Como docentes e investigadores de carreras de ciencias, tenemos la responsabilidad de transmitir la idea de que los avances técnicos por sí solos no garantizarán la justicia social, que entendemos debe ser un pilar básico de la actividad universitaria. Ingenieros y científicos deben conocer el nexo entre sus profesiones y la sociedad para ejercer responsablemente […]
Como docentes e investigadores de carreras de ciencias, tenemos la responsabilidad de transmitir la idea de que los avances técnicos por sí solos no garantizarán la justicia social, que entendemos debe ser un pilar básico de la actividad universitaria. Ingenieros y científicos deben conocer el nexo entre sus profesiones y la sociedad para ejercer responsablemente su oficio más allá del mundo abstracto de las fórmulas y los modelos.
El sistema eléctrico es un buen ejemplo para ver la conexión entre lo técnico y lo social. En él confluyen problemas de ingeniería para garantizar su correcto funcionamiento, aspectos de política energética para potenciar la transición hacia un modelo energético más sostenible y, por supuesto, aspectos económicos, ya que es necesario establecer un marco que defina unas reglas del juego justas para los consumidores y las empresas eléctricas.
Tradicionalmente, la participación de los poderes públicos en este sector ha sido la herramienta empleada para equilibrar los mencionados aspectos. En concreto, y para el caso de España, el llamado Marco Legal Estable garantizaba a las empresas eléctricas unos ingresos razonables de acuerdo a los costes reales de su actividad, a la par que la administración contaba con suficiente autonomía para emprender políticas energéticas a medio y largo plazo en beneficio de la sociedad.
Al igual que en otros sectores, la corriente neoliberal de las últimas décadas ha propiciado un cambio en las reglas del juego. Así, a finales de 1997 se crea un mercado eléctrico que termina explícitamente con el carácter de servicio público de la electricidad. Las pocas razones que trascendieron a la sociedad, que durante más de una década apenas fue consciente de este cambio, tenían que ver con la eficiencia económica, la competitividad y, en definitiva, la necesidad de reducir todos los aspectos del sistema eléctrico (medioambiental, técnico y político-económico) a la vara de medir del mercado. En este nuevo marco, el precio de la electricidad pasó a estar formado por dos componentes: una es la componente de mercado, que se establece por mecanismos de oferta y demanda; otra, la componente regulada, fijada por la administración para cubrir varios costes del sistema así como las políticas energéticas.
Este marco liberalizado ha servido de caldo de cultivo de no pocos abusos, potenciados por la clara situación de oligopolio existente. La mayor parte de estos abusos proceden de la flagrante desconexión entre los costes reales de generación de cada fuente de electricidad y los precios a los que se retribuyen, fijados por mecanismos de mercado. La principal consecuencia es que ya no existe una cota superior para los beneficios de las empresas eléctricas. Así, lejos de las promesas del libre mercado, a día de hoy tenemos uno de los precios más caros de la electricidad en Europa, además de un déficit de tarifa de 29.000 millones de euros que hipoteca nuestra capacidad de hacer política energética.
Sin embargo, la supuesta omnipotencia de los mercados hace que la mencionada componente de mercado sea «incuestionable» frente a la componente regulada, facilitando que se perciba la actividad de la Administración en el sector como un sobrecoste arbitrario. En base a este argumento, ahora se sacrifica la política energética para hacer frente al déficit que durante años se ignoró irresponsablemente. El ejemplo más claro lo tenemos en la abrupta paralización del desarrollo en energías renovables, sector en el que hasta hace poco España era puntera.
En definitiva, hemos asistido a un ejemplo de manual en el que la defensa de los intereses privados, impulsada por la imposición, puramente ideológica, de las consignas neoliberales, han sustraído a la sociedad su legítimo derecho a reclamar un sistema eléctrico que garantice el respeto por el medio ambiente, la soberanía energética, el impulso de un tejido industrial, el acceso a la electricidad como servicio público y, en definitiva, cualquier objetivo legítimo que pueda entrar en conflicto con el beneficio privado.
Marta Victoria Pérez es investigadora en energía solar fotovoltaica de concentración en el Instituto de Energía Solar de la UPM y miembro fundador del Observatorio Crítico de la Energía
Cristóbal José Gallego es ayudante en la ETSI-Aeronáuticos de la UPM y miembro fundador del Observatorio Crítico de la Energía