Poner en duda que el reino de España sea una verdadera democracia o un Estado de Derecho homologable a otras de su entorno, o si se trata más bien de una dictadura blanda o disfrazada de cordero es algo que ya no se le escapa ni tan siquiera -aunque se deba más a motivos electorales […]
Poner en duda que el reino de España sea una verdadera democracia o un Estado de Derecho homologable a otras de su entorno, o si se trata más bien de una dictadura blanda o disfrazada de cordero es algo que ya no se le escapa ni tan siquiera -aunque se deba más a motivos electorales y propagandísticos- a la tan manida «derechona» de Alfonso Guerra.
El PP ha venido denunciando en las últimas semanas el «estado policial» al que nos vemos sometidos por las supuestas escuchas a dirigentes del partido. No se quiere hablar de los intentos de infiltración del CNI en NaBai, y mucho menos de los fehacientemente demostrados actos de espionaje a formaciones como HB, hoy en día ilegales, pero con todos los derechos cuando se cometieron los delitos. Delitos que, por cierto, no tuvieron condena.
Dejo, pues, en manos del Partido Popular su denuncia a la falta de libertades en el reino. Les cedo esa lid, y sólo espero que su resultado sea de aplicación tan universal cual exige el cumplimiento de la Ley, que, si bien es dura, es Ley, y no pueda ser reinterpretada o reconducida ad hoc en función de los supuestos delincuentes a los que se deba aplicar -como se hizo con De Juana Chaos, del cual se afirmó que si tenía más delitos habría que inventárselos; o con la llamada Doctrina Parrot, de aplicar las condenas en su totalidad, sin atender a los beneficios penitenciarios; o el Caso Botín, que permite personarse a la acusación particular en unos casos y en otros no; o a la Ley Garaikoetxea, que prohíbe al presidente de una Comunidad (la CAV) estar empadronado en otra (CFN)-. ¿Se han dado cuenta de que ciertas Leyes del reino poseen nombre propio?
Así, desde la Ley de Extranjería, pasando por los cierres de medios de comunicación, leyes de excepción encubiertas y persecuciones de índole político -y no sólo judicial-, hasta la retirada de carteles pro-amnistía -algo que denunciamos como propio de la dictadura de Birmania, pero que sufrimos en nuestro país sin pestañear, la estancia preventiva en las cárceles durante años sin celebrarse juicio alguno, y un largo etcétera, el reino de España ha dejado de ser un Estado de Derecho incluso para la extrema derecha, eso sí, si toca la Justicia a sus peones.
Hoy en día la mesa Nacional de HB sigue encarcelada, representantes parlamentarios de EHAK se ven sometidos al enjuiciamiento y al pago de multas y fianzas de gran cuantía para evitar su paso por las prisiones del Estado. El delito de opinión se va extendiendo peligrosamente a lo largo de la geografía española, y la sospecha de connivencia con el terrorismo se amplía a sectores ajenos a la lucha armada.
A su vez, la Falange Española y el Cristo Rey renace con fuerza. Realizan pintadas, agreden a inmigrantes, destrozan mobiliario de las víctimas del franquismo, amenazan de muerte y actúan con total impunidad ante la indiferencia de las autoridades, que prefieren mirar hacia otro lado antes de tomar partido, si no aplauden sus reivindicaciones como respuesta «patriótica» frente a «amenazas» externas. El peligro del «pensamiento único» va tomando forma poco a poco, sin que nos enteremos y con el beneplácito de una población despolitizada.
En los últimos quince días se ha dado un nuevo paso en favor del Estado Autoritario de Derechas (fascismo). El Gobierno francés ha concedido y ejecutado la orden de extradición de la militante de ETA Maite Aranalde. No es cuestión plantear si dicha medida responde o no al derecho de asilo que le asiste a la detenida en éste caso, eso les corresponde a los jueces internacionales y no ha de ponerse en duda su imparcialidad.
El hecho es que Maite Aranalde es extraditada al reino de España, y es puesta en manos de una policía cuyas prácticas de torturas han sido repetidamente denunciadas por AI. El juez de instrucción de turno -Eloy Velasco- decide, vista la situación de la detenida, su caso y sus circunstancias, dejarla en libertad bajo fianza. La activista (o terrorista, como se prefiera) queda libre por decisión de un juez que interpreta las leyes.
A continuación, el juez estrella Baltasar Garzón decide que las medidas anteriores no le complacen -a él-, y propone su encarcelamiento inminente. La policía no la encuentra, la da por huída, y da orden de busca y captura. Hasta aquí nada extraño en un Estado de Derecho.
Pero el juez Garzón va más allá, y hace declaraciones en contra de su homólogo, Velasco, a quien acusa veladamente de favorecer la huída de la reclusa, sin mencionar que no estaba siquiera sometida a la vigilancia preceptiva por parte de la policía. La crítica la hace en los medios de comunicación -no en los órganos competentes de la Judicatura- dando así un doble mensaje: nadie se puede oponer a lo que él dicta, y él dicta la línea -política- que deben seguir los jueces en lo sucesivo. La crítica, así, pasa de ser judicial -que se debería dirimir en los órganos competentes- a política -lo que conlleva la identidad de los poderes político y judicial impropio de los Estados de Derecho-.
Si el Consejero de Interior del Gobierno Vasco (Ares) y el Ministro de Interior del Gobierno Español (Rubalcaba, el defensor de los GAL, tal y como denuncia el PP) han criminalizado la mera exhibición de carteles de solidaridad con los presos (no de apoyo o apología del terrorismo), ahora el juez Garzón aprieta la tuerca un poco más en favor del régimen fascista que se nos quiere imponer al politizar la Judicatura, que ya no atiende a la universalidad de la Ley, sino al capricho del gobernante.
¡Basta ya de arbitrariedades! ¡No al fascismo encubierto! ¡No a las Leyes de Excepción!
Pablo A. Martín Bosch (Aritz) es Doctor en Filosofía por la UPV/EHU, Licenciado en Filosofía por la UD, Licenciado en Antropología Social y Cultural por la UD, Especialista Universitario en Ciencia, tecnología y sociedad por la UNED.