En muy poco tiempo, el PP ya en el poder aprobó tres leyes que menguaban sustancialmente los derechos y libertades ciudadanas en el estado español. La Ley Orgánica 1/2015 que modificaba el Código Penal; la Ley Orgánica 2/2015, por la que de nuevo se modificaba el Código Penal respecto a delitos de terrorismo; y la […]
En muy poco tiempo, el PP ya en el poder aprobó tres leyes que menguaban sustancialmente los derechos y libertades ciudadanas en el estado español. La Ley Orgánica 1/2015 que modificaba el Código Penal; la Ley Orgánica 2/2015, por la que de nuevo se modificaba el Código Penal respecto a delitos de terrorismo; y la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana («Ley Mordaza»). También el gobierno conservador impulsó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que afectaba a derechos constitucionales. Criticados estos textos legislativos por ONG, movimientos sociales, la Unión Europea y Naciones Unidas, el abogado y colaborador de medios independientes Juan García Mollá y el periodista Pascual Serrano van un punto más allá en la crítica a estas normas «de marcado carácter represor», promovidas por un ejecutivo de «indudable ideología reaccionaria». Consideran, de hecho, que los ataques a las libertades han sido una constante por parte de los gobiernos españoles en las últimas décadas.
La tesis central figura en el mismo título del libro -«Los gobiernos españoles contra las libertades»- que Juan García Mollá y Pascual Serrano han publicado recientemente en Akal. El último gobierno de Rajoy ha llegado al culmen, pero el libro aporta contexto al panorama que se denuncia: los ejecutivos de UCD y del PSOE también «han ido aportando su granito de arena con el objetivo de perseguir las actitudes ciudadanas que les resultaban incómodas». En febrero de 2016 referentes intelectuales como Noam Chomsky, Tariq Ali o Toni Negri rubricaron un manifiesto «Por las libertades civiles en España y en Europa». El Informe anual de Amnistía Internacional 2015-2016 constata un grave retroceso de las libertades en España. Pero el texto de 182 páginas de la colección «A Fondo» sitúa el inicio de la involución legislativa mucho antes de que Rajoy llegara a la Moncloa. Juan García Mollá recuerda que la Audiencia Nacional es «el antiguo Tribunal de Orden Público franquista, reconvertido». Se trata, además, de una instancia judicial «diseñada para la defensa del actual sistema político».
Tampoco el libro se constriñe a destripar la legislación y sus efectos sobre los derechos y libertades. Los autores citan aspectos materiales, como la licitación para la compra de un camión lanza agua para la Policía Nacional Antidisturbios por un presupuesto base de 408.000 euros. Y en plena crisis (diciembre de 2013). En la Generalitat de Catalunya, los departamentos de Sanidad y Educación fueron los que más empleados públicos perdieron en el último quinquenio, mientras los cuerpos de seguridad (mossos d’esquadra y bomberos) aumentaron sus efectivos en plantilla. Además de las leyes más difundidas y rechazadas en la calle, el texto rastrea medidas como el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, presentado por el gobierno del PP en mayo de 2013. De ahí se deriva, por ejemplo, la sanción al teniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, quien denunció los «abusos, privilegios y corruptelas de la casta militar dominante». El teniente fue condenado a dos meses de arresto e inició una huelga de hambre de 22 días.
Se legisla contra el «enemigo interior», destaca Pascual Serrano, «sean sindicalistas, activistas de la PAH o miembros del SAT». «La reforma de las normas que regulan la actividad y competencia del Tribunal Constitucional está diseñada para frenar el proceso independentista catalán», agrega el autor de «Medios democráticos. Una revolución pendiente en la comunicación». El colaborador de TeleSur, RT, Hispan TV y Radio del Sur, Juan García Mollá, se refiere además al «enemigo exterior», el terrorismo «yihadista» que toma cuerpo en Al Qaeda y Daesh. Para combatirlo, se ha modificado tanto el Código Penal como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los antecedentes no remiten precisamente a legislaciones «blandas». García Mollá recuerda que la primera Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por un gobierno de Felipe González y conocida como «Ley Corcuera», ya se justificaba por la necesidad de una «mayor eficacia policial». Además permitía que determinadas actuaciones de los agentes «se practicasen al margen de la Constitución». A pesar de las declaraciones oficiales que niegan estos extremos, en el libro se citan ejemplos de censura y cierre de medios de comunicación.
