El PCA de Sevilla aseguró ayer en un comunicado que «la identificación de los asesinados en las sacas nocturnas, en las calles o en el interior de sus propios domicilios, es un ejercicio tan necesario como de justicia para, cuando menos, reconfortar a las familias de las víctimas desaparecidas en el golpe militar del […]
El PCA de Sevilla aseguró ayer en un comunicado que «la identificación de los asesinados en las sacas nocturnas, en las calles o en el interior de sus propios domicilios, es un ejercicio tan necesario como de justicia para, cuando menos, reconfortar a las familias de las víctimas desaparecidas en el golpe militar del 36 y siguientes».
Según los comunistas sevillanos, «ha tenido que ser un juez de la Audiencia Nacional y no el primer gobierno democrático, el que acometa con más de 30 años de retraso, una actuación encaminada a esclarecer las identidades de los miles de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas inocentes de los actos criminales de Franco y sus secuaces».
El Comité Local del PCE sevillano señala que la noticia trae una doble sensación: «satisfacción porque se da un paso más en la línea de la recuperación de la memoria histórica, aquella que continúa incompleta y que la propia ley conocida por ese nombre no ha sido capaz de completar, y, por otro lado, cierta rabia porque los poderes democráticos no han tomado la iniciativa y no se han desvelado todavía, para muchos y muchas, las incógnitas del paradero de sus seres queridos asesinados, teniendo que vivir más de 30 años desde la abolición de la dictadura, con esa dolorosa incertidumbre».
«Hay que suponer que todos los servicios científicos de los que disponen los peritos judiciales, arqueólogos o antropólogos, tales como acceso a documentación de organismos y entidades, análisis de ADN y otros, van a ser puestos a disposición de esta providencia judicial», continúa el comunicado de los comunistas, quienes esperan que «acudan a las entidades y asociaciones especializadas en la recuperación de la memoria que disponen de amplia información, obtenida muchas veces con la incomprensión de los poderes democráticos».
El PCA de Sevilla apuesta además porque el Ayuntamiento de Sevilla, tal y como declaró el Primer Teniente de Alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, «disponga para el juez las máximas facilidades en aras de completar el listado más aproximado posible a la realidad, que identifique a las víctimas y, si es posible, a sus asesinos para ser estos culpabilizados, tal y como ya ha hecho el Consejero de Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Saura, que ayer mismo ha puesto a disposición del Juez el censo que desde 2003 esta administración viene elaborando, a cuya iniciativa también se ha sumado el gobierno de Asturias».