El Plan Osasuna Zainduz fue el punto de inflexión en la implantación del modelo de gestión pública del Servicio Vasco de Salud. Iniciada en 1991, esta reforma impuso la competitividad, la reducción de costes, la figura del cliente, la sanidad como un mercado, las políticas de oferta y demanda, los incentivos por resultados y otras medidas procedentes de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher.
En el tradicional mensaje televisado de Navidad, el lehendakari Iñigo Urkullu asumió la existencia de “problemas” y “dificultades” en Osakidetza. Y a continuación añadió: “Hoy pedimos Salud al nuevo año”. Osakidetza comenzó el 2023 con 422 profesionales sanitarios menos que a principios del año anterior. La jubilación de 2.300 personas en los próximos tres años, de los cuales 330 son médicos, amenaza con agravar la falta de personal en la sanidad pública vasca. Mientras tanto, las obras de la Facultad de Medicina de Basurto se han retrasado otro curso y el sobrecoste asciende ya al 20%.
La lista de espera de consultas externas tampoco ha parado de crecer: se ha multiplicado por seis desde 2016. Según reconoce el propio Gobierno Vasco, más de 115.000 pacientes están a la espera de obtener una cita con un especialista en las consultas externas y 53.576 personas integran las listas de espera para someterse a una prueba diagnóstica. La amenaza del cierre de plantas, como la de Cirugía en Cruces, planea sobre los hospitales vascos y la Atención Primaria, cada vez más privatizada, sufre tras años de desgaste.
El pasado 1 de febrero,
durante la inauguración del centro de salud de Murueta, el propio
Urkullu reconoció “carencias” en la atención primaria y se comprometió a
“realizar un esfuerzo económico”. La realidad es que, solo el año
pasado, Osakidetza gastó más de 60.000 euros en contratar a consultoras privadas para externalizar la auditoría, reorganizar e “innovar” en la Atención Primaria.
“Osakidetza
es la avanzadilla, Ayuso sigue el ritmo del País Vasco”, valora Arkaitz
Herreros sobre el desmantelamiento de la sanidad pública. El delegado
sanitario por Bizkaia del sindicato ELA no se cree la imagen que el
Gobierno Vasco muestra de Osakidetza: la “joya de la corona” vasca no es
un referente mundial para los servicios de salud. ¿Pero, cuándo comenzó
a desmoronarse este mito?
El Plan Osasuna Zainduz de 1993
Como afirma un artículo del Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la Universidad del País Vasco (OSEKI), “la llegada de la corriente neoliberal a principios de la década de 1990 se materializó en el Plan Osasuna Zainduz». Firmado en 1993, este proyecto modificó la naturaleza de la gestión de la sanidad pública. La idea era que Osakidetza operara bajo lo que se conoce como un Régimen Jurídico Privado, es decir, que introdujera criterios de gestión empresarial, basados en el entendimiento de la salud como un coste para las arcas públicas. Como indicaba el propio Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco a inicios de los noventa, la sanidad pública debía funcionar mediante parámetros “comunes en el sector privado, basados en el acuerdo entre las partes y en el sometimiento al Derecho Laboral y Mercantil”.
El Plan Osasuna Zainduz fue presentado, y defendido ferozmente en el Parlamento Vasco, por el mismísimo Iñaki Azkuna, por entonces consejero de Sanidad del Gobierno Vasco. Azkuna afirma en aquel entonces que “la expansión del sector sanitario” era “necesaria”, pero, añadía, “no puede continuar apoyándose únicamente en una aportación mayor de fondos hacia el mismo”. Respecto a las críticas sindicales por no contar con las organizaciones de trabajadores para elaborar el borrador del proyecto, Azkuna respondió ironizando sobre el asamblearismo: “Ya nos han avisado aquellos a los que consultamos, las grandes empresas, como Mondragón o Iberdrola (…)”, decía obnubilado. “Aunque hagáis 1.500 reuniones, siempre será poco”.
