10 años de instrucción judicial. Decenas de miles de folios acumulados. Múltiples equipos de funcionarios públicos y peritos movilizados. Miles de horas de esfuerzo, tiempo y recursos públicos invertidas. Y no es menor el esfuerzo ímprobo destinado por la otra parte, la acusada, con sus huestes de abogados, los muchos recursos planteados y el inconmensurable […]
10 años de instrucción judicial. Decenas de miles de folios acumulados. Múltiples equipos de funcionarios públicos y peritos movilizados. Miles de horas de esfuerzo, tiempo y recursos públicos invertidas. Y no es menor el esfuerzo ímprobo destinado por la otra parte, la acusada, con sus huestes de abogados, los muchos recursos planteados y el inconmensurable esfuerzo realizado para contener la información en los medios de comunicación. En total, una cifra imposible de calcular de recursos económicos y esfuerzo público y privado enterrados en un caso, el de las cesiones de crédito del SCH, que por fin ha llegado a juicio tras más de cuatro años de espera.
En estos momentos, a lo anterior, hay que sumar, además, una considerable cantidad de personas con una indignación acumulada sólo igualable, de visualizarse, a la altura de muchos pisos que alcanza en papel el trabajo realizado por la juez instructora, María Teresa Palacios, y por la acusación popular, representada por ADIC, una asociación de abogados madrileña, y ICV-EUA, sin las que la juez, a pesar de todas las evidencias, no habría podido proceder.
Esencialmente hay dos versiones, recordémoslas porque en los medios de comunicación más importantes sólo encontramos una, lo cual puede llevar a confusión a los no advertidos. La primera, la difundida por doquier, es que el caso de las cesiones de crédito no existe más que en la mente de los enemigos del SCH, que se trató de un producto financiero comercializado legalmente a finales de los ochenta por el entonces Banco de Santander y que la justicia, con su ineficacia, ha tenido injustamente a la entidad financiera en vilo durante todos estos años de extremada dilatación del proceso de instrucción.
Todo lo anterior viene aderezado por poderosos argumentos para quienes lo defienden, a saber: que en aquel momento, finales de los ochenta, todos los bancos comercializaron productos similares a las cesiones, como por ejemplo las famosas primas únicas; que el primer juez instructor, Miguel Moreiras, cerró el caso de las cesiones ya en 1996; que fiscalía y abogacía del Estado han estado pidiendo el sobreseimiento del caso desde casi el inicio del proceso; y que la acusación principal está instigada por el más enconado enemigo de Emilio Botín, Rafael Pérez Escolar. Desgraciadamente para todos, estas manifestaciones, por llamarlas de algún modo, se disuelven cual azucarillos en un océano de evidencias en su contra. Lo cual nos lleva a la versión dos, por llamarla también de algún modo.
En primer lugar, resulta que, en efecto, en aquellos años muchas entidades comercializaron productos del tipo de las cesiones de crédito del Santander, esto es, productos que intentaban captar depósitos -principalmente dinero negro- ofreciendo como reclamo la opacidad fiscal -garantizando la confidencialidad en la procedencia de los capitales y la no obligatoriedad de tributar por ellos-. Sin embargo, todas las entidades financieras implicadas acataron civilizadamente los requerimientos legales y colaborando con Hacienda cuando ésta les reclamó los datos de los titulares de los productos para, a su vez, reclamar a éstos los impuestos no pagados. Fue tal su colaboración que en algún caso, como fue el de La Caixa, la entidad incluso fue objeto de una querella por parte de sus clientes. El Banco de Santander fue la gran excepción a esta regla de colaboración civilizada.
En segundo lugar, lo que todavía hoy los defensores del banco se empecinan en ver como cierre del caso en 1996 tras el último auto del juez Moreiras, no resiste una lectura del auto en cuestión. Si bien es cierto que el citado juez, en sus ires y venires -fue un instructor voluble e inconstante-, acabó afirmando que la entidad financiera no era responsable de delito fiscal alguno, dejó sin embargo la puerta abierta a que la entidad pudiera ser acusada de delito de «cooperación necesaria» si se descubriera que alguno de los clientes del banco no hubiera regularizado su situación gracias a la colaboración del banco. Y a descubrir y probar tal cooperación necesaria se dedicó en parte la juez Palacios en los años venideros.
