Ecologistas en Acción denuncia que los daños acontecidos en Cataluña y País Valenciano eran más que previsibles y que son consecuencias del mal uso de los presupuestos de la antigua Dirección General de Costas y de la ocupación sistemática de las Zonas de Servidumbre de Protección de ambas Comunidades Autónomas. Los temporales acontecidos en este […]
Ecologistas en Acción denuncia que los daños acontecidos en Cataluña y País Valenciano eran más que previsibles y que son consecuencias del mal uso de los presupuestos de la antigua Dirección General de Costas y de la ocupación sistemática de las Zonas de Servidumbre de Protección de ambas Comunidades Autónomas.
Los temporales acontecidos en este último fin de semana en la costa levantina eran algo predecible y cíclico. Varias localidades costeras de Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana se han visto seriamente afectadas con daños físicos en viviendas, comercios, paseos marítimos y parques de playa debido a la negligencia y mala política de costas llevada a cabo por las administraciones autonómicas y estatales, en la zona.
La ocupación masiva, la creación de paseos marítimos que potencian la capacidad erosiva del oleaje incidente, la creación de barreras que impiden la dinámica litoral, la destrucción de los filtros naturales del oleaje, tales como las barras de arena sumergidas y los banquetes de posidonia de las playas, dejan la costa desnuda, sin protección, por lo que el oleaje de un mediterráneo embravecido choca directamente con el borde de hormigón de las propias poblaciones.
La mala aplicación de la ley de costas, con un porcentaje importante del litoral sin deslindar, con zonas de servidumbre ocupadas, junto a la creación de infraestructuras tales como puertos deportivos o paseos marítimos, destinados a potenciar el negocio de los empresarios de la construcción y del turismo, son los culpables de todo esto.
Hay que reseñar que las actuaciones en Costas por parte del Ministerio de Medio Ambiente para ambas comunidades autónomas superan la inversión de 115 millones de euros anuales y, que dichas obras sólo agravan el problema, ya que van destinadas a cubrir las necesidades de paisaje urbano-costero que necesitan ciertos hosteleros y promotores para mantener la competitividad de su producto. Producto, por cierto, que crea una temporalidad en el trabajo extrema, siendo España el país europeo con más trabajo temporal, superando el 35% del total de los trabajadores. Y que, en épocas de crisis, como la actual, no responde a sus trabajadores, acabando muchos de éstos, en paro.
Buen ejemplo de este desorden litoral es la ciudad de Barcelona, ciudad en la que existen 8 diques sumergidos que filtren el oleaje incidente en sus playas artificiales donde hay que verter arena casi todos los años, donde la inversión media anual por parte de costas ronda los 10 millones de €.. Y que, con este temporal tuvo que cerrar sus playas al público, sufrió daños en paseos marítimos y negocios además, de costarle la vida a una persona.
Buenos son también los ejemplos de Vinarós y Gandía en el País Valenciano, localidades donde el mar azotó también fuerte y donde también hubo la pérdida de una vida humana y, localidades donde Costas invierte todos los años en la regeneración de sus playas y paseo marítimo.
Todos los planes urbanísticos e infraestructuras que se han visto dañadas tanto en la Costa Brava como en el resto de la comunidad de Cataluña y el país valenciano han sido alegados por nuestros grupos locales y denunciados en nuestro informe anual de Banderas Negras, advirtiendo de estas posibles consecuencias que se han materializado en estas fiestas navideñas y que se han llevado consigo la vida de cuatro personas.
Ahora la pregunta es ¿Quién pagará los daños? ¿El dinero público o los empresarios que están detrás de todas estas obras?