Este plan era una forma distinta de, como decía Azkuna, “meter la tijera” en alguna “parte de la sanidad”. Así, el sistema vasco de salud adoptó una nueva estructura de funcionamiento donde, básicamente, se desdoblaba la financiación. Por un lado, la pública, dependiente del Gobierno Vasco. Por otro lado, la provisión, que podía ser pública o privada. El Departamento de Sanidad comenzó a adquirir un papel distinto, más relacionado con la regulación o la financiación que con la dirección del sector público. Ello implicó reducir cualquier atisbo de planificación y comenzar a asignar recursos a las “agencias” que después contratarían los servicios sanitarios. Estas mismas agencias luego se convertirían delegaciones territoriales, de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, y realizarían la contratación tanto de servicios públicos, mediante suscripción de los contratos-programa con Osakidetza, como de servicios privados, mediante la criticada fórmula de la concertación de servicios.
Este modelo, el de la agencia de contratación, se quiere imponer ahora en el Sistema de Salud de la Comunidad de Madrid. Ante ello, la Coordinadora Anti-Privatización de la Salud de Madrid, ha criticado que supone “transferir dinero público a la empresa privada de la forma más ágil y moderna posible, es decir, eliminando los mecanismos que el Derecho Público establece para asegurar la utilización transparente y controlada del erario público por el capital privado”.
La Coordinadora Anti-Privatización de la Salud de Madrid trata de luchar contra el modelo que se quiere impone en la CAM aludiendo que “el experimento no es nuevo”, refiriéndose a Osakidetza
Para oponerse a ello, la coordinadora madrileña ha aludido a que “el experimento no es nuevo”, refiriéndose a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Al igual que “en el caso del País Vasco, no hay ningún control político sobre la contratación, solo el Tribunal Vasco de Cuentas, que es un organismo técnico, y la ley presupuestaria que impone el techo de gasto”.
Críticas de los sindicatos y el Ararteko
Los valores que iban a regir la “reforma” del sistema público de salud que impulsaba el Plan Osasuna Zainduz eran los que emergen de una serie de conceptos como la “competitividad”, los “costes”, el “pago” de algunas “prestaciones”, la figura de “cliente”, la concepción de la sanidad como un “mercado sanitario”, que compartiría, además, “fórmulas comunes en el sector privado” como las “políticas de oferta y demanda”, los “incentivos por resultados” y “medidas similares” a las “aplicadas en Gran Bretaña”, entre otros. “Es un cambio radical en el sistema de gestión”, como señalaron las fuentes del Departamento de Sanidad del momento.
Para ELA, este cambio iba a suponer “la desvertebración de Osakidetza”. El sindicato añadió un vaticinio que luego se cumplió: “Puede derivar hacia la desaparición de servicios en algunos hospitales”. A su vez, Adolfo Muñoz, el responsable sectorial de Osakidetza de la organización en aquella época, indicaba: “Las leyes del mercado no sirven para regular los servicios sanitarios, no se puede hablar de costes cuando se trata de cubrir necesidades sociales”.
La reforma promovida por Azkuna y Bengoa, entre otros, establecía un orden prioritario en servicios sanitarios y obligaba a pagar un canon en algunas especialidades. Otra huella de la neoliberalización en la sanidad pública vasca de este Plan se ponía de manifiesto en el apartado sobre los salarios de los profesionales. Este introducía un nuevo parámetro, desconocido hasta el momento: la eficiencia. Aspecto destacado de la reforma también fue la “flexibilización del sistema de personal”, al proponer que las nuevas incorporaciones se regularan por contratos laborales.