En julio de 1988 el juez Garzón decretó el cierre cautelar del diario Egin y la emisora de radio del mismo grupo. También la detención de los representantes legales de la empresa «ORAIN», acusados de integración en banda armada. Una década después, el Tribunal Supremo declaró nulo el cierre cautelar. En 2001 Baltasar Garzón ordenó la clausura de la revista «Ardi Beltza». Juan García Mollá destaca algunos cambios en el proceder de los poderes del Estado. «En la actualidad la actividad censora se dirige contra los usuarios de las redes sociales». Pero a este principio general le agrega un matiz sustantivo: «Los detenidos son siempre de izquierdas, no se conoce ningún caso en que las policías españolas hayan detenido a militantes de ultraderecha que vejen a las víctimas». La ristra de ejemplos sugiere que el fundamento último de las leyes no es frío, cartesiano y calculador, sino estrictamente político. De ahí que una tuitera llamada «Loba Roja» resultara detenida y condenada por unos supuestos mensajes «violentos», que finalmente, destaca Pascual Serrano, se correspondían (en uno de los casos) con una cita de Mario Benedetti. Los autores del libro citan otros ejemplos, como el del rapero Pablo Hasél o el cantante del grupo «Def con Dos», César Strawberry.
¿Cuál es el límite? «Se han diseñado leyes con el fin de ilegalizar un partido político», responde Juan García Mollá. Fue aprobarse la Ley de Partidos el 27 de junio de 2002 y dos meses después un auto del juez Garzón decretaba la suspensión total de las actividades de Batasuna, el cierre de las sedes y página Web. Objeto de aplicación de esta ley fue el Partido Comunista de España (Reconstituido), por considerarse probada su vinculación al GRAPO. Sin embargo, «nunca se ha instado la ilegalización de partidos xenófobos, racistas y de ultraderecha involucrados en delitos muy graves», sostienen los autores de «Los gobiernos españoles contra las libertades». Por ejemplo, en la mañana del 11 de noviembre de 2007 el joven Carlos Palomino fue asesinado por un militante de ultraderecha cuando se dirigía a una manifestación contraria a la organizada por las juventudes del partido neonazi, «Democracia Nacional». En este caso las autoridades no establecieron ninguna conexión entre la organización política y el asesinato perpetrado por uno de sus militantes. Por otro lado, la represión se ha extendido al campo del deporte, se trate de pitadas al himno de España durante una final de la Copa del Rey, la exhibición de banderas independentistas en un estadio o pancartas en el caso de la peña Bukaneros del Rayo Vallecano.
El libro de Serrano y García Mollá detalla los principios jurídicos y a continuación se explaya en los ejemplos. En teoría no debería haber mayor problema en que un ciudadano grabase la actuación de los cuerpos antidisturbios en una manifestación, dado que su rostro permanece oculto bajo los cascos. Pero la Ley de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción grave el «uso no autorizado» de estas imágenes. Un periodista, Jaime Alekos, resultó detenido mientras cubría un desahucio en Madrid en febrero de 2015. Juan García Mollá describe otra situación de impunidad, de las muchas que componen el texto: «Una reportera de Tele K, Alicia Armesto, fue citada a juicio acusada de vejación injusta a un policía, por difundir una fotografía en la que el agente se reía mientras desalojaban a una familia de vivienda». ¿Rige el Estado de Derecho y la seguridad jurídica? «La hemeroteca está repleta de casos en que la policía actuó con total impunidad», asegura Pascual Serrano. Las embestidas de los agentes contra los vecinos que se oponían a los derribos en el barrio valenciano del Cabanyal (abril de 2010). Disparos al aire para disolver un piquete en la empresa EADS CASA en Getafe (septiembre de 2010). Pelotas de goma, como las disparadas durante las Marchas de la Dignidad en Madrid (marzo de 2014), que provocaron la pérdida de un ojo y un testículos por dos jóvenes. Ingreso de la policía en la Universidad Complutense (marzo de 2014), desalojo de la Plaza de Catalunya (mayo de 2011)…
La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 puede analizarse como un entomólogo que disecciona un coleóptero. Desentrañar el articulado, el régimen de sanciones y la tipificación de las conductas. Sin embargo, los autores señalan la esencia política de la «Ley Mordaza»: «Cada una de las sanciones está redactada con el objetivo indisimulado de reprimir formas de protesta de colectivos que se han opuesto a las políticas del PP». Por ejemplo, las manifestaciones de «Rodea el Congreso», como la del 25 de septiembre de 2012; o las concentraciones para impedir desahucios, las acciones de Greenpeace en el Congreso o antes las centrales nucleares, o las acampadas del estilo de las realizadas por el 15-M. Multas por protestar, por ejercer la prostitución, al «botellón», al porro y a la Okupación como movimiento político. Todo ello en un país, España, con la tasa de población penitenciaria más alta de los países de Europa Occidental (161 presos por cada 100.000 habitantes). Y con una duración media de las penas de cárcel muy superior a la del resto de países europeos. Además, con la modificación del Código Penal, «vuelve la vieja cadena perpetua», concluye Juan García Mollá.
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