El gobierno ha dispuesto un préstamo de 7.500 millones de euros a la Seguridad Social para la paga extra de verano a los pensionistas. Un mal comienzo para la gestión del sistema de pensiones, pues supone la continuación de la práctica seguida por el PP de incumplir lo dispuesto en la Ley General de la […]
El gobierno ha dispuesto un préstamo de 7.500 millones de euros a la Seguridad Social para la paga extra de verano a los pensionistas. Un mal comienzo para la gestión del sistema de pensiones, pues supone la continuación de la práctica seguida por el PP de incumplir lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) cubriendo las diferencias entre cotizaciones y gastos mediante préstamos del Estado en vez de con simples aportaciones cuyo gasto debe ser soportado por el Presupuesto del Estado.
Es una práctica que burla la ley e ignora la posición de los sindicatos y los dictámenes de las auditorías públicas:
1º. En las leyes reguladoras de nuestra Seguridad Social, desde la Ley de Bases de 1963 hasta el Texto Refundido de la LGSS (TRLGSS) vigente, se previó la financiación por aportaciones del Estado, no préstamos. Son cosas diferentes. Es más, tanto en el TRLGSS de 1994, como en el actual de 2015, se prevé que las prestaciones contributivas puedan financiarse con aportaciones del Estado, sin alusión alguna a concesión de préstamos. Los gobiernos, con la excusa de las limitaciones presupuestarias acordadas con la Unión Europea, utilizan la ley anual de presupuestos para desvirtuar lo dispuesto en la LGSS y sustituir las aportaciones por préstamos.
2º. Las organizaciones sindicales han criticado duramente al PP por los préstamos a la TGSS de 10.192 millones de euros. Se trata de ingeniería financiera destinada a no reconocer el gasto, no incrementar el déficit del Estado trasladándolo a la Seguridad Social, imputándole una deuda falsa que ayuda a presentarla como endeudada y necesitada de un cambio de modelo.
3º. El Tribunal de Cuentas, en su informe último, recuerda que desde los años 90 se acumularon préstamos por 17.168,7 millones de euros, que añadidos a los del PP de 2017, hacen aparecer a la Seguridad Social fuertemente endeudada. Y dictamina «que debe acometerse el saneamiento de este endeudamiento» de la Seguridad Social. Desde 1996 el Tribunal constató que «la deuda recíproca y su contrapartida de gastos no aparece registrada en la contabilidad del Estado«, y estableció que lo más adecuado era «la condonación de los préstamos, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia, carácter que como se ha venido sosteniendo reiteradamente en años anteriores, deberían haber tenido desde el principio«.
Propuestas incumplidas por todos los gobiernos.
La reiteración en burlar lo dispuesto en la ley, abandonando la obligatoriedad de cubrir con aportaciones las carencias de cotizaciones, rompe un elemento central de sostenibilidad de nuestro sistema que es la garantía de las aportaciones del Estado en caso de necesidad. Pues el elemento último de garantía del sistema se basa en las aportaciones del Estado a la financiación de la Seguridad Social. Financiación que encuentra su respaldo en los recursos de todo sistema fiscal, no en impuestos finalistas concretos, sino en todo el sistema de ingresos y recursos del Estado. Y es ese lazo de garantía de sostenibilidad del sistema el que, irresponsablemente, se rompe con los préstamos.
Juan Miguel Fernández Ruiz. Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas, jubilado, y afiliado a UGT
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