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Entrevista al periodista Joan Canela, autor de Insubmissió! Quan joves desarmats van derrotar un exèrcit (Sembra Llibres)

“El movimiento por la insumisión fue una gran escuela de politización y militancia”

Fuentes: Rebelión

Entre 20.000 y 50.000 jóvenes se implicaron, entre 1989 y 2001, en el movimiento de desobediencia pacífica por la insumisión en el estado español; 1.670 muchachos entraron en prisión y más de 600 pasaron a la clandestinidad.

Es el balance incluido en el libro del periodista Joan Canela Insubmissió! Quan joves desarmats van derrotar un exèrcit, publicado por Sembra Llibres. El autor es actualmente corresponsal del periódico Público en Valencia, fue editor del Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.Cat y ganó en 2018 el Premio València Negra con la novela Napalm, coescrita con Jordi Colonques.

Insubmissió! se acerca a episodios como el concierto contra la mili y la Prestación Social Sustitutoria (PSS) de Barcelona, en febrero de 1990, con la actuación de Lluís Llach, Elèctrica Dahrma, Joan Amèric y Albert Pla y la asistencia de más de 10.000 personas; la primera guerra de agresión a Iraq, iniciada en agosto de 1990, en la que participó el estado español; “el envío de soldados de leva al Golfo tuvo como efecto una explosión de los casos de objeción de conciencia e insumisión”, resalta Joan Canela; se produjeron entonces cinco deserciones. Constituyó otro hito reivindicativo el plante de 1993, por el que 45 insumisos en tercer grado se negaron a dormir en la prisión para forzar su encierro. La siguiente entrevista se realiza por correo electrónico.

-El libro toma como punto de partida el 20 de febrero de 1989. ¿Qué ocurrió ese día?

Ese día se presentaron ante los gobiernos militares de distintas provincias 57 jóvenes que anunciaron que no iban a hacer el servicio militar obligatorio (SMO) ni la recién aprobada prestación social sustitutoria (PSS). Se considera el inicio de la campaña de insumisión, una estrategia de desobediencia civil que retomaba la lucha de los objetores de conciencia de los 70 y 80, y que consiguió acabar con la odiada mili una década después.

-El servicio militar obligatorio se abolió en el Estado español en 2001. En algo más de una década, se produjo “una de las derrotas más humillantes de las Fuerzas Armadas y el Gobierno del Reino de España”, afirmas. ¿Qué tipo de acciones desarrolló el movimiento antimilitarista?

La principal acción fue un sencillo ‘no’. La negativa a incorporarse tanto al servicio militar como a su alternativa civil. Naturalmente, esta no era una acción individual (aunque era cada joven el que decidía si desobedecía o no) sino colectiva, así que vino acompañada de multitud de acciones, tanto de protesta como de apoyo a los insumisos juzgados o encarcelados. Hubo campañas de autoinculpación del delito de “inducción a la deserción”, ocupaciones de edificios públicos, instalaciones militares y sedes de partidos políticos, boicot a entidades que colaboraban con la PSS, etc. etc. Además de una movilización permanente y una campaña de difusión y agitación muy intensa, sobre todo a principios de los 90.

-¿Fue ideológicamente uniforme el movimiento de desobediencia civil contra la leva obligatoria?

El movimiento fue muy diverso ideológicamente (transversal que se diría hoy) con gente con motivaciones pacifistas y antimilitaristas, pero también un fuerte componente libertario, izquierda marxista, independentistas e incluso cristianos de base o activistas gays. Aparte de muchos jóvenes que sencillamente no querían hacer la mili y a partir de este movimiento tuvieron sus primeros contactos con los movimientos sociales. Fue una escuela de politización y militancia enorme.

-¿En qué territorios del estado español se dio un mayor apoyo a la insumisión? ¿Coincide con el de mayor número de juicios y condenas?

El mayor número de insumisos fue en Euska Herria  (País Vasco y Navarra) y Catalunya (hay diferentes cifras del número de insumisos en cada territorio, así que no se sabe cuál aportó más, aunque en proporción a la población fue Euskal Herria) aunque la respuesta represiva fue muy diferente. Mientras que en el conjunto del Estado, se desarrolló una estrategia de represión selectiva, similar a la que el movimiento antimilitarista había previsto, en Euskal Herria esta fue masiva, y la mayoría de encarcelados fueron vascos y especialmente navarros. En Catalunya en cambio, tras un pequeño período de represión inicial, esta fue muy leve, casi inexistente. A muchos insumisos catalanes ni tan siquiera se les llegó a abrir un proceso penal, por lo que se hace imposible saber la cantidad de jóvenes desobedientes que hubo.

-¿Recibieron los antimilitaristas el apoyo de partidos de izquierda y sindicatos?

Esta campaña les tomó a contrapié a todos los partidos, incluso los más radicales como la izquierda abertzale. A pesar de la solidaridad antirrepresiva de los partidos de izquierda y también de vascos y catalanes, a los partidos parlamentarios les costó mucho entender esta lucha y sus juventudes a penas se implicaron en ella. En lo que respecta a los sindicatos, las confederaciones anarcosindicalistas dieron total apoyo desde un primer momento. En el caso de las centrales mayoritarias fue diferente. CCOO dependió mucho de las zonas, las federaciones y también del momento. UGT fue uno de los principales centros de reclutamiento de la PSS.

-El periodo de efervescencia contra la mili se dio durante los gobiernos del PSOE (1982-1996). ¿Qué mecanismos de represión utilizaron los poderes político y judicial? ¿En qué medida fueron importantes los seguimientos policiales y las “infiltraciones?

El principal mecanismo de represión fue la cárcel. Más de 1.600 jóvenes fueron encarcelados durante toda la campaña y tres de ellos perdieron la vida (un caso de suicidio, otro de desatención médica en la cárcel y una tercera atropellada por un coche de la Guardia Civil en una concentración). Estos encarcelamientos vinieron acompañados de una campaña de criminalización fracasada, ya que estos fueron cada vez más impopulares. Entonces se intentó reducir el tiempo en prisión de los insumisos, a lo que el movimiento aumentó sus acciones de desobediencia para forzar más encarcelamientos, consciente del desgaste que suponía para el gobierno. Finalmente se intentó cambiar la prisión por una “muerte civil”, que suponía la imposibilidad de trabajar para la administración, acceder a becas e incluso a la prestación de desempleo. En este momento hubo universidades y ayuntamientos que también desobedecieron contratando insumisos condenados.

El control policial en forma de teléfonos pinchados, seguimientos e incluso infiltraciones fueron constantes en el movimiento, pero no pudieron descabezarlo al ser este enormemente asambleario, descentralizado y de base. En este sentido, la actuación policial fracasó rotundamente.

-Por último, ¿qué lecciones cabe aprender para el presente de esta red de protesta civil no violenta?

Para mí, la principal lección es que cualquier campaña de desobediencia civil debe estar perfectamente planificada, tanto en sus métodos como en sus objetivos. A pesar de la imagen de jóvenes locos, los insumisos se prepararon a fondo, tanto teóricamente como a nivel práctico y eran plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones. También es imprescindible la creación de fuertes redes de solidaridad para aguantar los embates represivos.