Los movimientos protogolpistas de una serie de militares retirados son el último síntoma de la crisis de las instituciones en España. Cuatro décadas después de la Transición, las Fuerzas Armadas siguen siendo el mismo poder fáctico que impuso límites a la democracia y aseguró que un artículo de la Constitución las facultase para intervenir si detectaban que la “unidad de la patria” o la soberanía están en peligro.
Tienen su propia universidad, su farmacia, sus seguros, sus residencias vacacionales, centros deportivos y bibliotecas. Se administran por su cuenta, y sus pensiones y prestaciones van en una caja distinta a la del sistema de la Seguridad Social. Tienen una Justicia distinta a la que se aplica para cualquier otro ciudadano, y las deliberaciones de esos procesos no son de dominio público salvo en el caso de que lleguen al Tribunal Supremo. El mandato aconfesional de la Constitución Española ni está ni se lo espera: de hecho tienen una catedral propia. Se ha definido a las Fuerzas Armadas como un “Estado dentro del Estado”. Indiscutiblemente, si existe eso que se ha llamado “Estado profundo”, los militares tienen su silla en el consejo de administración, a la derecha de la de los servicios secretos. Hubo un tiempo en el que cualquier noticia sobre el “malestar” de sus altos mandos cambiaba el tono de piel de ministros y presidentes. En 2020, ese tiempo ha vuelto.
La banda sonora del ruido de sables la ha puesto la publicación de dos cartas enviadas por militares retirados de la XIX promoción del ejército del aire y la XXIII promoción de la Academia General Militar de Zaragoza. Cartas dirigidas al rey Felipe VI y, en el primer caso, también a David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo. Junto al contenido de un chat privado de la XIX promoción —en el que un general de división aseguró desear el fusilamiento de 26 millones de personas—, las cartas han sido identificadas, en su estilo y por el contexto político, con el programa de Vox.
Entre todos los elementos inquietantes de este despertar de los sables, uno de los más relevantes es el hecho de que al menos uno de los firmantes de la carta de la Academia de Zaragoza sea agente “retirado” del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que según Voz Pópuli hayan firmado la carta entre cinco y diez exmiembros más de “La Casa”, como se conoce a los servicios secretos. En los últimos años, el CNI ha variado su composición y dado entrada a más y más agentes civiles pero en su origen y su historia sigue funcionando como un apéndice de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
La conjunción de publicidad y propaganda política, las balas de fogueo de mensajes de WhatsApp, y la presencia recurrente del antiguo CESID cuando se habla de, o se amaga con, tumbar gobiernos, sin embargo, devuelve al primer plano el poder de lo que el catedrático de Filosofía del Derecho Juan Ramón Capella llamó “el partido militar”. Un factor clave, un “poder fáctico” en la Transición de Régimen que jugó un papel fundamental en la construcción del actual sistema y que inspiró directamente el artículo 8 de la Constitución, el punto ciego en la Carta Magna que serviría eventualmente para desarrollar el golpismo avalado por el texto de 1978.
Del golpismo al escándalo
El coronel de Infantería en la reserva Enrique Vega Fernández, que ejerce como portavoz del Foro Milicia y Democracia, considera que no existe en este momento ninguna posibilidad de un golpe de Estado. Los propios militares de la XIX lamentaban en el chat que no se “entendería” un golpe como aquel con el que fantasearon para expulsar al Gobierno de Pedro Sánchez del poder. “Todo el mundo es consciente de que en el mundo de hoy en día, en la Europa de hoy en día no sería posible”, remacha Vega Fernández, para quien las amenazas veladas parten de personas de una generación de militares retirados y que eso “no se puede equiparar” con lo que piensa el cuerpo de oficiales, suboficiales y la tropa. Así, para este militar retirado, “como institución” el Ejército está comprometido con la Constitución del 78, aunque eso no quiere decir, apunta, “que como en cualquier sector haya nostálgicos de otra época”. Vega Fernández reconoce que lo que él ha visto en sus años de servicio ha sido más conservadurismo que otras tendencias, pero descarta que el aumento de la tendencia ultra sea más alta en los cuarteles que en el resto de la sociedad.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, hizo la misma distinción cuando el problema generado por esa vieja guardia de militares en la reserva se hizo explícito. En una entrevista en La Vanguardia, Robles defendió las Fuerzas Armadas actuales como “totalmente democráticas”. La ministra ha presentado el actual runrún como el fruto del “miedo y el prejuicio” de figuras aisladas que no están ya dentro del Ejército. Durante la Pascua Militar del 6 de enero, la ministra de Defensa insistió en que se trata de una “insignificante minoría, que sólo se representa a sí misma”. Le respondió pocas horas después el general retirado Emilio Pérez Alamán, promotor del manifiesto de defensa de la Fundación Franciso Franco. Reclamó “un giro de timón” y advirtió de que los enemigos del Consejo de Ministros en el ejército son “algo más que minoría”.
