El «Acuerdo» firmado entre gallos y medianoche por toda la ultraderecha de RN+UDI+Evópoli con la oposición ex Nueva Mayoría, más una parte del Frente Amplio encabezada por el diputado Gabriel Boric quién, según el mismo, se jugó su «capital político» en la firma, no pudo con las manifestaciones que siguieron sacudiendo todo Chile, pero abren […]
El «Acuerdo» firmado entre gallos y medianoche por toda la ultraderecha de RN+UDI+Evópoli con la oposición ex Nueva Mayoría, más una parte del Frente Amplio encabezada por el diputado Gabriel Boric quién, según el mismo, se jugó su «capital político» en la firma, no pudo con las manifestaciones que siguieron sacudiendo todo Chile, pero abren una fase de debate acerca del camino a seguir y los pasos a dar dentro del movimiento social en estado de rebeldía (*).
Es esa manera de hacer «política» la que hoy genera rebeldía. Es cuando «lo político» vuelve al pueblo que se activa la casta con el fin de capturar la rebeldía y el poder del pueblo movilizado. Hecho que ha quedado al desnudo y que vale más que mil manuales de Ciencia Política.
La toma de consciencia hizo su irrupción a través de la Rebelión Social iniciada el 18 de octubre contra el modelo neoliberal imperante y sus múltiples abusos, el régimen político que lo sostiene y la elite política profesional que goza de privilegios considerados hoy indecentes. La exigencia de Asamblea Constituyente que desmantele el neoliberalismo ha sido el núcleo de las consignas compartidas en cada marcha. Es decir politización colectiva de los individuos.
La indignación ciudadana esta vez incorporó la prueba fehaciente de la ingerencia de la casta política parlamentaria en un proceso constituyente que ésta nunca supo ni quiso generar. El Congreso se revela una vez más en toda su inoperancia: como un ente de la vieja institucionalidad que intenta capturar, domesticar y/o neutralizar la energía desplegada por la intempestiva Rebelión Social y Popular de Octubre. Su política tiene un objetivo central y no confesado, por supuesto: intentar reparar la brecha social, política y cultural que desestabiliza a Chile. Además de otorgarle impunidad al gobierno del Presidente Piñera-Chadwick-Blumel-Ubilla.
Y por ende, se desprende de lo anterior: esa política institucional busca criminalizar al pueblo con el dispositivo legal del orden dominante para «normalizar» de manera represiva y salvaje como nunca se había visto en un país de la OCDE.
Las «razones» de la casta política
El trasfondo político del acuerdo de la oposición parlamentaria es una transacción con la ultra derecha neoliberal que se ha visto empujada a resolver la crisis (a su manera, es decir manteniendo los pilares del neoliberalismo), bajar el perfil del presidente Piñera como responsable directo en la violación brutal de los DD.HH, darle un respiro al régimen y a sus agentes represivos y permitirle a las fuerzas política y empresariales del Orden Neoliberal de establecer una nueva alianza hegemónica (con sectores DC) para hacer frente a la movilización social y popular y a la propagación de sus reivindicaciones. Pacto «constitucional» a la que la derecha se allanó en posición de debilidad en un comienzo, pero frente a una «oposición» timorata que no quiso aprovechar el momento político. Más preocupada en relegitimarse como conciliadora y «razonable» ante los ojos de una ciudadanía crítica y en estado de politización permanente ante las secuelas destructivas del horror neoliberal para la vida social y cotidiana.
Las consecuencias de la firma del «Acuerdo» de 12 puntos fueron algo inesperadas, el Partido Comunista se restó a su firma y lo denunció sin remilgos.
En un primer tiempo el Frente Amplio quedó anonadado con la decisión del diputado Gabriel Boric de monitorear el acuerdo. Si bien la presidenta de Convergencia Social (FA), la diputada Gaël Yeomans se retiró del Congreso y no se prestó para firmar, dejando solo a Boric para que lo hiciera en nombre propio. Fue evidente que Yeomans estaba sobrepasada por el acuerdo e incapaz de intervenir. Las consecuencias reales se harían sentir más tarde cuando Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso y figura emblemática del Frente Amplio, renunció a la militancia de Convergencia Social junto con setenta militantes y criticando a Boric y a los dirigentes de la orgánica parlamentarizada.
