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Mientras el relator de la ONU ha calificado la presión a las comunidades mapuche como “de criminalización de las legítimas demandas de los pueblos indígenas”, el gobierno sigue prestando todo su apoyo a la poderosa industria forestal.

El modelo forestal impuesto sobre territorio mapuche

Fuentes: Ecoceanos News

Organizaciones de medio ambiente de Santiago y representantes de las comunidades Mapuche-Lafquenche rechazaron este fin de semana la reapertura de la factoría de Celulosa Arauco de Valdivia y criticaron en duros términos al Presidente de la República por el apoyo que le ha brindado al grupo forestal Angellini, propietario de este gigantesco y contaminante complejo […]

Organizaciones de medio ambiente de Santiago y representantes de las comunidades Mapuche-Lafquenche rechazaron este fin de semana la reapertura de la factoría de Celulosa Arauco de Valdivia y criticaron en duros términos al Presidente de la República por el apoyo que le ha brindado al grupo forestal Angellini, propietario de este gigantesco y contaminante complejo industrial.

Además, en una reunión con periodistas, las organizaciones ciudadanas afirmaron que coordinadamente comenzarán una nueva fase de oposición a la actual forma de operación de esta industria y «al modelo forestal que arrasa con territorios, comunidades y economías locales».

Estos nuevos esfuerzos tendrán tres líneas de trabajo: acciones legales, campaña internacional y un nuevo impulso a las acciones nacionales. Todo esto con el fin de exigir a la compañía que integre nuevas ! tecnologías, que existen en el mercado, a su proceso industrial, con las cuales podría llegar a generar cero emisiones de contaminantes.

Sin embargo, este cambió significaría que esta factoría genere rentabilidad de un 20 por ciento, lo cual es considerado bueno, «pues los proyectos industriales apuestan a rentabilidades del 12 por ciento», según el economista y director de Oceana América del Sur, Marcel Claude.

Con el actual proceso contaminante, Celco recibe rentabilidades por sobre el 70 % dijo Claude, quién también criticó al Presidente de la República, Ricardo Lagos, por tener «conductas poco éticas e inmorales».

Por su parte Lucio Cuenca Director del Observatorio de Conflictos Ambientales reclamo por la nula responsabilidad de CELCO acerca del daño ya realizado al Santuario de la Naturaleza, la salud de las personas y el daño a otras actividades económicas de la zona.

Pero las críticas a Celco también vinieron desde! la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para Améri! ca Latin a (RAPAL). Su coordinadora, María Elena Rosas afirmó que el grupo Angelini continúa diseminando en el mar y en sus vías de desagüe industrial, toxinas y cloros, con lo cual viola el Convenio de Estocolmo que firmo y ratificó Chile, acerca de la disminución y eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs).

«Las dioxinas de las celulosas chilenas no solo están afectando a nuestro país, sino que a otros países porque estas sustancias persisten en los ecosistemas y organismos y se trasladan a grandes distancias», afirmó la especialista de RAPAL

Factorías de celulosa en territorio mapuche
A pesar que la fabrica de Celulosa Celco está instalada en la pequeña comuna de San José de la Mariquina, en la región de Valdivia, a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, su contaminante forma de funcionamiento, y sus espectaculares y poco creíbles respuestas a la comunidad local, el conflicto deja ver una crítica generalizada porque e! s parte de todo un modelo que genera miseria, destrucción del ambiente y devastación de comunidades mapuche.

El dirigente de la Agrupación Konapewman, Alfredo Seguel, dijo que «la planta CELCO para poder funcionar necesita miles de hectáreas de pino. Esto, sobre el territorio mapuche y sobre las tierras de muchos campesinos chilenos pobres. Creemos que es el momento de cuestionar el modelo y de defender integramente los ecosistemas».

«Cabe intervenir para definir un ordenamiento territorial en estas zonas, porque hasta ahora lo han diseñado otros y la ciudadanía no ha tenido ningún nivel de incidencia», afirmó Seguel.