Que la fiscalía y la abogacía del Estado han estado pidiendo el sobreseimiento del caso desde hace muchos años, tanto en gobiernos del PSOE como del PP, es tan cierto como inaudito, habida cuenta de los descubrimientos y pruebas que se han ido acumulando a lo largo de estos años de instrucción judicial. Como insólito es que se pretenda desacreditar la legitimidad de un proceso simplemente por mentar al demonio de Botín, en este caso, Rafael Pérez Escolar. Si bien es cierto que este ex juez y abogado está detrás de muchas causas contra el SCH después de que el banco de Botín se hiciera con el Banesto, no es menos cierto que Pérez Escolar se persona siempre en todas las causas que impulsa sin ocultarse y en este caso, bien por falta de tiempo bien porque no es su guerra, no ha sido así. Pero, por suerte o por desgracia, tan fácil es desacreditar a una persona como difícil es desacreditar unos argumentos cuando estos tienen fuerza y razón. Y al centrar todo el protagonismo en Pérez Escolar se tiende a olvidar que, antes, fue ICV-EUA quien se expuso como única acusación popular en un momento clave para el proseguimiento de la instrucción, sin cuya personación la juez Palacios no habría podido continuar. Únicamente la falta de recursos, que no de voluntad, de esta modesta formación política fue la que le llevó después a un segundo plano en la causa.
La realidad, no obstante, es tozuda. La instrucción del caso de las cesiones de crédito ha acumulado datos que, muy significativamente, los periódicos no recordaron los días de apertura del juicio oral pero que siguen, obstinadamente, ahí. Hace ya más de 17 años que sucedieron pero eso no los hace desaparecer.
La realidad es que, en menos de dos años, entre 1988 y 1989, el Santander captó casi medio billón de las antiguas pesetas -más de 3.000 millones de euros- en nuevos depósitos. Para atraer tal volumen de dinero en tan poco tiempo, la entidad financiera se amparó en el uso de una figura legal, las cesiones de crédito de nuda propiedad, cuyos requisitos nunca cumplió y mediante la cual pretendía eximir a esos depósitos de sus responsabilidades fiscales, tanto a la hora de justificar sus rendimientos como su procedencia. Cuando la Agencia Tributaria reclamó a la entidad el cese de la comercialización de este producto, como hizo con los de otras entidades financieras, y la colaboración del banco para regularizar la situación fiscal de estos depósitos, la entidad inició una huida hacia delante que incluiría la ocultación y la falsedad según queda perfectamente documentado en la instrucción judicial. En la información que la entidad suministró a Hacienda, los peritos de ésta, y peritos externos a los que posteriormente se solicitó ayuda, identificaron hasta 9.566 operaciones con titularidad cambiada por el banco. Ese monto de operaciones acumulaban más de 145.000 millones de pesetas y contaban entre sus supuestos titulares a ciudadanos fallecidos, parados, jubilados sin poder adquisitivo y emigrantes. La mayoría de titulares reales acabaron regularizando su situación con Hacienda -el propio Banco de Santander llegó a pagar los 5.725 millones de pesetas que Hacienda le reclamaba, si bien lo hizo en disconformidad- pero, al cierre de la instrucción, la Agencia Tributaria todavía reclamaba más de 14.000 millones de euros en concepto de tributos no recibidos y eso constituía sólo la cifra que la Agencia Tributaria había podido estimar, pues más de 1.500 operaciones no habían podido ser identificadas o sus titulares localizados. Sin embargo, de la instrucción judicial se desprendía algo incluso peor que la insolidaridad fiscal demostrada por la entidad financiera y unos cuantos cientos de ciudadanos: se trata de la colaboración necesaria que el banco había prestado a sus clientes para ocultar los datos a Hacienda y para obstaculizar la investigación de la Agencia Tributaria, primero, y del juzgado de instrucción encargado del caso, después.
Esta colaboración necesaria, en lo que constituye hasta hoy el mayor fraude fiscal en tiempos de democracia en España, es a lo que se ha enfrentado principalmente la entidad financiera desde entonces. El SCH consiguió que los servicios jurídicos del Estado le exculparan -incluida la Agencia Tributaria, que contradictoriamente mantuvo mientras en su seno a un equipo de funcionarios que seguían descubriendo evidencias de la actitud obstructiva del banco-. Y consiguió la exculpación por escrito y bien claro. Para los que ya lo hayan olvidado, fue la actual vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en aquel entonces Secretaria de Estado de Justicia, la que rubricó la nota hecha pública por el último gobierno de Felipe González, en 1996, donde se establecía el criterio de considerar que no debía dirigirse «acción penal alguna» contra el Banco Santander por las retenciones no practicadas. Su postura era la de enviar a los juzgados ordinarios el caso de los particulares que hubieran obtenido incrementos de patrimonio no declarados, «sin exigencia de responsabilidad en las presentes diligencias al Banco Santander o a sus representantes». O sea, que había que perseguir sólo a los clientes. Pero esta incomprensible exculpación gubernamental de un ejecutivo en sus últimas horas -ya en funciones cuando se publicó la nota- no significaba una exculpación judicial.
Sólo la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo mando estaba Carlos Jiménez Villarejo, se mostró contraria a la connivente actitud del gobierno y de sus representantes en aquel momento con respecto al banco. Actitud que no se movería ni un milímetro con los gobiernos del PP y que sería nuevamente refrendada por el PSOE a su vuelta al poder con José Luís Rodríguez Zapatero. Pero gracias a las acusaciones populares y al tesón de la juez, la investigación judicial siguió adelante. Hasta hoy.
