Impiden que se investigue una denuncia por corrupción en la Agencia de Proyectos Culturales. El relato de los hechos no deja de ser tragicómico. Seguramente cualquier viñeta con un mínimo de salero sería más elocuente que la cruda realidad de lo que es la política asturiana. El diputado de IU, García Valledor, se marcha del […]
Impiden que se investigue una denuncia por corrupción en la Agencia de Proyectos Culturales. El relato de los hechos no deja de ser tragicómico. Seguramente cualquier viñeta con un mínimo de salero sería más elocuente que la cruda realidad de lo que es la política asturiana. El diputado de IU, García Valledor, se marcha del Pleno para no romper la disciplina de voto. Es decir, calla y otorga, pero se mantiene dentro de la coalición, dentro del pacto y, sobre todo, mantiene el el puesto.
Ya no habrá comisión que investigue sobre la gestión de Alejandro Alcázar, ex jefe del servicio de Arquitectura de la Agencia de Proyectos Culturales, recientemente destituido y que, a pesar de tener dedicación exclusiva, trabajaba para la empresa a la que debía controlar por llevar la ejecución del centro deportivo de Langreo.
También trabajó para otras constructoras como Sedes -adjudicataria de las obras de Espacios Universitarios de la Universidad Laboral-, para las obras del Museo de Bellas Artes -con un coste de 30 millones de euros-, para el Centro Óscar Niemeyer de Avilés y para el Parque de la Prehistoria de Teverga.
Incluso, parece ser, que también formaba parte de la mesas de contratación de diversas obras. Todo un maestro del pluriempleo y de las incompatibilidades, pero mucho más las autoridades políticas que se lo permitieron.
Evidentemente, la presunción de inocencia siempre ha de ir por delante, pero cuando los indicios apuntan a que puede haber algo, lo haya o no, la investigación debe de abrirse y más cuando hablamos de la cosa pública y de cargos públicos pagados con dinero público.
Tres graves cuestiones quedan en el aire:
Primera, que el «pacto» de gobierno entre el PSOE-IU es un rodillo «legal» que todo lo puede. Porque, tanto como se merma la oposición se aumentan los cargos, sillones y las regalías. Y esto, además, tiene un precio: el silencio (o la complicidad).
Segunda, que lo relacionado con la incompatibilidad de cargos y funciones entre lo público y lo privado queda anulada, permitida, se puede estar en ambos bandos al mismo tiempo. En cualquier caso, ser policía y ladrón, todo en uno.
Tercero, en todo este affaire estamos hablando de dinero público, despilfarro o al menos de la posibilidad de que suceda. No parece que la austeridad sea lema, en absoluto, para este Gobierno de Asturias del PSOE-IU, para esta Administración «pactada» que intenta gobernar debajo de la mesa, a oscuras, mientras se mueven los millones. La crisis y sus consecuencias no es para ellos.
Por otra parte, si el «pacto» implica hacer el rodillo ante algo tan elemental como es abrir una simple comisión de investigación o similar y, por otra, se admite expresamente participar en el gobierno como parte contratante y en la empresa privada como beneficiaria de cualquier contrato, el negocio es redondo. Así se abren las puertas, de par en par, para montar cualquier negocio, especulación o lo que cada uno pueda. Barra libre.