Enrique Díez, coordinador del Área de Educación, señala que «Méndez de Vigo y su equipo contravienen la voluntad mayoritaria del Congreso y hacen oídos sordos a la realidad política actual al seguir firmando medidas para desarrollar la LOMCE con la misma soberbia y sectarismo con que el PP impuso esta contrarreforma educativa». Izquierda Unida, a […]
Enrique Díez, coordinador del Área de Educación, señala que «Méndez de Vigo y su equipo contravienen la voluntad mayoritaria del Congreso y hacen oídos sordos a la realidad política actual al seguir firmando medidas para desarrollar la LOMCE con la misma soberbia y sectarismo con que el PP impuso esta contrarreforma educativa».
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, denuncia que el Gobierno en funciones del PP y, más concretamente, su ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, «se burla de democracia y del Parlamento al mantener su hoja de ruta para seguir imponiendo la denostada ‘Ley Wert’, desoyendo la decisión mayoritariamente aprobada por el Congreso de paralizar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
Para Enrique Díez, coordinador del Área de Educación de IU, «Méndez de Vigo y su equipo contravienen la voluntad mayoritaria del Congreso y hacen oídos sordos a la realidad política actual al seguir firmando medidas para desarrollar la LOMCE. La misma soberbia y sectarismo de su extinta mayoría absoluta que sirvió para imponer esta contrarreforma educativa, la mantienen ahora al tratar de imponer el desarrollo de una ley cuando no son más que un Gobierno ‘en funciones’ a la espera del cambio».
Díez hace una referencia directa a la prueba de final de Primaria, «cuyo único objetivo real en la LOMCE es generar un marco de referencia en el que basar las decisiones que permitan identificar, etiquetar y seleccionar a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la Secundaria. Esto se mantiene a pesar del recorte de apoyos y recursos que acompaña a esta ley, cifrado en cerca de 8.000 millones de euros».
Recuerda que el Congreso rechazó el pasado 5 de abril la aplicación de reválidas, únicamente con los votos en contra del PP. «El resto de grupos parlamentarios -añade el dirigente de IU- evidenciaron su conexión con la realidad y responder a las demandas de la mayoría de los representantes de padres y madres, docentes y estudiantes que se oponen a las reválidas. Este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven para el desarrollo de un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, que es el que miden este tipo de evaluaciones».
Enrique Díez advierte de que «pese a esta realidad, el ministro hace oídos sordos con la publicación en el BOE del pasado 15 de abril de una resolución que implanta ‘cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro’ para la evaluación final de Educación Primaria».
Para Izquierda Unida, estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección «analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada: inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados».
Además, pregunta a las familias de qué nacionalidad son, como si esto fuera un determinante del aprendizaje; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o ‘cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…’
A los equipos directivos les requiere información hasta en tres ocasiones sobre si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a Internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. «Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje», señala Díez.
Estas reválidas -que incluso ya cuentan con que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el 12 de abril un conflicto de competencias entre Cataluña y el Ministerio de Educación- irán acompañadas de este tipo de cuestionario para todo el territorio. «Además de que sólo se publican en una de las lenguas oficiales, las preguntas que contienen parecen diseñadas para certificar lo obvio: donde no hay recursos y apoyos los resultados serán peores pero, aun así, siempre hay posibilidad de que pese a las adversidades haya docentes y alumnado capaz de superarlas y obtener resultados incluso brillantes en mitad de la miseria. Estos serán, como en otras ocasiones, a los que se ‘exhiba como trofeos’ para demostrar que las cosas las están haciendo bien», expone el coordinador de Educación de IU.
Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente y significativa en los resultados escolares de los países en los campos o aspectos evaluados. Más bien al contrario, se observan efectos negativos y debilidades técnicas al tener sólo en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizarlas, así como problemas de comparabilidad entre ellas.
Enrique Díez detalla que un problema añadido, como denuncian desde el Foro de Sevilla, «son los efectos negativos añadidos de estas evaluaciones estandarizadas: a) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado que tiene docencia directa, pues se recurre a otros profesionales; b) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar exámenes; c) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida; d) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares».
«Desde el Área de Educación de Izquierda Unida seguimos apostando por otra Educación posible y trabajando con el resto de la comunidad educativa en el proyecto común de una Ley Educativa de tod@s y para tod@s en el que el protagonista real de todo el proceso sea el alumnado y la comunidad educativa, y no la ideología neoliberal dominante al servicio de un mercado precarizado y un modelo de sociedad injusta y desigual», concluye su coordinador.