El Parlamento aprobó este viernes por mayoría una iniciativa de Aralar para que las Cortes Generales modifiquen la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de derogar el régimen de incomunicación e instalar cámaras de vídeo en las zonas de detención de las comisarias. Se trata de garantizar que no se producen posibles torturas. La […]
El Parlamento aprobó este viernes por mayoría una iniciativa de Aralar para que las Cortes Generales modifiquen la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de derogar el régimen de incomunicación e instalar cámaras de vídeo en las zonas de detención de las comisarias. Se trata de garantizar que no se producen posibles torturas. La moción contó con el apoyo de los grupos del tripartito y de Ezker Abertzaleak y con los votos en contra de los representantes del PP y del PSE.
La iniciativa había sido aprobada en la Comisión de Interior el pasado 25 de octubre y recibió este viernes el visto bueno de la mayoría absoluta del pleno (40 votos a favor y 29 en contra) para su aprobación definitiva. El texto salió adelante después de que la misma propuesta decayera en noviembre del año pasado por la ausencia de cinco parlamentarias de EHAK. El Parlamento deberá designar ahora una delegación para defender la propuesta ante las Cortes.
El documento se sustenta en «la alarma social provocada por la posibilidad de la existencia de malos tratos y torturas» en las comisarías del Estado español. En este sentido, se indica que «en un Estado de Derecho moderno y democrático, es la propia posibilidad de que se produzcan torturas y malos tratos lo que hay que erradicar».
Por ese motivo, se propone la eliminación del régimen de incomunicación, para lo que se alude a un informe del relator especial de la ONU Theo Van Booven, que indicaba que en el Estado español «la tortura se practica con mayor frecuencia durante la incomunicación».
Respecto a la instalación de cámaras, el documento propone que «las autoridades responsables de la custodia de toda persona detenida, realizarán las grabaciones en los locales de detención, de forma que se compatibilice la garantía de sus derechos fundamentales e intimidad con la seguridad de los funcionarios intervinientes».