Tal como señaló ayer el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales con motivo del homenaje a las víctimas de los atentados fascistas que tuvieron lugar en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha en 1977, y cuyo recuerdo guardo muy vivamente por haber informado del mismo, la defensa de la democracia, la […]
Tal como señaló ayer el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales con motivo del homenaje a las víctimas de los atentados fascistas que tuvieron lugar en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha en 1977, y cuyo recuerdo guardo muy vivamente por haber informado del mismo, la defensa de la democracia, la justicia social y la educación pública son el mejor homenaje a su memoria. (Fueron asesinados asimismo en ese mes de enero los jóvenes Arturo Ruiz y María Luz Nájera, también recordados).
La coincidencia de este primer acto oficial de Pablo Iglesias como vicepresidente con el desmán nacional-católico que quieren perpetrar el Partido Popular y Vox en el gobierno de Murcia a cuenta del veto parental a algunas actividades escolares complementarias, hace especialmente significativas las palabras de Iglesias y nada desproporcionadas, a mi juicio, las de Victoria Rosell, aunque luego haya querido matizarlas como expresión irónica.
El artículo 155 sí se puede aplicar cuando una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes imponen -según leemos literalmente- si esa comunidad «actuase de forma que atente gravemente al interés general de España». El Gobierno en este caso, «previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma [ya hecho, con un mes de plazo que se me antoja largo], y en el caso de no ser atendido, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de aquellas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
Estamos ante un claro intento de atentado contra la igualdad, la educación pública, los derechos humanos y los derechos del niño, que pretende pasarse por el forro la Constitución, el estatuto de autonomía y la ley de educación aprobada por el Gobierno del Partido Popular, el mismo que está al frente del Gobierno regional murciano con Ciudadanos, que se ha negado a perpetrar tal dislate retrógrado, propio de aquellos tiempos oscuros en que los niños eran propiedad al alimón de la católica iglesia y la dictadura franquista.
Puede que la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género resaltara a posteriori la ironía de su comentario ante la provocación que comporta el llamado pin parental*, pero la educación debe ser tomada siempre tan en serio como se la tomó en su día la segunda República, sobre todo durante aquel primer y fructífero primer bienio, con Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos como ministros, y el olvidado Rodolfo Llopis (1895-1983) como director general de Primera Enseñanza, al frente del gran logro de la construcción y el equipamiento de miles de escuelas por toda la geografía nacional.
Con la llegada de la República cristalizaron en la escuela pública «proyectos pedagógicos muy progresistas e interesantes que tomaban como modelo formas de enseñanza que se ensayaban con éxito en América y en Europa», según el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca Francisco de Luis Martín. Hubo rigurosos programas de formación para los maestros que los convirtieron «en una de las mejores generaciones de docentes que ha tenido España».
La dictadura franquista se propuso el fusilamiento efectivo de aquella escuela. Había que «aniquilar -en palabras del entonces obispo de Salamanca, Pla i Daniel- la semilla de Caín». Aparte de los numerosos asesinatos perpetrados durante la guerra, la depuración durante la dictadura expulsó a unos 15.000 maestros y sancionó a otros 6.000. Lo menos grave es que estuvieron 18 meses sin cobrar. Tampoco la universidad se libró del que fue llamado «atroz desmoche», que despojó a muchos profesores y catedráticos de su trabajo para colocar en sus puestos a los afectos al régimen franquista. Entre los fusilados figuran el rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Alas, hijo del autor de La Regenta, y el del joven rector de Granada, Salvador Vila, amigo y discípulo predilecto de Unamuno.
Para quienes quieran ilustrarse al respecto, saber cómo se combatió en la República la secular ignorancia y el analfabetismo, y meditar de paso acerca de los frutos que una buena enseñanza pública puede dar contra la nueva lacra de nuestro tiempo (la del tsunami de noticias falsas), aconsejo visionar el documental La república de los maestros, emitido por La Dos de TVE hace unos años. Las maestras y los maestros republicanos fueron los funcionarios más represaliados durante la guerra y la dictadura franquista. Parece que debemos seguir insistiendo en que nuestros conciudadanos se pregunten por qué. Sobre todo en Murcia.
* El veto parental que el partido de ultraderecha español Vox ha llamado pin parental fue una de sus propuestas estrella en la campaña electoral del pasado abril. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de esos talleres con una «autorización expresa», según el formulario elaborado por dicho partido.
Fuente: https://www.diariodelaire.com/2020/01/el-pin-parental-y-las-maestras-de-la.html