Nota del CSCA: Esta falta de asumir su responsabilidad se ve confirmada en la carta que el ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor José Gómez Hernández a su homólogo palestino, el ministro de Economía, Khaled Osaily.España puede prohibir el comercio con los asentamientos utilizando el artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/478 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, sobre normas comunes para las importaciones. La Comisión Europea ha confirmado que los Estados miembros de la UE pueden adoptar o aplicar excepcionalmente restricciones cuantitativas por, entre otros, motivos cuestiones de moralidad o seguridad públicas.Por otro lado, la ley de contratos públicos o diferentes normas de subvenciones y exenciones permite, como se vio en la aplicación de los ERTEs con motivo de la pandemia, que sean excluidas (y sancionadas por tanto) aquellas empresas con sede en paraísos fiscales. ¿Por qué no aplicar una disposición contra las empresas colonizadoras?.Ahora, podrían hacer lo mismo con aquellas empresas que se lucran con la ocupación y colonización. Pongamos un ejemplo: Si CAF, COMSA, GMV, TYPSA, OSSA o Edreams no pueden vender sus productos y no ser contratados por el Estado, las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y otras empresas privadas por su actuación a favor de la colonización israelí, y se extendiese a otros países, como con las empresas que participaron en la Sudáfrica supremacista, claramente sus accionistas y directivos dejarían de lucrarse facilitando la ocupación y colonización de Palestina y las empresas dejarían de ser agentes activos de esas políticas sionistas.
Carta del ministro de INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Excmo. Sr. D. Héctor José Gómez Hernández, a su homólogo palestino, ministro de ECONOMÍA NACIONAL, Excmo. Sr. D. Khaled Osaily
Asunto: El proyecto del ferrocarril ligero de Jerusalén (JLR) en el territorio palestino ocupado ejecutado por empresas multinacionales españolas
Excelencia, En respuesta a su carta enviada el 20 de julio de 2023, me gustaría aprovechar esta oportunidad para confirmar nuestro firme apoyo a la causa palestina. En efecto, la Unión Europea y sus Estados miembros consideran que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, un obstáculo para la paz y una amenaza para la solución de dos Estados al conflicto entre Palestina e Israel.
En este sentido, llamamos regularmente la atención de nuestros ciudadanos y empresas sobre los riesgos asociados a las actividades económicas y financieras en los asentamientos. Les recordamos que las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas en los asentamientos israelíes o en beneficio de los mismos pueden entrañar riesgos jurídicos y económicos, dado que los asentamientos israelíes, de conformidad con el derecho internacional, están construidos en territorio ocupado y no están reconocidos como parte legítima del territorio israelí. De hecho, se les aconseja que tengan en cuenta las posibles violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Por ello, una vez informados de sus quejas en relación con el proyecto del Metro Ligero de Jerusalén, el Punto Nacional de Contacto (PNC) español del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo nos confirmó que se había llevado a cabo un procedimiento no judicial en relación con este asunto, de conformidad con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales de 2011. El PC ofreció sus buenos oficios, proponiendo una mediación, que finalmente no fue aceptada. Tras ello, el PNC no tuvo más remedio que cerrar el caso y propuso una serie de recomendaciones a la demandada, de acuerdo con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
En cualquier caso, aunque entendemos y apoyamos plenamente su legítima preocupación, el PNC español carece de herramientas legales para interferir en las decisiones que toman las empresas privadas en la ejecución de proyectos en terceros países, que son de su propia responsabilidad. Aunque generalmente apoyamos a las empresas españolas en su proceso de internacionalización, permítame asegurarle que no compartimos sus puntos de vista en este caso particular. Este mismo mensaje se les ha transmitido a lo largo de todo el procedimiento en el PNC español.
CARTA del MINISTRO DE ECONOMÍA NACIONAL palestino, Excmo. Sr. D. Khaled Osaily, al MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, Excmo. Sr. D. Héctor José Gómez Hernández
Excelencia,
Le escribo hoy en relación
En 2019, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), una empresa multinacional española que cotiza en bolsa especializada en el diseño y la implementación de sistemas de tránsito, y su socio israelí, Shapir Engineering & Industry Ltd. (en adelante, «Shapir»), obtuvieron una licitación del Ministerio de Finanzas israelí, el Ministerio de Transporte y «la administración municipal de Israel, la potencia ocupante», en Jerusalén, el llamado «Municipio de Jerusalén», para el proyecto J–Net. Este proyecto pretende ampliar la red de metro ligero de Jerusalén (JLR), que conecta los asentamientos ilegales israelíes de la Jerusalén Este ocupada con la parte occidental de la ciudad. CAF y Shapir llevan a cabo el proyecto J-Net a través de su consorcio CFIR Light Rail Ltd., de propiedad conjunta.
La licitación abarca la construcción, explotación y mantenimiento tanto de la «Línea Verde» en el Territorio Palestino Ocupado como de la ampliación, explotación y mantenimiento de la actual «Línea Roja».
En abril de 2021, el consorcio inició la concesión de 15 años para explotar las dos líneas. Según el contrato, CAF diseñará y suministrará 57 trenes eléctricos (114 vagones de tranvía) para la nueva Línea Verde, además de renovar los 46 tranvías actualmente en servicio en la Línea Roja existente. CAF también suministrará los sistemas de señalización, energía y comunicaciones.
