El Pentágono asegura que ha cooperado con las autoridades españolas en el esclarecimiento de la muerte en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso. Contradice así al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha solicitado la extradición de tres militares estadounidenses ante la «nula cooperación judicial prestada por las autoridades del país». «El […]
El Pentágono asegura que ha cooperado con las autoridades españolas en el esclarecimiento de la muerte en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso. Contradice así al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha solicitado la extradición de tres militares estadounidenses ante la «nula cooperación judicial prestada por las autoridades del país».
«El Departamento de Defensa ha cooperado previamente con el Gobierno español», dijo el teniente coronel Barry Venable, en la primera reacción oficial del Pentágono a la solicitud de extradición.
El militar afirmó que el Departamento de Defensa «se toma en serio» las alegaciones y que el asunto será tratado «por los canales apropiados».
Couso, cámara de televisión enviado por la cadena privada Tele 5, murió el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad después de que un tanque estadounidense disparase contra el edificio, donde se alojaban la mayoría de los periodistas extranjeros que cubrían la invasión de Irak.
El portavoz del Pentágono ha realtado que el Mando Central de EEUU, que coordina las acciones en Irak, «ha investigado el incidente completamente y ha determinado que los soldados estadounidenses actuaron de forma apropiada durante una acción de combate».
Para justificar la orden de búsqueda, captura y detención internacional de los tres militares responsables, el juez Pedraz ha argumentado que es «la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos».
El magistrado recuerda además que ha cursado dos peticiones de auxilio judicial a los Estados Unidos, una el 21 de abril de 2004 para solicitar documentación y la otra el pasado 6 de junio para pedir que se tomara declaración a los militares imputados o que se autorizara el desplazamiento de una comisión judicial española hasta territorio estadounidense para hacerlo.
«Hasta la fecha no se ha recibido respuesta», señala su resolución.
Los reclamados son el sargento Thomas Gibson, de la Compañía A del Regimiento de Blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército norteamericano; el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados de la Compañía A; y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento.
La orden de detención a efectos de extradición cursada será oficiada a la Unidad de Cooperación Policial Internacional (organismo integrado por los servicios policiales Interpol, Sirene y Europol), que librará órdenes de detención en el ámbito europeo e internacional contra los tres militares.
Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que recurrirá el auto, alegando falta de jurisdicción, falta de competencia y falta de título extradicional para pedir la revocación del auto notificado este miércoles por Pedraz.
La alegría de la familia
La iniciativa de la Fiscalía truncaría la satisfación mostrada por los familiares de Couso, alcanzado por un proyectil, el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad. Nada más conocer la decisión del juez Pedraz, han convocado una rueda de prensa en Madrid a la que han asistido María Isabel Permuy, madre del periodista fallecido, Javier y David, hermanos de José, y Pilar Hermoso, la abogada de la familia.
Javier Couso ha recordado cómo durante la etapa en que gobernaba el PP su familia se sintió muy «desamparada». En cambio, el PSOE ha atendido hasta el momento «el 90% de sus reclamaciones», afirma. No obstante, ha urgido al Ejecutivo a que «inicie cuanto antes» los trámites para solicitar la extradición de los tres militares estadounidenses.
La letrada Pilar Hermoso ha afirmado que estamos «ante un posible delito contra la comunidad internacional y una violación de la Convención de Ginebra». Además, ha recordado que EEUU no extradita a sus nacionales e incluso tiene convenio con algunos países para gozar de inmunidad, por lo que los militares no podrán ser detenidos mientras no abandonen el territorio estadounidense.
También expresó sus dudas sobre si la detención podría producirse en el caso de que cruzaran la frontera no como ciudadanos individuales sino formando parte de un contingente militar destinado a un país extranjero. Sin embargo, ha recordado que es una orden de obligado cumplimiento para el resto de países.
La administración del presidente Bush se ha opuesto tajantemente a que sus militares sean enjuiciados en cortes extranjeras. Por ello, EEUU ha puesto en marcha una estrategia de oposición a la Corte Penal Internacional y ha sancionado a una treintena de países con la suspensión de la ayuda militar para obligarles a que firmen los llamados acuerdos del Artículo 98, por los que esas naciones se comprometen a no extraditar a estadounidenses a la CPI.