En su exposición ante el Parlamento Vasco, Iñaki Azkuna subrayó tres factores que determinaban la necesidad del cambio de modelo sanitario: el envejecimiento de la población, el SIDA y las drogodependencias, aunque no mencionaba la salud mental. A este respecto, un monográfico sobre el tema que años más tarde publicó el Ararteko-Defensor del Pueblo del País Vasco recogía lo siguiente: “La participación comunitaria que iniciaba su desarrollo en forma de Juntas locales de Sanidad, Comisiones municipales hace más de diez años vio coartado su desarrollo por el Osasuna Zainduz, proyecto con estilo empresarial, donde no figuraba una sola línea sobre intervención comunitaria”. Y concluía: “Frenó toda forma de análisis sanitario y búsqueda de soluciones realizado por la propia ciudadanía”.
Margaret Thatcher y “el informe Abril” como referentes
Además de Iñaki Azkuna, uno de los cerebros del poco recordado Plan Osasuna Zainduz fue Rafa Bengoa, en aquel momento alto cargo de Osakidetza. Ambos estaban al frente de las estructuras de poder político necesarias para culminar aquello que afirmaba Margaret Thatcher: “La economía es el método, pero el objetivo es cambiar el alma”. Azkuna había pasado por la dirección del Hospital de Cruces de Bilbao (1981) y luego por la dirección de Hospitales del Gobierno Vasco para más tarde ostentar la dirección de Osakidetza (1983-1987) y, por último, la consejería de Sanidad (1991-1999).
Bengoa era el Director de Planificación y Ordenación en Salud (1991-1995) cuando Azkuna estaba al frente de la Consejería. Era su mano derecha y fue su sucesor natural. A ambos aún se les puede ver en fotos inaugurando centros de salud en Bilbao, Azkuna como alcalde de la villa y Bengoa como consejero de Sanidad del Gobierno Vasco (2009-2012).
El Plan de Azkuna y Bengoa estaba alineado con el discurso predominante a nivel estatal y global: la supuesta amenaza de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. De hecho, nació poco después de que se implementarán las reformas privatizadoras del Sistema Nacional de Salud británico por parte de Margaret Thatcher y de que naciera el “informe Abril” en el Estado español.
Hasta qué punto llega la analogía neoliberal que durante la presentación de Osasuna Zainduz en el Parlamento, tras escuchar las críticas de Herri Batasuna, el PNV defendió su plan refiriéndose a las reformas en Reino Unido: “Los ingleses […] han reaccionado y han espoleado el sistema para que se dinamice”. Para la líder conservadora inglesa, conocida como la Dama de Hierro por ser una de las grandes artífices del proyecto neoliberal, los grandes cambios requieren de un plan a largo plazo. Nadie aceptaría la destrucción de la sanidad de la noche a la mañana. Por tanto, la estrategia fue sentar las bases ideológicas para presentar el servicio público como algo ineficiente, identificándolo con la rigidez del Estado y criminalizándolo hasta la saciedad.
El “informe Abril” había sido redactado en 1991 por una comisión presidida por el vicepresidente segundo del Gobierno español, Fernando Abril Martorell, en la que Rafael Bengoa participaba. Siguiendo la estratagema de Thatcher, el texto señalaba que se estaba dando “un cierto agotamiento del sistema sanitario” debido a que “el sistema sufre tensiones por el aumento de la demanda social, por el envejecimiento y la mejora del nivel de vida […] con recursos cada vez más limitados”. El documento aseguraba: “El Sistema público no tiene visión global y empresarial”. Sindicatos como LAB compararon el plan Osasuna Zainduz, urdido entre 1991 y 1993, con las medidas a favor de la privatización recogidas en el “informe Abril”.
Para cerrar el círculo, el hijo de Fernando Abril Martorell presidió la multinacional Indra entre 2015 y 2021, periodo en el que la empresa logró importantes contratos de Osakidetza.