Por otra parte, además de la participación de CAF en el proyecto JRL, otra empresa española denominada GMV Innovating Solutions (en lo sucesivo, «GMV») ha sido seleccionada por el grupo CAF para suministrar el sistema de localización automática de vehículos y el sistema de gestión de depósitos para ambas líneas del metro ligero de Jerusalén. Es importante señalar que «la Línea Roja» conecta el asentamiento ilegal de «Pisgat Ze’ev» en la Jerusalén Este ocupada con el «Monte Herzl», pasando por el centro de la ciudad, y actualmente se está ampliando hacia el norte para incluir el asentamiento ilegal de «Neve Ya’akov.»
Para llamar aún más su atención, la empresa israelí de asentamientos es un sistema polifacético basado en la construcción ilegal de asentamientos en tierras palestinas confiscadas, el desplazamiento forzoso de la población palestina y la explotación de los recursos naturales palestinos. Estas acciones violan claramente el derecho internacional. Además, es importante reconocer que los negocios y las empresas comerciales que se benefician de estos asentamientos ilegales y operan dentro de ellos actúan en contra del derecho internacional. Su participación no sólo sostiene el régimen de asentamientos, sino que también alimenta su expansión. En consecuencia, estas actividades suponen la mayor amenaza para la realización de una solución de dos Estados y obstaculizan la consecución de una paz duradera, en violación de la resolución 2334(2016) del Consejo de Seguridad.
Según Amnistía Internacional, «CAF no sólo ha decidido seguir adelante, sino que ha presentado nuevas ofertas para dos nuevas líneas en los Territorios Palestinos Ocupados». Además, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha creado una lista de empresas que contribuyen y se benefician de la violación de los derechos de los palestinos, y Amnistía Internacional ha pedido la inclusión de CAF en esta lista precisamente por su implicación en este proyecto junto a su socio israelí, que ya está incluido en la lista.
Dado que se espera que CAF y GMV se adhieran a los compromisos de responsabilidad social corporativa y a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, resulta evidente que las empresas tienen la obligación fundamental de defender y respetar los derechos humanos. Estos principios dictan que las empresas tienen prohibido participar en cualquier actividad que viole los derechos humanos.
Además, CAF presentó un informe al Ministerio de Industria español en respuesta a una petición y una denuncia del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. En este informe, CAF se defendía afirmando que «El tranvía presta un servicio público necesario y que lo hace sin discriminar por razones étnicas o religiosas, ya que los palestinos pueden utilizarlo, así como la megafonía». Sin embargo, en realidad, los palestinos se enfrentan a restricciones israelíes cuando intentan acceder a la Jerusalén Este ocupada, donde opera una parte del JLR. Los palestinos deben pasar por los puestos de control de la ocupación israelí y obtener permisos especiales de las autoridades de ocupación israelíes, que no suelen concederse fácilmente. La concesión de permisos también varía en función de si los palestinos proceden de Gaza, Cisjordania o Jerusalén Este, lo que desvirtúa la afirmación de CAF.
Además, es importante señalar que el gobierno concedió a la empresa un plazo de un año para presentar un informe independiente sobre la situación del metro ligero de Jerusalén. Sin embargo, el informe emitido por la empresa se limitaba a hacer una referencia general a las quejas recibidas en el Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria en relación con un proyecto «desarrollado en Jerusalén». Lamentablemente, el informe no aportaba detalles concretos sobre las cuestiones relativas a los tramos en el Jerusalén Este ocupado, como el apoyo a los asentamientos ilegales y las violaciones del derecho internacional.
Teniendo en cuenta los hechos mencionados, resulta evidente que estas dos empresas multinacionales españolas han participado activamente en el proyecto de infraestructuras que no sólo refuerza y apoya la expansión de los asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas confiscadas, sino que también contribuye al desplazamiento y la fragmentación continuos de las comunidades palestinas y a la anexión ilegal de la Jerusalén Este ocupada.
Además, ignoran el hecho de que Jerusalén Este está bajo jurisdicción palestina según el derecho internacional. Tales acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos. Tales acciones son claras violaciones del derecho internacional y atentan contra los principios éticos de solidaridad.
Dada mi responsabilidad y mi firme creencia en el firme apoyo de España a .la causa palestina, insto encarecidamente a Su Excelencia a que tome medidas y acciones inmediatas y exija a CAF y GMV que suspendan y retiren su participación en estas actividades ilegales. Es crucial que asuman la plena responsabilidad de su colaboración y cumplan con las obligaciones que les impone el derecho internacional. En caso de que estas empresas no lo hagan, afirmamos nuestro derecho a exigirles responsabilidades a través de las medidas legales internacionales apropiadas.
Espero con impaciencia su respuesta y espero tener noticias suyas lo antes posible.
Más información:https://causaarabeblog.blogspot.com/2023/11/industria-apoya-la-causa-palestina-pero.html
https://causaarabeblog.blogspot.com/2023/09/en-una-carta-la-que-ha-accedido-este.html
Fuente: https://causaarabeblog.blogspot.com/2023/11/el-ministerio-espanol-de-industria.html