Intervención en el acto celebrado en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid (CAUM) el 18 de junio de 2019 en apoyo de Marco A. Santos, cabo del Ejército.
Compañeros y compañeras, amigos y amigas:
Marco Antonio Santos, cabo del Ejército, secretario del Colectivo Republicano de Redondela, ha sido duramente represaliado por su posicionamiento republicano. Se ha opuesto, ejerciendo su legítimo derecho a la libertad de expresión, a un manifiesto franquista suscrito por un numeroso grupo de generales y almirantes, secundados por cerca de un millar de oficiales.
Estos generales y almirantes ocupaban, hasta hace bien poco, los más altos puestos en la cadena de mando militar. Sin embargo se han manifestando públicamente de forma amenazante contra una decisión legitima del Gobierno de España presidido por el socialista Pedro Sánchez, oponiéndose al traslado de los restos del dictador. Sus delirantes argumentos, enalteciendo la figura de Franco el militar, han escamoteado su faceta más sanguinaria, responsable de crímenes contra la humanidad.
El origen de la impunidad no es otro que la Ley de Amnistía de 1977, cuya derogación fue propuesta por el Juez Baltasar Garzón, antes de ser defenestrado y expulsado de la carrera judicial por el régimen de la monarquía.
El manifiesto hecho público por estos generales y sus acólitos, muchos retirados y algunos en la reserva, no ha merecido el más mínimo reproche por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa, ni tampoco por parte de ningún juzgado civil o militar. Sin embargo, algunos de ellos son golpistas condenados por la intentona del 23-F, como muy bien ha señalado el antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Julio Rodríguez. Es decir, llueve sobre mojado.
La cruda realidad es que se ha producido el enaltecimiento de un genocida sin consecuencia penal alguna, humillando por tanto gravemente a las victimas del franquismo.
Un disparate de tal magnitud solo puede explicarse por el carácter anómalo de la justicia militar que, al estar esencialmente vinculada a la cadena de mando, es obviamente juez y parte. Por ello debe suprimirse, de forma que sus funciones sean asumidas por tribunales civiles, como así es en muchos países de nuestro entorno europeo.
El teniente Luis Gonzalo Segura, presidente de la Asociación Civil Milicia y República, podría relatar con mayor conocimiento que yo estas graves aberraciones. Su impresionante ensayo «El libro Negro del Ejército español» y su más reciente obra «En la guarida de la bestia», sobre la situación de la mujer en el Ejército español, dan buena cuenta de todo ello.
No es extraño, por tanto, que los militares de ideología republicana sigan siendo brutalmente perseguidos y sancionados, mientras que los militares de ideología nacional-católica, burdamente franquista, continúan copando la mayor parte de los altos cargos en nuestras Fuerzas Armadas, lo que no se corresponde en absoluto con el panorama sociopolítico de nuestro país.
Todos estos atropellos en el ámbito militar tienen también su correlato en el ámbito civil, puesto en evidencia por la existencia de presos políticos republicanos en prisión preventiva desde hace más de un año, entre ellos diputadas y diputados electos, despojados de sus derechos más elementales de representación, lo que crea una situación de grave deterioro de la vida pública. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá en cualquier caso la última palabra.
El franquismo, ya sin su careta democrática, cabalga de nuevo violentando las libertades y derechos sociales tan penosamente arrancados en la Transición.
El incumplimiento del ordenamiento constitucional, en lo referente a todo lo social, incluidos los derechos humanos, constituye un atropello inadmisible, pues el paro, la precariedad y las crecientes desigualdades hacen mella en las capas más modestas de la sociedad, poniendo en evidencia el fraude que se esconde tras el dictado constitucional, impuesto en sus aspectos más fundamentales por el poder militar franquista en la llamada Transición.
Es necesario poner termino a la actual situación impulsando un movimiento republicano, no sectario, que exija las reformas necesarias, contando con los partidos soberanistas. Si no se contase con ellos el conflicto territorial tendería a agravarse y sería improbable encontrar una solución estable.
El origen criminal de la impunidad se encuentra, como ya he citado, en la llamada Ley de Amnistía de 1977 cuya derogación recomendó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y propuso también el Juez Garzón, expulsado finalmente de la carrera judicial al haber iniciado la investigación del gigantesco caso de corrupción de la llamada trama Gürtel. Como también ha sido expulsado el Juez Elpidio Silva por atreverse a investigar ciertas tramas de corrupción bancaria. O las presiones y amenazas sufridas por el ejemplar Juez Castro por atreverse a investigar a miembros de la familia real, imputados y condenados por casos de corrupción.
Por otro lado, la citada ley de Amnistía no solo excluyó en aquellas fechas a los compañeros procesados por su militancia en la desaparecida Unión Militar Democrática (UMD), sino que además fue redactada de tal forma que posibilitó la exclusión del entonces capitán de aviación José Ignacio Domínguez, piloto de reactores, portavoz en el exilio de la UMD. José Ignacio fue procesado en consejo de guerra el 27 de diciembre de 1977 y condenado a siete años de prisión por su pertenencia a la UMD, organización que se había disuelto voluntariamente a finales de junio de 1977.
Termino.
Compañeras y compañeros, avancemos unidos, dejando de lado nuestras diferencias. Impulsemos un potente movimiento republicano, fraternalmente federativo, que contribuya a desatascar el tapón que representa la monarquía, creando las condiciones necesarias para la proclamación de la República y la apertura de un proceso constituyente en libertad.
Adelante, pues.
¡Salud y República!
Manuel Ruiz Robles. Presidente federal de Unidad Cívica por la República. Capitán de Navío retirado. Coordinador del colectivo de militares demócratas ANEMOI.
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