El hito de la teleasistencia privatizada
Con Rafael Bengoa al frente de la Consejería de Sanidad se produjo otro de los hitos de las reformas estructurales en el sistema público de salud vasco. El plan Osasuna Zainduz, que tenía previsto culminar su implantación en 2002, dio paso a algo más implantado en las líneas maestras de la política vasca: la Estrategia Vasca de Cronicidad, fechada en 2010, que implantó un modelo de atención procedente del sistema de salud norteamericano. Para ello, la estrategia adoptaba un modelo sanitario basado en la creación de demarcaciones territoriales, denominadas Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), autónomas en su gestión, y con bases de financiación e incentivos en función del cumplimiento de los objetivos de eficiencia planteados.
Respecto a la manera de solucionar el problema, o hacer frente al “reto” de la cronicidad, se puso en marcha el servicio de teleasistencia, el cual ha estado marcado por el conflicto laboral y las externalizaciones. De hecho, este servicio se ha adjudicado por varios millones de euros a una UTE liderada por GSR (Grupo Mondragon) e IMQ, aseguradora privada.
Cabe señalar también la importancia de las puertas giratorias en este affaire: el director del negocio del área de salud del Grupo Mondragon, Mikel Álvarez, fue también alto cargo de Osakidetza. Además, el exconsejero de Salud Jon Darpón fue director general de la clínica Zorrotzaurre, del grupo IMQ-Igurco. Por su parte, el actual director de operaciones de IMQ-Igurco es el exburukide Iñaki Isasi.
Giratorias del equipo de Azkuna y Bengoa
Uno de los coautores de la reforma privatizadora Osasuna Zainduz fue Joaquín Estevez. En su opinión, el equipo de Iñaki Azkuna inició una “profunda transformación de la Sanidad Vasca con el proyecto” Osasuna Zainduz. Entre los miembros de aquel equipo, donde también estaba Estevez, se encuentran Xabier Bergara, Xabier Buruaga, Luis Hernández, Paco Villar, Jon Darpón, Daniel Zulaika, José Luis Sabas, Mikel Álvarez y Rafael Bengoa. ¿Dónde terminaron la mayoría de los protagonistas del Plan Osasuna Zainduz?
La respuesta es sencilla: en la empresa privada. Vendieron la sanidad pública vasca para acceder a las corporaciones que se hicieron cargo de ella. Rafael Bengoa, exmiembro del patronato de la fundación de la funeraria Mémora, ahora dirige Institute for Health and Strategy, una consultora privada del sector sanitario con una exalto cargo de Osakidetza, Patricia Arratibel, y asesora a un centro integrado en el Servicio de Salud de Madrid, el Hospital 12 de Octubre. Hijo de un nacionalista y consejero de Sanidad del Gobierno presidido por el socialista Patxi López, también acabó siendo acusado por integrar la trama del “caso Osatek”, un caso de irregularidades en los procesos de contratación y adjudicación.
Mikel Álvarez, exdirector gerente del Hospital de Cruces y exconsejero de Policlínica Gipuzkoa, ejerció de mano derecha del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y fue sustituido en su cargo de concejal por Gotzone Sagardui, ahora consejera de Salud. En la actualidad, Álvarez es directivo de Mondragon Health, importante adjudicataria de Osakidetza.
Jon Darpón, exsubdirector Médico de Traumatología y Rehabilitación del Hospital de Cruces y consejero de Salud entre 2012 y 2019, cesó tras estallar la denuncia por fraude en una OPE de Osakidetza. En la actualidad, Darpón y dos exmiembros de la cúpula de Osakidetza trabajan en Keralty, un grupo privado sanitario que dirige Jon Azua, consejero de Sanidad entre 1985 y 1987. Keralty impulsa en varios países como México y los Estados Unidos un modelo por el que se va erosionando el servicio público sanitario.
