En la mañana del pasado 18 de marzo, diversas organizaciones hemos presentado, de forma simultánea, nuestras alegaciones al proyecto de Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento. La presentación de alegaciones, llevada a cabo en las Subdelegaciones del Gobierno de numerosas provincias y en el Ministerio de Fomento, se ha acompañado de […]
En la mañana del pasado 18 de marzo, diversas organizaciones hemos presentado, de forma simultánea, nuestras alegaciones al proyecto de Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento.
La presentación de alegaciones, llevada a cabo en las Subdelegaciones del Gobierno de numerosas provincias y en el Ministerio de Fomento, se ha acompañado de concentraciones y ruedas de prensa.
El PEIT tiene como uno de sus objetivos fundamentales proveer de contratos de construcción a las grandes empresas de infraestructuras, para compensarles por la retirada del Plan Hidrológico del gobierno del PP; de hecho, se le pretende dar el mismo carácter de Ley. En ambos casos se trata de infraestructuras que no responden a necesidades reales de la sociedad, sino a intereses particulares del capital privado.
Las necesidades reales de la sociedad pasarían por afrontar con seriedad los problemas que genera el actual sistema de transportes: polución ambiental y generación de gases que contribuyen al efecto invernadero, fragmentación territorial y barreras en los ecosistemas, consumo energético y dependencia de combustibles fósiles, daños a la salud y muertes en carretera. Lo más grave es que el Ministerio de Fomento reconoce estos problemas y renuncia a tratar de solucionarlos.
El transporte es responsable del 32% del consumo de energía y del 28% del total de emisiones de CO2, de acuerdo con un documento de la Comisión Europea; según la DGT, en 2003 las víctimas por accidentes de tráfico ascendieron a 5.339 muertos y 150.636 heridos. Estas son las víctimas de un sistema que se mantiene por decisión política.
El PEIT establece una primera fase, hasta 2008, que se limita a continuar y finalizar las infraestructuras decididas por el anterior Ministro de Fomento, Álvarez-Cascos; sólo después se estudiarán las consecuencias y el impacto de estas infraestructuras.
El otro gran objetivo del PEIT es profundizar en el proceso de privatizaciones y desregulación que iniciaron anteriores gobiernos del PSOE y continuó el PP. El Plan de Infraestructuras está enfocado al mayor beneficio posible de empresarios privados, fundamentalmente los constructores de infraestructuras, y a la privatización de las empresas públicas de transporte.
Ya en la actual legislatura, el gobierno del PSOE se desenmascaró con la entrada en vigor, al principio de este año, de la Ley del Sector Ferroviario, incumpliendo sus compromisos previos; a pesar de haber solicitado que se retirara el entonces proyecto de ley por considerarlo perjudicial para los intereses de la sociedad, lo ha puesto en marcha sin modificaciones sustanciales, ni en la propia Ley ni en los documentos que la desarrollan, clónicos de los que dejó preparados el anterior gobierno.
La otra gran falacia es la «voluntad de transparencia, participación y diálogo» con que el gobierno pretende vestir al PEIT: el proceso de información pública se ha limitado a 28 días y un formulario de espacio limitado. El Ministerio ni siquiera se ha dignado responder a las numerosas cartas en las que se ha solicitado la ampliación del plazo de alegaciones.
Entre las organizaciones que han presentado alegaciones al PEIT están el SFF-CGT y la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de CGT, comprometidas en romper el silencio informativo que el Ministerio de Fomento ha establecido en torno a este Plan y en exigir que se tomen medidas reales para solucionar los problemas del transporte, entre otros la desregulación, las políticas privatizadoras y el incumplimiento sistemático de las normas sociales y laborales en el sector.