En 2001 el Doctor y Antropólogo Alberto Pinzón Sánchez formó parte de una comisión encargada de sentar las bases para unos acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Una década después, los actuales diálogos en La Habana parecen ofrecer la esperanza de poner término al conflicto armado […]
En 2001 el Doctor y Antropólogo Alberto Pinzón Sánchez formó parte de una comisión encargada de sentar las bases para unos acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. Una década después, los actuales diálogos en La Habana parecen ofrecer la esperanza de poner término al conflicto armado más largo en Latinoamérica. ¿Qué riesgos continúan estando presentes en el proceso de resolución del conflicto? Actualmente exiliado en Europa, Alberto Pinzón Sánchez nos ayuda a entender lo que está en juego en La Habana a través de una mirada llena de compromiso por el futuro de su país.
Alex Anfruns: En el 2001, su nombramiento para una comisión con el noble objetivo de sentar las bases para los diálogos de paz en San Vicente del Caguán y resolver el conflicto en Colombia, terminaron valiéndole la persecución política y el exilio. ¿Puede usted explicarnos qué pretexto se utilizó con ese fin?
Alberto Pinzon Sanchez: Sí. Gracias por ponerme en contacto con tus lectores y permitirme informar de primera mano sobre lo acontecido: Como es sabido la comisión de 4 miembros nombrada por la mesa del Caguán, estuvo integrada por el magistrado Vladimiro Naranjo, la dueña del periódico El Colombiano de Medellín, el director del diario alternativo Voz Carlos Lozano y yo; teníamos la misión de formular recomendaciones para disminuir la intensidad del conflicto y para terminar el fenómeno del Paramilitarismo, que en ese momento y como parte oficial integrante del Plan Colombia venía adelantando una ofensiva político -mediática y de terror para cooptar definitivamente la totalidad del Estado.
Efectivamente, es lo que sucedió un año después con la llegada de Uribe Vélez a la presidencia de Colombia. Obviamente nuestras recomendaciones, las cuales hoy después de 14 años encuentro totalmente vigentes, no gustaron al Bloque de Poder Contrainsurgente Dominante en Colombia que había planteado los diálogos de paz del Caguán como una toma de aire político para adelantar el rearme militar del ejército y la policía de Colombia, contemplado en el Plan Colombia, el cual se había aprobado entre Clinton y Pastrana en 1997, un año antes del inicio de los diálogos de paz. Mirando esto hoy, se puede decir que a la luz del Derecho Internacional Humanitario, fue una violación que hizo el gobierno Pastrana llamada «perfidia». Entonces el máximo jefe de los Paramilitares Carlos Castaño inició una ofensiva mediática para deslegitimar la comisión en su conjunto en especial, como lo amenazó en la página 312 de su libro «Mi confesión», contra mí por considerarme «un vocero del comandante Alfonso Cano». A las amenazas por internet siguieron intentos reales de acabar con mi vida, y me obligaron a exiliarme en Europa en busca de refugio en donde me encuentro desde hace 13 años sin poder regresar a mi hogar en Colombia.
Puede constatarse que la represión de carácter político que dura desde hace décadas en Colombia no solo sigue produciéndose, sino que ha evolucionado hacia formas de castigo preventivo, conduciendo a un elevado número de prisioneros políticos, al caso extremo de los «falsos positivos» y al descubrimiento de numerosas fosas comunes. Los peligros que acechan al pueblo colombiano siguen siendo por lo tanto considerables. ¿Qué pasos considera usted que sean claves en el desmantelamiento de la impunidad judicial?
Si, las cifras de 70 años del llamado conflicto interno colombiano, que no es otra cosa sino una «guerra sucia contrainsurgente adelantada por el Bloque de Poder Contrainsurgente Dominante en Colombia»(BPCI) son aterradoras: Más de un millón de muertos la mayoría de ellos fusilados por el aparato represivo del régimen. Más de 4 millones de desplazados internos a quienes se les han arrebatado 5 millones de hectáreas de tierra cultivable. Una expulsión de más 5 millones de inmigrantes económicos y exiliados políticos en diversos países del mundo y que el régimen llama piadosamente «la diáspora colombiana».