Hoy, la indignación de todos aquellos que han seguido este caso con estupefacción -los peritos y funcionarios que han participado de la investigación, los periodistas comprometidos con la justicia y no con el poder, los políticos honestos, los ciudadanos atentos- no procede sólo de ese perdón gubernamental. Como tampoco procede sólo de los argumentos del banco que ha hecho suyos la prensa de referencia: por ejemplo, la supuesta indefensión causada por la dilatación del proceso con grave perjuicio para la entidad financiera, cuando ha sido principalmente ella la causante de tanta dilación con su reiterada obstrucción y sus innumerables recursos muchas veces presentados a sabiendas de la imposibilidad de ganarlos; o como la constante referencia maniquea a Pérez Escolar o Ruiz Mateos para desacreditar el proceso a la par que jamás se menciona la monumental labor de investigación realizada por la Agencia Tributaria y los peritos externos. No, no es eso lo que causa mayor desazón. El principal motivo de indignación entre los que todavía creen en la justicia procede del hecho de ver a unos representantes públicos, el fiscal y el abogado del Estado, que no sólo no acusan en el proceso sino que han estado, codo con codo con la defensa del banco, haciendo todo lo posible para evitar que nadie más pudiera ejercer de acusación. El subterfugio legal esgrimido para ello es lo de menos. La traición al Estado de Derecho y a todos los que pagamos impuestos en él es lo principal.
Esto es lo que se dirime ahora, después de que el 23 y el 24 de noviembre se vieran ante el juez las cuestiones preliminares. En ellas, la fiscalía pública y la defensa del banco pretenden impedir que el juicio tenga lugar, declarándolo nulo -esto es archivándolo- por un defecto de forma en su tramitación. Según afirman, en un procedimiento abreviado, y el de las cesiones lo es, la acusación no puede venir sólo de la acusación popular, representada aquí por la Asociación para la Defensa de Inversiones y Clientes (ADIC) y por ICV-EUA -aunque esta formación presentó su escrito fuera de plazo-. Produce estupor que causa tan grave pueda archivarse por motivo tan nimio, pero así están las cosas. ADIC pide hasta 180 años de cárcel para Emilio Botín y otros tres directivos del banco y 46 millones de euros de multa para cada uno por su presunta participación en 36 delitos fiscales, un delito continuado de falsedad en documento oficial y otros tres delitos continuados de falsedad en documentos mercantiles. Si habrá o no juicio se sabrá el próximo 20 de diciembre cuando el juez resuelva sobre la cuestión de nulidad planteada por la fiscalía con apoyo de la defensa.
Dado que esta coincidencia total entre gobiernos de distinto color y la defensa de la entidad financiera no es nueva, sino que viene sucediéndose, para vergüenza de propios y ajenos, desde 1996-1997, los más escépticos riñen a los idealistas con un «qué esperabas». Pero deberíamos esperar mucho más. Las autoridades públicas han tenido que enfrentarse a una doble preocupación con el caso de las cesiones. La primera es la envergadura del banco implicado, bandera de la economía española dentro y fuera del país y agente económico con enorme poder. La segunda es la dependencia financiera de los partidos políticos de todos los colores, pero especialmente de las dos mayores formaciones, de las entidades financieras, sin cuyos créditos y condonación de deudas no podrían ganar elecciones. Sin embargo, todo ello podría no haber sido suficiente a tenor de la premura con que el banco de Emilio Botín se aprestó a echar un cable al gobierno en el caso Endesa en cuanto le fue posible. La financiación de la entrada de Acciona en Endesa, por parte del Santander, puede interpretarse como un movimiento de preparación para la fatídica fecha del 23-24 de noviembre, día en que se veían las citadas cuestiones previas del juicio por las cesiones y en el que el gobierno, a través del fiscal, podía actuar a su discreción. O también puede verse como un movimiento de agradecimiento ante los servicios ya prestados, pues a Solbes le faltó tiempo para exculpar de nuevo al SCH en el caso de las cesiones nada más llegar a la Moncloa. Interprétese como se quiera pero siempre se topará con la abdicación de sus funciones por parte del gobierno de turno cuando lo que se tiene en frente es al Poder en mayúsculas. Y es preciso recordar aquí que, en caso de archivarse finalmente el caso, el pulso mantenido por el banco contra la Justicia no habrá sido perdido por ésta -que ha resistido numantinamente durante 14 años- sino ganado por el banco con la ayuda de los representantes políticos de los ciudadanos. No hay soluciones mágicas pero la ley de financiación de los partidos debe ser revisada ya sin más dilaciones para acabar con al menos una de las principales dependencias que atan de manos a los partidos políticos y, en consecuencia, a los gobiernos y sus decisiones. Tal exigencia debería ser un clamor.
* Núria Almiron es doctora en Periodismo, profesora del Departamento de Periodismo de la UAB y autora de Juicio al Poder. El pulso de la Justicia al SCH (Temas de Hoy, 2002).