El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, que algunos llaman «resolución Auken» por basarse en el informe preparado por dicha eurodiputada. La resolución, emitida a raíz […]
El pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos, el medio ambiente y la aplicación del derecho comunitario, que algunos llaman «resolución Auken» por basarse en el informe preparado por dicha eurodiputada.
La resolución, emitida a raíz de las múltiples peticiones efectuadas durante la legislatura por ciudadanos y entidades no gubernamentales, incluye las siguientes consideraciones:
1. Los procesos urbanizadores que se han llevado a cabo en muchos casos configuran un modelo de desarrollo insostenible con graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas. Por ello expresa su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el suministro y la calidad de las aguas.
En particular observa que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, y que el cemento y el hormigón no sólo ha saturado esas regiones y afectado al frágil medio ambiente costero, sino también a la actividad social y cultural de muchas zonas que han sufrido una pérdida trágica e irreparable de su identidad y legado culturales (destrucción de yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, etc), así como de su entorno natural y paisajístico.
Señala asimismo que este modelo de crecimiento, de expansión urbana excesiva, tiene también consecuencias negativas para el turismo de calidad ya que destruye los valores del territorio.
2. Esta situación se ha visto favorecida por una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada que en muchos casos es contraria a los objetivos europeos de protección del medio ambiente y adecuada ordenación del territorio; por una aplicación laxa de la legislación urbanística y medioambiental; la falta de control de los procedimientos urbanizadores por parte de las autoridades locales; y la corrupción, particularmente presente en la urbanización de muchas zonas costeras.
La resolución apunta a la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades. Llama la atención sobre el hecho de que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor; y que hay muchos casos de terrenos protegidos, o terrenos que deberían protegerse en vista de su vulnerable biodiversidad, que se desclasifican y reclasifican, o no se clasifican en absoluto, precisamente para permitir la urbanización de la zona en cuestión.
Asimismo alude a la incidencia negativa de una falta de trasposición correcta por parte del Estado español de las Directivas europeas sobre blanqueo de dinero, que ha limitado la capacidad de control sobre la circulación ilegal de capital financiero, incluidas inversiones en determinados proyectos urbanísticos de gran envergadura.
3. A estos factores se suma un cierto laxismo judicial. Sólo recientemente las autoridades judiciales han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva de muchas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos con responsabilidades urbanísticas, pero pese a ello los procedimientos son de una duración desmedida, y las sentencias que se dictan a menudo son inefectivas en orden a una reparación, lo cual provoca en la ciudadanía una impresión de falta de actuación de la justicia española. La resolución considera alarmante la falta confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia.
Ante esta situación, el Parlamento europeo reclama diversas actuaciones al Estado español y a las Comunidades Autónomas. Entre ellas destacamos las siguientes:
- La suspensión y revisión de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, así como la paralización de todos los desarrollos urbanísticos que no respeten los criterios comunitarios sobre adjudicación de contratos urbanísticos, agua y medio ambiente.
- El desarrollo de una cultura de la transparencia dirigida a informar a los ciudadanos sobre la gestión del suelo y a impulsar mecanismos de información y participación ciudadana efectivos.
- La promoción de un debate público que concluya en la adopción de medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible. En particular se pide la derogación de todas las figuras legales que favorecen la especulación y una adecuada definición del «interés general», que ha menudo se ha utilizado para justificar la aprobación de proyectos insostenibles desde el punto de vista medioambiental..
- El respeto a las Directivas comunitarias que exigen la consulta al público implicado en la fase de establecimiento y elaboración de los planes o de cualquier modificación sustancial de los mismos.
- En general, la promoción de un urbanismo que suponga un desarrollo justo, transparente y sostenible, en interés de las comunidades locales y no en el exclusivo interés de promotores, inmobiliarias y otros intereses creados.
Finalmente el Parlamento acuerda transmitir su resolución al Consejo y a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento del Reino de España, a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales de España y a los peticionarios, y alude a diversos medios de presión que se podrían adoptar en caso de no dar el Estado español una respuesta suficiente.
La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones, con la oposición de socialistas y populares españoles.
El próximo día 7 de junio se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Las encuestas vaticinan una participación reducida, de alrededor del 30%. La resolución Auken es una muestra de lo que el Parlamento puede hacer por nosotros como ciudadanos. Sería bueno que todos fuéramos conscientes de la trascendencia que tienen en nuestra vida muchas de las decisiones de la Unión, y que el día 7 no nos quedáramos en casa.