Para Juan Carlos Rois, abogado y fundador del colectivo antimilitarista ya desaparecido Utopía Contagiosa, la pátina de democracia del Ejército “no ha pulido lo que hay por debajo de arraigo de la cultura, de la mentalidad, de los valores y, a veces, de la ideología franquista”. Gemma Amorós, del Centro Delàs d’Estudis per la Pau, cree que no se puede considerar democrática a una institución “opaca” como el Ejército, que funciona como una sociedad de clases, en la que no se permite la sindicalización ni el derecho de huelga ─derechos que sí reconocen países de nuestro entorno─ y en la que tradicionalmente no se ha investigado la corrupción. La organización Transparencia Internacional destacó que España “aún no ha realizado ninguna evaluación exhaustiva de los riesgos de corrupción en el ejército” y el caso Defex, que supone el mayor caso de fraude en una empresa pública en la historia reciente de España, implica a un coronel y a un puñado de nombres ligados a la casta militar del Franquismo y la restauración borbónica.
Tres días después de la entrevista de Margarita Robles en La Vanguardia, La Marea publicaba un vídeo grabado en diciembre de 2019 en el que se ve a varios soldados en una fiesta en las instalaciones de la Brigada Paracaidista (BRIPAC) de Paracuellos del Jarama saludando al modo fascista y cantando una canción del grupo neonazi Estirpe Imperial. No es el primer caso y parece que no será el último en el que militares en activo son grabados haciendo apología del fascismo. En este caso se trata de la BRIPAC, junto a la División Brunete, una de las más destacadas del conjunto de las Fuerzas Armadas.
Luis Gonzalo Segura, exteniente expulsado de las Fuerzas Armadas en 2015, considera que Robles “miente” cuando asegura que la ultraderecha no está presente en el Ejército. “No sé cuántos episodios más necesitamos para demostrar que las Fuerzas Armadas son ultraderechistas”, dice, en referencia al vídeo publicado en La Marea. En su libro, El ejército de Vox (Foca, 2020), demostró que el porcentaje de votos de este partido ultra en las secciones censales que integran a los cuarteles es muy superior a la del resto del territorio donde se asientan. Para Gonzalo Segura, no cabe duda de que los tentáculos de la extrema derecha sobrepasan lo anecdótico y alcanzan incluso a la cúpula militar. Este exteniente acusa a la actual Jefatura de Estado Mayor del Ejército de Tierra de España (JEME) de aplicar un prejuicio de ultraderecha para expulsar al cabo Marco Antonio Santos.
Santos fue expedientado por firmar un manifiesto “en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas” y, a raíz de aquello, el JEME denunció también una serie de opiniones vertidas en las redes sociales que derivaron en su expulsión. Eran mensajes en contra de la condena de jóvenes de Alsasua por una pelea en un bar y a favor del derecho a decidir del pueblo catalán, “elementos que solo pueden ser vistos como una falta muy grave, como un motivo para expulsar a alguien del ejército, por alguien de ultraderecha”, desarrolla Luis Gonzalo Segura, en referencia al JEME.
El profesor de filosofía del Derecho José Luis Gordillo apunta a que hay una cuestión económica dentro de esa presencia de la ultraderecha en el Ejército, y es la tendencia de elementos de esa ideología a buscar empleo en contacto con las armas. Por otro lado, señala, la historia de España durante el siglo XX arroja una tradición específica de injerencia de los ejércitos en la política que se superpone a sus contactos con los movimientos civiles de extrema derecha.
Si el siglo XIX fue el de los pronunciamientos liberales, el golpe del general Pavía contra la I República marcó un nuevo hito en la asunción por parte del ejército “de una función política interna, un partido conservador con distintas alas que llega, de manera mitigada, a nuestros días”, señala Gordillo. A partir del comienzo de siglo XX, los ejércitos europeos adquirieron un perfil colonial. En el ejército español se generalizó el llamado “africanismo” entre quienes sirvieron en la Guerra de Marruecos, un punto de inflexión entre dos épocas que determinó el crecimiento de un sector ultra dentro de las Fuerzas Armadas. Un sector que protagonizó dos golpes definitivos para la historia de España: el de 1920 y el de 1936.