El pacto firmado entre cuatro paredes por la casta política vino a cortocircuitar la iniciativa democrática de los Alcaldes de Chile de iniciar una consulta propia con cabildos a los largo de todo Chile.
Fue evidente que los políticos del régimen se apropiaron del tema de la «Paz» y «nueva constitución». Saben que así se hace: retomar partes del discurso del rebelde movilizado para desvirtuarlo. Y cuentan con el fenómeno del desgaste esperado del movimiento. Pues es verdad que el tiempo político siempre apremia. Ya que un «acontecimiento» político de la envergadura de la Rebelión tiene como característica la de aparecer de improvisto, ocupar la escena y hacerse carne en la multitud (inmensa, hemos visto) que se afecta ella misma con sus pasiones compartidas como la dignidad y la igualdad, así como la cólera ante los abusos pero, que también se desvanece si no cristalizan esos deseos de cambio estructural, justicia, igualdad y democracia en un proyecto con bordes más o menos definidos. O, en su defecto, su energía es capturada por las instituciones del régimen.
Avancemos un punto que muestra la incompetencia de los negociadores de la casta política de oposición que acordaron y concedieron, sin apoyarse en la correlación de fuerzas favorable al pueblo movilizado: en ningún punto de lo pactado se establece que el dispositivo mediático de la derecha tendrá (todos los medios tradicionales TV e impresos le pertenecen), como es lógico, que garantizar (por ley) la pluralidad de las opiniones constitucionales (tiempo y hora equitativa) y cubrir las actividades que el pueblo se da para redactar una Nueva Constitución que garanticen los derechos sociales y colectivos que permitan avanzar en el desmantelamiento del modelo neoliberal y el productivismo depredador del capitalismo chileno.
Además, es obvio que pudieron haber impuesto el método democrático de mayoría simple para aprobar el articulado constitucional en el debate venidero en la ahora llamada Convención Constituyente. Es lo que se desprende del clamor de las plazas públicas y calles movilizadas. Lo que obliga a los movilizados a diseñar una estrategia mediática que contraataque la ofensiva de desinformación del régimen y de sus sostenedores.
Un botón de muestra del poder mediático
Justo antes del «Acuerdo», el Canal 13 de propiedad del empresario minero-bancario Andrónico Luksic, había iniciado una campaña del terror, con montaje de imágenes y voz en off de fondo sobre «vandalismo» y «saqueos»; práctica mediática tendiente a mostrar que el «desorden» era la causa que Chile cayera en «recesión técnica», y que de continuar así «se perderían 300 mil empleos». El 13 le hacía eco al ministro Briones de Hacienda (un neoliberal declarado), quien se dio por misión responsabilizar al pueblo movilizado de la crisis económica, del alza del dólar y del aumento de los artículos de primera necesidad, además de la «baja de las inversiones» … Todo falso, pues es una crisis capitalista global (desde el 2008) que afecta una economía abierta, sensible y frágil a los vaivenes de los «mercados» como la chilena.
Producir chantaje, miedo e incertidumbre para atemorizar al telespectador serán los objetivos del dispositivo mediático tradicional en esta fase.
La movilización continúa y la represión sigue después del pacto de la casta
Y sin embargo, el clamor sigue: «Chile será la tumba del neoliberalismo» y «Chile despertó» continúa escuchándose con fuerza en plazas y en los rincones más insospechados del país. Y es un programa político al que hay que darle contorno en una nueva fase de la Rebelión que demostró ser capaz de parar Chile el martes 12 pasado, si el pueblo de trabajador/trabajadoras, ciudadano y juvenil/estudiantil así lo quiere y se prepara.