El exterminio de 5.000 cuadros políticos del partido de Izquierda Unión Patriótica. Cerca de 2.000 casos de los llamados «falsos Positivos» causados por el ejército colombiano y que es la forma más inhumana y cruel de la lucha de clases conocida en el mundo. Y de momento 90 muertos ajusticiados del Movimiento Social y Político en especial de la Marcha Patriótica, y que conste que no mencionamos ni a los maestros, ni los sindicalistas, ni a los líderes barriales, ni a los mendigos, ni drogo dependientes, ni los transformistas sexuales, ect, victimas invisibles de lo que en Colombia se llama la «limpieza social de desechables». Agreguemos a estas cifras macabras los 9.500 presos políticos que se están pudriendo de hacinamiento en las mazmorras del régimen.
Obviamente todo esto ha sido posible por la impunidad judicial que en Colombia alcanza la aberrante cifra del 97%. Este es a vuelo de pájaro el macabro infierno del Terror del Estado, llamado eufemísticamente por el régimen «conflicto colombiano».
Si tenemos en cuenta la larga historia del conflicto, así como las consecuencias paradójicas pero significativas de su propia experiencia personal, parecería precipitado sacar conclusiones esperanzadoras. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno acerca el fenómeno del paramilitarismo? y ¿cuáles son los principales intereses que están en juego, cuyo peso haya influido históricamente de manera más decisiva en el bloqueo de una solución pacífica?
El paramilitarismo es una rueda dentada más, de la grande y terrorífica máquina represiva punitiva y de disciplinamiento social que se llama Bloque Contrainsurgente de Poder Dominante en Colombia (BPCI) construido hace cerca de 70 años y que tiene varias ruedas dentada más, como por ejemplo:
1- El ejército y la policía o Fuerza Pública.
2- Las compañías multinacionales como Chiquita, Drummond, Coca cola, Oxy, BP, Repsol, y otras multinacionales minero energéticas.
3-Las 9 bases militares de los EEUU en donde operan militares y agentes de inteligencia «oficiales» estadounidenses, junto con «contratistas privados de mercenarios» como la DynCorp.
4- Los llamados grupos económicos de los cacaos como el grupo Bavaria, grupo Ardila Lulle, grupo Sarmiento Angulo, Grupo Antioqueño.
5- las asociaciones gremiales como Fedegán, Sac, Augura, Andi, Fedemetal, Fenalco, Asobancaria agrupados en el «concejo gremial nacional»
6- El llamado Estado Nacional a través de sus tres ramas: la rama ejecutiva, la rama legislativa o parapolítica y la rama judicial encargada de producir la impunidad y la judicialización a la que nos referimos anteriormente
7- El oligopolio de los medios de comunicación de la familia Santos y los grupos españoles Prisa y Planeta.
8 -Los Narcotraficantes y lavadores de dólares a nivel nacional, regional y local.
9- Las clases subalternas como pequeños comerciantes, empleados, periodistas, profesionales independientes, medianos propietarios, trasportadores, desempleados, rebuscadores y lumpenes, que se han sometido o han sido cooptados.
10-La casta política o parapolítica con todas sus imbricaciones regionales y locales. Todo este Bloque dominante, es coordinado y dirigido por la fracción hegemónica de la oligarquía que ahora mismo se encuentra en una aguda disputa de fracciones entre Santos y Uribe por su supremacía.
En resumen, el principal obstáculo es el interés Geo-Estratégico que tienen los EEUU sobre Colombia y el área del Caribe. Luego le siguen los intereses concretos de cada uno de las ruedas dentadas del Bloque de Poder Contrainsurgente (BPCI) del cual forman parte esencial los EEUU.
¿Qué condiciones piensa que deban respetarse para que la guerrilla de las FARC, tras decidir una tregua unilateral, tenga oportunidades para su reconversión como oposición política en el juego democrático?
Creo que la cuestión no es armas por política, sino armas por reformas básicas. Ahora bien, todas estos detalles parece que son los recovecos del acuerdo que se está construyendo en la Habana.
¿Qué mecanismos considera que le permitirían tomar un mayor protagonismo al pueblo colombiano, haciendo prevalecer los intereses de la mayoría por encima de los de la oligarquía?
Sin duda alguna la más amplia y democrática participación popular que se concentraría en una Asamblea Nacional Constituyente.
Según su punto de vista, ¿qué fases deberían privilegiarse de ahora en adelante en la consolidación de un proceso de paz justo y duradero?
Primero una tregua bilateral con la creación de un clima favorable y democrático de verdadera discusión popular sobre las reformas básicas que el pueblo trabajador colombiano necesita y quiere, para luego, desembocar en la Asamblea Nacional Constituyente.