje, explotación y orientación de los centros de poder económico y político dominantes.
La solución, para que corresponda a los interese sociales legítimos de la nación, debe estructurarse de manera que se garantice generación de empleo, crecimiento y diversificación de la producción, mejoramiento salarial, reducción de informalidad laboral y generación de excedentes para la exportación. Son objetivos que deben soportarse en innovación y mejoramiento de productividad, competitividad y desarrollo de políticas de comercialización interna y externa.
En más de 200 años de vida independiente y supuestamente soberana y democrática, Colombia nunca ha sido gobernada con esa visión y bajo esos objetivos y propósitos.
Las consecuencias están a la vista. La acumulación de sus efectos, los experimentamos con las manifestaciones de descontento social y de descomposición social, que obedecen directamente a la existencia de altos índices de indigencia, pobreza, desempleo, subempleo, segregación y descomposición social y violencia, en contraste con la concentración creciente de la riqueza y el poder económico en círculos sociales, siempre muy cercanos al poder público, soportada en una institucionalidad, estructurada con ese fin. Esta es la realidad monda y lironda de Colombia. Los frutos y consecuencias los vemos en las calles y en la protesta social pública.
El Gobierno y el Congreso son los responsables de diseñar e implementar políticas concretas para responder por el desarrollo nacional, para garantizar mejores ingresos y redistribución racional de los mismos y para mejorar la equidad socioeconómica y reducir la pobreza.
El marco legal que rigen el desproporcionado e inequitativo sistema tributario, salarial y pensional colombiano, son de dominio del gobierno y el congreso, entonces son ellos los que deben responder por la solución, en términos de equidad social, racionalidad tributara y distribución del ingreso.
Las desproporcionadas mesadas salariales y pensionales de congresistas y magistrados, entre otros, vigentes hoy, en aras de la equidad y la justicia social y la problemática socioeconómica nacional, deben ser racionalizados, con umbrales que no superen los 20 y 10 salarios mínimos, respectivamente por todo concepto y debe ser parte integral de la reforma fiscal tributaria y solución del conflicto social-económico presente.
Las exenciones, deducciones y evasión fiscal-tributaria, debe reducirse legalmente a mínimos razonables. Con esta decisión, no serían necesarias, durante muchos años, más reformas tributarias. Se sabe que por la estructura tributaria de gabelas vigente, el estado deja de recaudar más de $70 billones anuales. Ahí están los recursos para tapar el déficit fiscal y de balanza de pagos.
La corrupción en contratación pública, estas demostrado, ocasiona un hueco fiscal de más de $50 billones anuales. Es posible taponarlo ¿Pr qué no se tapa? No es necesaria la reforma tributaria. Solo se requiere gobernar con honestidad y responsabilidad.
El desempleo, el subempleo y la informalidad laboral y el bajo salario mínimo, son un lastre para el desarrollo nacional. En el caso colombiano y por información estadística, se sabe que 48% de 23 millones de trabajadores colombianos, eran informales antes de la pandemia y el 52% recibía mensualmente menos de un salario mínimo, generalmente no tiene casa y mucho menos renta de capital y tienen que sobrevivir con ese ingreso.
La inequidad en el monto de las mesadas pensionales y en el régimen salarial vigente, es absolutamente injustificada. El 80% del monto total de las mesadas pensionales mensuales va al 20% de los pensionados con mayor mesada. El 20% de las mesadas, le llega al 80% de pensionados.
De fuente oficial se sabe que el subsidio del estado (del presupuesto nacional) para pago de pensiones en 2.019, superó los $40 billones. Un 15% del presupuesto nacional.
El número de pensionados no supera un millón setecientos mil. En Colombia, solo el 25% de mayores de 60 años está pensionado, mientras en Argentina el 45%, en Chile el 55%, en Brasil el 75%, etc.
De 23 millones de trabajadores colombianos, aproximadamente 7.0 millones son cotizantes y no todos permanentes. El gobierno debe apersonarse del problema y resolverlo.
Son cifras verificables que confirman el inequitativo régimen tributario, pensional y salarial, que el gobierno y el congreso deben analizar para definir los contenidos y alcances de toda reforma Fiscal-Tributaria y políticas de desarrollo socioeconómico.
Es menester analizar las circunstancias, hechos y consecuencias, de las decisiones y ejecutorias, de los gobiernos de los últimos doscientos años, para entender las causas de la pobreza, la miseria, el desempleo, la inseguridad y la violencia que campean en Colombia y que si no se modifican correcta y oportunamente, se catapultará la inequidad socioeconómica con sus reales consecuencias, atizadas, en el presente, por la inevitable crisis fiscal, económica y social dinamizadas por la pandemia del COVID 19.
La institucionalización y racionalización de la equidad socioeconómica exigen decisiones de fondo, de parte del gobierno. Nada se puede lograr con paños de agua tibia, ni los gremios económicos son los portadores y responsables de la solución.
La solución demanda mucha racionalidad, conocimiento y equilibrio mental y emocional, para poder otear el futuro nacional, con acierto.
Es conveniente recordar lo sentenciado por Thomas Piketty: “… el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante como para dejárselo solo en manos de los economistas, los sociólogos, los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo y más vale que así sea. Por fortuna la Democracia jamás será reemplazada por la República de los expertos”.
La equidad fiscal-tributaria, salarial, pensional y socioeconómica en general, deben ser soportadas y protegidas con disposiciones legales concretas y efectivas para blindar el ordenamiento legal contra la corrupción, la politiquería y la inmoralidad crecientes. Es un desafío que puede convertirse en realidad, con voluntad y responsabilidad política y social, del gobierno.