Tras cuarenta años de depuración de las tendencias democráticas o liberales dentro del cuerpo, en los años clave desde 1973 —asesinato del presidente Luis Carrero Blanco— hasta 1978, las Fuerzas Armadas pasaron, no sin enormes resistencias, de servir a una dictadura a estar supeditadas a un sistema democrático. Un proceso que, para Gemma Amorós, modeló un Estado y una sociedad con los valores del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. En su opinión, el Ejército funciona en ese sentido como espejo del Estado, que por su parte trata de obviar que quienes ahora firman cartas con aroma golpista defendieron ese modelo de “paz y seguridad” que dice perseguir el Gobierno y que, añade, “se apropia” de valores como la democracia o el sentimiento nacional. “La sorpresa es que no haya consecuencias, no puede pasar a la ligera que quien dice que quiere fusilar a 26 millones de personas es un funcionario, alguien que ha representado de forma profesional al Estado”, apunta Amorós.
“No es verdad, como ha dicho la ministra, que esos señores no son militares, son militares hasta que se mueran —denuncia Juan Carlos Rois—, forman parte de un cuerpo muy corporativo hasta que se mueran; están en contacto con ese cuerpo tan corporativo hasta que se mueran. Y lo que es más llamativo es que esas clases militares incorporan un voto cautivo muy importante”, dice este abogado antimilitarista, en referencia a 3,5 millones de personas, “muchas de ellas de sagas familiares” que perciben rentas por el régimen de clases pasivas y por prestaciones de la asistencia militar del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Tolerancia ultra
Los episodios de exhibicionismo de ideas de ultraderecha han tenido respuestas moderadas. El 16 de diciembre, el Ejército anunciaba que un suboficial y dos soldados, protagonistas del vídeo de la base de Paracuellos del Jarama, habían sido sancionados con una falta leve, cuyo máximo castigo puede ser 14 días de arresto. Las sanciones provocadas por un manifiesto de apología del dictador Francisco Franco firmado por un millar de militares alcanzaron apenas a cinco de los firmantes y fueron igualmente “leves”, según las informaciones facilitadas por el Ejército.
Ese es otro de los puntos delicados de una de las potestades de las Fuerzas Armadas: el hecho de que su Justicia no es pública, de modo que no se pueden examinar las deliberaciones en estos y otros procesos, como por ejemplo los de acoso y abuso sexual. Una anomalía en la Unión Europea, como reseña Luis Gonzalo Segura: “En los últimos cien años la justicia militar en Alemania solo existió en tiempos de Hitler; en Francia desapareció en los años 80”.
En junio de 2020, la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, anunciaba la disolución de una de las unidades del Kommando Spezialkräfte, las fuerzas especiales del ejército, por la infiltración de agentes de la extrema derecha. En Italia, el escándalo de la logia Propaganda Due, en los años 80, convulsionó el panorama político y arrojó luz sobre los vínculos de altos mandos militares con el fascismo en el marco de la Operación Gladio y las prácticas de contrasubversión y terrorismo de Estado.
El caso español se presenta, sin embargo, como una historia de
éxito. Después del 23F, y a pesar de que hubo dos tentativas
golpistas más, se terminó oficialmente la tentación “nostálgica”
en el seno de las Fuerzas Armadas. La integración en la OTAN ─que,
de hecho, fue uno de los detonantes de la caída del presidente
Adolfo Suárez─ transformó la idea de las Fuerzas Armadas mediante
el uso de la propaganda en torno a la idea de un “ejército
humanitario” y la entrada en conflictos fuera de nuestras
fronteras.
Tras el acatamiento por parte del Partido Comunista
de España de las reglas del juego impuestas para su legalización,
el cuestionamiento de las Fuerzas Armadas ha quedado solo en el haber
de los movimientos antimilitaristas, que lograron erradicar el
Servicio Militar Obligatorio, a través de la desobediencia de la
objeción de conciencia y la insumisión, pero en los últimos 30
años no han conseguido permear en el programa de ningún partido
político de ámbito estatal.
