En la Comunidad de Madrid ya hay nuevo gobierno. La elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional en la Asamblea de Madrid, ha tenido lugar con los votos a favor de lo que ya es conocido como «trifachito» (PP, Ciudadanos y Vox). El 19 de agosto de 2019 se hicieron públicos los nombres de […]
En la Comunidad de Madrid ya hay nuevo gobierno. La elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional en la Asamblea de Madrid, ha tenido lugar con los votos a favor de lo que ya es conocido como «trifachito» (PP, Ciudadanos y Vox). El 19 de agosto de 2019 se hicieron públicos los nombres de las consejeros/as nombrados por PP y Ciudadanos.
– PP: Eugenia Carballedo (consejera de Presidencia), Javier Fernández-Lasquetty (consejero de Hacienda y Función Pública), Enrique López (consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo), Enrique Ossorio (consejero de Educación y Juventud), Paloma Martín (consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad), Enrique Ruiz Escudero (consejero de Sanidad) y David Pérez (consejero de Administración Local y Vivienda).
– Ciudadanos: Ignacio Aguado (Vicepresidencia, consejero de Deportes, Transparencia y Portavocía del Gobierno), Manuel Giménez (consejero de Economía, Empleo y Competitividad), Alberto Reyero (consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad), Ángel Garrido (consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras), Marta Rivera de la Cruz (consejera de Cultura y Turismo) y Eduardo Sicilia (consejero de Ciencia, Universidades e Innovación).
A pesar de la entrada de Ciudadanos, este es un gobierno de continuidad y heredero de los que han habido desde mediados de 1995 hasta la actualidad (gobiernos ‘modélicos’ en los que resultaron ‘imputados por corrupción’ varios de sus consejeros y hasta un presidente de la Comunidad, Ignacio Granados; además de la noticia recientemente conocida de que debido al caso de la financiación de la caja B del PP madrileño por parte de Indra, la fiscalía pide imputar a otras dos presidentas: Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Tendencia privatizadora
En el nuevo gobierno encontramos a firmes defensores de la privatización de los Servicios Públicos, como Ángel Garrido, consejero de Transportes, cuya consejería tiene en el punto de mira la privatización de Metro de Madrid (ya están llevando a cabo, de forma programada, el deterioro del servicio para justificarla). O como Javier Fernández-Lasquetty (Hacienda y Función Pública) que en su anterior etapa como Consejero de Sanidad es recordado por la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, que vino a garantizar a las empresas propietarias dueñas de los Hospitales Privados una fuente de ingresos segura («El mecanismo para convertir en un negocio la Sanidad Madrileña continúa dando frutos»), y por su responsabilidad en la planificación de los recortes del año 2012 en la Sanidad Madrileña (Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid); medidas que han traído como consecuencia el aumento de las listas de espera en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que todas/os padecemos en la actualidad. No podemos tampoco olvidar entre sus actuaciones, el intento de privatización total de los hospitales, que hubiese afectado al personal sanitario, ya que los servicios no sanitarios eran y siguen siendo prestados por las empresas concesionarias que construyeron los hospitales.
En este sentido, y saliendo al paso del malentendido que pueden generar algunos titulares periodísticos, consideramos imprescindible recordar que no se paralizó la privatización de la Sanidad Madrileña. Su nivel de privatización es el mismo antes y después de Lasquetty. Es decir, la privatización sigue presente en Madrid y tiene ‘grandes expectativas de negocio’, como demuestran los últimos movimientos en los cambios de las empresas dueñas de los Hospitales Privatizados en el SERMAS:
– En febrero del año 2019 el fondo holandés DIF cerró la compra del Hospital Infanta Leonor.
– En noviembre del año 2018 la americana Centene Corporation compró a Sanitas y Asisa su participación en Torrejón Salud (un 85%), la empresa que gestiona el Hospital de Torrejón de Ardoz.
– En 2017 se produce la compra por el grupo alemán Fresenius de Quirón Salud, propietaria del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Collado Villalba, Hospital de Valdemoro y la Fundación Jíménez Díaz.
Se anuncia una rebaja de impuestos
La nueva presidenta que ha elegido el Régimen Popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una fuerte bajada de impuestos, aunque la realidad de las cuentas de los presupuestos madrileños ha hecho que el Ministerio de Hacienda, y el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social mandaran a finales del mes de julio de 2019 a 11 comunidades autónomas una carta conjunta en la que les insta a «aplicar las medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad que sean acordadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos», entre las que está Madrid.
Con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados, el límite máximo de endeudamiento es del 2,4%, y Madrid ya está en el 5,7%, con lo que caben pocas dudas de que aplicarán un importante recorte de gasto.
El ‘Régimen Popular’
Los habitantes de la Comunidad de Madrid han «gozado», desde el año 1995 hasta hoy, de sucesivos gobiernos del Régimen Popular que se ha caracterizado por:
– El desvío ingente y constante a empresas privadas, de dinero destinado a los Servicios Públicos (educación, sanidad, servicios socio-sanitarios, transporte, etc), ‘para que los gestionen’, sin que a día hoy haya ningún informe que demuestre el ahorro de gasto y se garantice la eficacia de los Servicios Públicos privatizados.
– La corrupción, que en el próximo mes de septiembre pondrá a Madrid a la cabeza de un triste record, ser la primera Comunidad con más ex-presidentes/as imputados/as por corrupción: Ignacio González, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.
Ahora es el momento de ir trabajando entre todos/as en la unión de la clase obrera y la defensa de nuestros Servicios Públicos (que salen del dinero de nuestros impuestos), para parar y revertir su deterioro y privatización.