El viernes 15, Plaza de la Dignidad fue ocupada masivamente, y la represión policial de Carabineros fue tan brutal como la descargada sobre las masivas manifestaciones desde los inicios de la Rebelión Social y Popular que partió el 18 de Octubre.
Es el fondo del cuestionamiento, y es el sentir profundo del movimiento social de vanguardia crítico al régimen político de democracia liberal autoritaria, a su modelo económico de apropiación privada y concentración de la riqueza en un 5% de la sociedad y a la casta política corrupta asociada a la indolencia ante los abusos, es que pudo haberse obtenido mucho más en las negociaciones del «Acuerdo». Que aparte de darle motivos para criminalizar al movimiento social democrático y anti-neoliberal puede ser considerado como una victoria pírrica de la derecha al mantenerle su poder de bloquear la redacción de una constitución democrática con 1/3 de votos en una futura Asamblea Constituyente (llamada ahora «Convención»). Algo así como la vieja Constitución del 80 perpetuada en un mecanismo para redactar una «nueva».
Pero no sólo el poder de la ultraderecha de Chile Vamos permanece mecánicamente intacto en todo el proceso constituyente sino que los defensores del régimen cuentan con que será más difícil juzgar a los responsables de los crímenes y destituir a Piñera por Crímenes contra la Humanidad.
La táctica del régimen apunta al control del proceso, al desgaste de la movilización y a la represión brutal
Además, y no lo menos, el llamado proceso constituyente o mecánica operativa, quedará en manos de una «Comisión Técnica», nombrada por la casta política en el Congreso. Junto con esto, los medios de comunicación tradicionales televisivos e impresos en manos de la derecha (todos sin excepción) – como lo argumentamos- no estarán obligados (no fue parte del acuerdo firmado y es una imperdonable concesión del bando de oposición a la ultra derecha neoliberal) a dar espacio equilibrado y cobertura informativa pluralista por ley al proceso Constituyente que se inauguraría con un plebiscito de entrada en abril próximo.
Acentuar el carácter anti-neoliberal y unitario de la Rebelión con las demandas sociales y concretas del pueblo
La convergencia de las luchas es realidad. El avance de NO+AFP es un hecho. La existencia de UKAMAU, una fuerza social. Las luchas estudiantiles/juveniles: voluntad que se mantuvo en una disposición renovada. La lucha mapuche, un ejemplo histórico de resistencia y de avance con su reivindicación de un Estado plurinacional. Las convergencias de las luchas sindicales y populares en la Mesa de Unidad Social, un progreso.
El Paro Nacional del martes 12 de noviembre fue un ejemplo. Convocado por una amplia gama de fuerzas ciudadanas y trabajadoras fue un éxito total. Detuvo al país. Mostró un camino. Es la vía de unidad social y de convergencia de todas las luchas y demandas sociales para avanzar e imponer una Asamblea Constituyente de elección democrática que cuestione el acuerdo de los 2/3 que significa que con 1/3 la derecha puede impedir una Constitución democrática que sepulte definitivamente a la pinochetista del 80.
Con mayor razón se impone crear asambleas populares de base que definan la manera de hacer frente a esta fase de debate popular acerca de la estrategia a desarrollar y, eventualmente, elegir delegados con el programa y el mandato del pueblo movilizado.
(*) «La Cocina» es el nombre dado en Chile a la situación política en que se toman decisiones a espaldas y a escondidas del pueblo. «La Cocina» viene del hecho ocurrido en el último mandato de Bachelet cuando su ministro de Hacienda, un socialista de apellido Arenas, fue llevado por un viejo político DC y ex golpista (Zaldívar) junto con otro de la ultraderecha neoliberal (Larraín) a tomar té con galletas en salón y cocina de uno de ello. Ahí se le convenció de no aplicar un impuesto a las empresas. Este era un punto del programa de Bachelet.
Leopoldo Lavín Mujica, M.A. en Communication publique y profesor de filosofía jubilado.
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