El propio Joaquín Estevez, exdirector gerente del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu en la etapa de Azkuna al frente de la Consejería de Sanidad, fue director de hospitales del grupo Quirón y ahora preside la Fundación Española de Directivos de la Salud. Gabriel Inclán, consejero de Sanidad entre 1999 y 2009, trabaja en el grupo Quirón, otra de las firmas que han contribuido a la privatización Osakidetza. Un amigo de Inclán dio su nombre al “caso Margüello”, una trama de corrupción en Osakidetza que llevo a declarar a Iñaki Azkuna y a un asesor de Rafael Bengoa.
Ángel Larrañaga, consejero de Sanidad entre 1984 y 1984, fichó por Bruesa, constructora que figura en la trama de corrupción denominada “papeles de Bárcenas”. Además, Larrañaga dirigió una empresa que era contratista del Departamento de Interior. Su predecesor, Jesús Javier Aguirre, consejero de Sanidad entre 1980 y 1984, pasó a dirigir una firma que también trabajaba para el Departamento de Interior.
José Luis Sabas, exresponsable de la estrategia de inversiones de Osakidetza y mano derecha de Iñaki Azkuna en el Ayuntamiento de Bilbao fue cesado como director del Hospital Santa Marina a raíz de su vacunación irregular durante la pandemia, saltándose el protocolo.
De aquellos barros, estos lodos
El mito de oasis vasco ha servido para ocultar las deficiencias que los sindicatos comenzaron a denunciar sobre Osakidetza en la década de los años ochenta. Frente a las críticas y huelgas de los últimos años, la Consejería de Salud ha gastado millones de euros anuales en campañas de comunicación para convencer a la opinión pública de todo lo contrario. Muchas de ellas han sido contratadas a través de agencias y medios vinculados a personalidades del PNV, como Mediasal o Grupo Noticias. El año pasado, el servicio de salud público destinó 460.000 euros en un solo contrato para “campañas de comunicación con el fin de ofrecer a la población información ligada a la Salud y a la gestión de las políticas y acciones ligadas a la Salud en Euskadi”.
Pese a la propaganda institucional encubierta en espacios informativos de EITB, la última encuesta del Deustobarómetro, publicada en diciembre del 2022, señala que la preocupación por la sanidad se había duplicado desde verano de 2022 y la puntuación media de Osakidetza bajó de un 6,1 a un 5. Además, según OSEKI, en relación con los recursos que se destinan a la sanidad por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, la mayor parte de la población percibe que en los últimos años han disminuido.
Tras el incremento del ritmo del proceso de privatización y la presión por la pandemia, han aflorado los factores que amenazan la salud de Osakidetza. Por un lado, la externalización de servicios alegando la falta de recursos propios o la complejidad de la labor requerida, un empeño privatizador que genera sobrecostes, se ha visto incrementada. En este grupo de factores se integran los convenios de colaboración público-privados que favorecen los intereses de entidades como las mutuas privadas o la industria farmacéutica.
Por otro lado, se ha visto aumentado el cesarismo en las decisiones políticas sobre las técnicas y la hiperreacción frente a las críticas como resultado de una nula voluntad negociadora. La tercera problemática aglutina la precarización del mayor contratador público y su enorme tasa de temporalidad, que además ha sido calificada en los tribunales como fraudulenta.
Por último, la suma de la normalización de las puertas giratorias en ambos sentidos entre lo público y lo privado para cargos que son eternamente recolocados. En este grupo también destacan el clientelismo como mecanismo para inyectar fondos públicos en forma de contratos y ayudas al sector privado, que se suma a la normalización de focos de corrupción y la presencia de actores que han realizado decenas de irregularidades en las licitaciones del Servicio Vasco de Salud.
La semana pasada, la plataforma en defensa de la atención primaria en la sanidad pública, Lehen Arreta Arnasberritzen, no descartaba que los trabajadores de Osakidetza inicien una huelga, como ya están haciendo sus compañeros en Nafarroa y en Madrid. Mientras tanto, algunas plataformas en defensa de la salud pública en Euskadi han mantenido reuniones en las que se podría estar gestando una Marea Blanca en el oasis vasco.