«Los principales enemigos con respecto a las reivindicaciones territoriales y los derechos de las comunidades mapuches -agregó el dirigente- han sido las empresas forestales, especialmente de la Forestal Arauco y Forestal Mininco, que han sido parte de todo el proceso de judicialización y criminalización de las demandas m! apuches».

En este sentido, Iván Cárialo, otro dir! igente L afkenche dijo que «el modelo forestal no es un tema reciente en nuestras comunidades, producto de lo mismo hay mucha gente que está siendo perseguida, y viviendo en la clandestinidad. La política forestal en términos macroeconómicos está llevando la delantera en estadísticas en el exterior, y eso hace que haya una tremenda presión hacia los poderes del Estado para que de alguna manera se vaya impulsando en territorio mapuche sin consulta a las comunidades».

Al respecto, Director del Observatorio de derechos de los pueblos indígenas, afirmó que «el tema del ducto al mar viene a ser la fase final de un proceso de expansión forestal de bosque exótico. Es más grave que el impacto en el Río Cruces, lo que está ocurriendo en las comunidades indígenas desde la Región del Bío-Bío hasta la Isla de Chiloé, que se están viendo desterradas por este proceso. Una política que es apoyada con subsidios del Estado, y que también se traduce en un esfuerzo desde entidades cómo CO! NAF, para que los pequeños propietarios indígenas se sumen a ello a través de las plantaciones con especies exóticas»,

«Lo generado en el Río Cruces es la punta del iceberg, ya que lo que está en juego, desde la perspectiva de las organizaciones indígenas y también la nuestra, es el modelo de expansión forestal sin consentimiento de las comunidades, sin el consentimiento del pueblo mapuche y CELCO se inserta claramente en ese proceso, que desgraciadamente el Gobierno a incentivado» agregó el investigador.

«El presidente Ricardo Lagos ha señalado que las plantaciones forestales en Chile se van a más que duplicar en los próximos años, y ha dado todo su respaldo a esa iniciativa. La preocupación de las comunidades, y que nosotros compartimos tiene más que ver con este proceso impuesto en contra de la voluntad de los mapuches».

Denuncias ante instancias internacionales
Consultado por los próximos pasos de las comunida! des mapuches para demandar sus derechos y reivindicar sus terr! itorios, Aylwin dijo que «este es un proceso largo (…), las comunidades han reclamado a través de distintos mecanismos por la expansión forestal, y por el proceso de las centrales hidroeléctricas del Bío- Bío, que en los años han desarrollado un proceso denominado de ‘desobediencia civil’, proceso que ha sido duramente reprimido desde el Estado, por la fuerza pública y por las acciones judiciales

Sin embargo este proceso, informó Aylwin, ha sido calificado por «el relator de la ONU como de criminalización de las legítimas demandas de los pueblos indígenas».

El jurista recordó que «el Gobierno llevó este conflicto a los tribunales y si bien obtuvo unas victorias a través del uso de la legislación antiterrorista en los últimos días han habido fallos emblemáticos porque no se demuestra la existencia de una asociación terrorista mapuche, ni que las acciones que han desarrollado revisten el carácter de terrorista.

Algo que para este jurista, «plante! a un nuevo escenario que debiera llevar al Gobierno hacia generar puentes para un diálogo, más que seguir adelante con su política de imposición de proyectos de esta naturaleza».

Las otras acciones que les quedan al movimiento son en instancias internacionales, las que suponen el agotamiento de las instancias nacionales. «Cada vez más este es un Gobierno que no ha tenido la disposición a dialogar temas relevantes para las comunidades, y en los tribunales en muchas ocasiones no son escuchadas, como es el caso de los recursos de protección en el caso de CELCO, entonces las comunidades empiezan a mirar hacia las instancias internacionales de derechos humanos, cómo la Comisión Interamericana, y otras instancias de Naciones Unidas para hacer sus denuncias».

«Todo parece demostrar que al Estado chileno le importa mucho más la censura internacional, que la protesta social», opinó el Director del Observatorio de derechos de los pueblos indígenas

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