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Sobre la pretensión de dotar a los manuales escolares de un único año de validez

El lucrativo negocio de la industria editorial

Fuentes: La Nueva España

Hace unos días los medios de comunicación se hacían eco de la inusual rebaja en el precio de los libros de texto, la primera que se registra desde el año 1993. Así, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza hacía públicas unas reducciones en el coste de los libros del 0,5% […]

Hace unos días los medios de comunicación se hacían eco de la inusual rebaja en el precio de los libros de texto, la primera que se registra desde el año 1993. Así, la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza hacía públicas unas reducciones en el coste de los libros del 0,5% en Educación Primaria, 3,61% en Educación Secundaria, 1,76% en Educación Infantil y 2,38% en Bachillerato y Formación Profesional. Según los editores, estos ajustes en las tarifas responden al esfuerzo del colectivo por contener los costes, esfuerzo que dicen afrontar «a pesar del intervencionismo de la Administración pública».

Argumentan que las recomendaciones autonómicas a los profesores para que prescriban los libros más baratos y la imposición en el precio de los libros en relación al montante de las becas que se conceden a los estudiantes no hacen más que perjudicar al sector y reducir su facturación. Y el mismo devastador efecto tienen los «perniciosos sistemas de préstamo» de libros de texto.

Perniciosos, ¿para quién? Perniciosos para un sector privado que en el curso 2009-2010 vendió 50,6 millones de libros de texto, facturando 844,45 millones de euros, según datos de la Federación de Gremios de Editores de España. La defensa de los intereses comerciales frente a los de los usuarios ha caracterizado siempre al sector privado, y en esta línea, los programas de préstamo e intercambio de libros de texto, que no consiguen otra cosa que alargar la vida de los libros al máximo permitido por ley -cuatro años-, no hacen sino abrir una brecha en esa defensa a ultranza de los beneficios por encima de los servicios. Que la ley dé una vigencia de cuatro años a los manuales escolares significa que mediante un sistema de intercambio las y los estudiantes sólo tendrían que adquirir libros nuevos una vez cada cuatro años, es decir, que los ingresos millonarios anuales de las editoriales se convertirían en ingresos cada cuatro años.

La reflexión sería, por tanto, la siguiente: si los libros son válidos -por ley, ya que en la práctica podrían serlo muchos más años, las Matemáticas no cambian cada cuatro- durante cuatro años, ¿por qué es necesario editar -y, por lo tanto, comprar- libros cada curso? ¿Tal vez para mantener el lucrativo negocio de la industria editorial, un lucrativo negocio a costa del derecho a la educación? La relación entre las editoriales y la práctica educativa está marcada por los verdaderos intereses de las primeras, que no son satisfacer -mediante libros- las necesidades ciudadanas, sino la simple obtención creciente de beneficios económicos, el simple lucro.

Los sistemas de préstamo e intercambio de libros de texto no son perniciosos para las editoriales, cuya actividad no se sustenta sólo en la edición de manuales escolares. Por el contrario, la actividad anual de las editoriales y su pretensión de dotar a los libros de un único año de validez sí son perniciosas para estudiantes, profesores y el conjunto de la educación pública. Pretensión que además es ya en parte una realidad, al haber introducido en el negocio el formato de los libros-ficha, que dejan inutilizados los manuales tras el primer uso. De media, cada familia tiene que hacer un desembolso de 250 euros por hijo e hija en edad escolar cada septiembre, cifra que sólo hace frente al coste de los libros de texto, y a la que habría que sumar, por tanto, los gastos en material escolar; 250 euros cada año, por cuatro años, son 1.000 euros de gasto, sin sumar el coste del material escolar multiplicado por 4. Y teniendo en cuenta que las y los estudiantes empiezan su educación a los 3 años y el período de educación obligatoria termina a los 16, la cifra no hace más que crecer.

Otro factor a tener en cuenta en cuanto a quién es pernicioso para quién es el Medio Ambiente. Con 50,6 millones de libros editados en 2009 se emplearon unas 50.000 toneladas de papel, que equivalen a 700.000 árboles. Es decir, 50.000 toneladas de papel irían al contenedor -con suerte, azul- cada año con el sistema de libros de un solo uso que persigue la industria editorial. Los sistemas de préstamo e intercambio de libros reducen esta cifra como mínimo a la cuarta parte, al alargar la vida de los libros a cuatro años.

Y ya que hablamos de educación, ¿qué valores queremos enseñar y fomentar en los estudiantes? ¿Los valores de la sociedad del consumo: individualismo, egoísmo, mercantilismo, cultura de un solo uso?? La alternativa del préstamo y el intercambio fomenta valores de solidaridad, altruismo, respeto, compromiso social, reutilización, reciclaje?

Préstamo e intercambio, 3; editoriales, 0. Tres beneficios bajo la acusación de «perniciosos» de unos programas que, a pequeña escala, aportan su granito de arena a aliviar la economía de las familias, a fomentar la Educación en valores de las y los estudiantes y a asegurar el cuidado del medio ambiente. Beneficios «perniciosos» que de no ser por estos programas quedarían en el aire con una educación que es gratuita sobre el papel pero que queda muy lejos de serlo en la realidad.

Javier Suárez Llana es coordinador del programa de intercambio de libros de texto de gijón y miembro de Estudiantes Progresistas.

Fuente original: http://www.lne.es/gijon/2010/09/13/lucrativo-negocio-industria-editorial/966952.html