Juan Carlos Rois critica el ingenuo “maximalismo” de propuestas políticas que, sin embargo, son completamente minimalistas a la hora de discutir la capacidad de las Fuerzas Armadas. La Directiva de Defensa Nacional, detalla, no es evaluada ni discutida por el Parlamento y la Comisión de Defensa del Congreso no fiscaliza la acción de los Ejércitos. “La militarización social es muy elevada en nuestra sociedad”, lamenta, si bien precisa que antes de hablar de un “partido militar” lo que hay es “un partido militarista tácito, transversal, y que está en todos los partidos políticos”.
Actualmente, solo Estados Unidos tiene presencia de
militares en más países que España. El Ejército está presente en
16 misiones internacionales ─en operaciones conjuntas─ y tiene
cuatro misiones propias en el exterior en curso. Un aspecto
recurrente en el análisis del sector militar en España es su
“macrocefalia”. Por cada dos soldados regulares hay un mando
militar, una tasa sin parangón en el entorno europeo. Para José
Luis Gordillo, el periodo de expansión de los ejércitos fuera de
nuestras fronteras obedeció a una consigna tácita del PSOE de
Felipe González y el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra:
“Vamos a combatir el golpismo con imperialismo”. En palabras de
Juan Carlos Rois, eso ha tenido como consecuencia un enorme
despilfarro a favor de la industria militar “a costa de pobreza,
aquí y en otros países”.
La potencia industrial y militar
La entrada en la OTAN y el desarrollo de la Industria Armamentística han convertido a ese “Estado dentro del Estado” en un poder económico en sí mismo. Siguen goteando los casos de puertas giratorias entre las industrias de armamento y material de Seguridad y el propio presupuesto público se encarga, año tras año, de aumentar el gasto militar y las concesiones a empresas del sector. El dinero ejerce de combustible para mantener el militarismo como algo “transversal” a los partidos de izquierda y de derecha, denuncia Juan Carlos Rois, quien critica que la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado se dispara “un 30% cada año” sin que en el Congreso o en la Comisión de Defensa del mismo se mueva un dedo.
En 2021, los préstamos a grandes empresas armamentistas privadas como Airbus, Santa Bárbara, Indra, Escribano o SAPA aumentarán más del 400%. Son, con mucha diferencia, las industrias mejor tratadas por los gobiernos del bipartidismo. Después de analizar partidas escondidas en el gasto y las inversiones de otros ministerios, el Centre Delàs ha situado recientemente el presupuesto militar para 2020 en 21.623 millones. Para Gemma Amorós, la industria militar constituye “el techo” de las aspiraciones de limitar el poder de los ejércitos. “Estamos tocando muchos poderes distintos”, indica, antes de recordar que tres de cada cuatro armas “no se podrían fabricar sin los bancos”.
El teniente coronel retirado Fernando Reinlein, que fue expulsado en 1975 del ejército por pertenecer a la ilegal Unión Militar Democrática (UMD), señalaba recientemente en un artículo en Infolibre que “los movimientos golpistas (…) no hay que buscarlos en los cuarteles sino en grandes corporaciones y palacios”. Desde el Foro Milicia y Democracia, sucesora de la UMD, Enrique Vega Fernández comunica su esperanza de que el rey Felipe VI emita, durante la Pascua Militar del 6 de enero, un posicionamiento en contra “de quienes lo han involucrado” durante 2020 en los intentos de derrocar el Gobierno de coalición formado hace un año. “El Foro cree que una alusión del rey a este asunto sería positiva”, zanja Vega Fernández.
El hecho es que, se distancie o mantenga su silencio, la relación del actual rey con las Fuerzas Armadas sigue siendo potencialmente conflictiva. La “autonomía” del Ejército queda corroborada por el artículo 8 de la Constitución, al que se remitieron los golpistas del 23F, el exjefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo en 2000 cuando defendió que se recurriera a él ante las «concesiones separatistas o el teniente general José Mena durante la Pascua Militar de 2006 cuando explicó que los tres ejércitos tienen “como misión garantizar la soberanía e independencia de España” si se sobrepasan unos límites. Hace exactamente un año, un eurodiputado de Vox que pidió una intervención de las Fuerzas Armadas para que interrumpan “un obvio proceso golpista de voladura de España como nación”.
Luis Gonzalo Segura considera que, efectivamente, el discutido artículo 8 “te faculta literalmente para dar un golpe de Estado, algo que sería impensable en cualquier país de Europa”. El artículo, indica por su parte José Luis Gordillo, “está calcado del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado Franquista de 1967”. En el difícil proceso de elaboración de la Constitución, una nota de la que no se podía “tocar ni una coma” enviada por Moncloa tras una discusión con “interlocutores fácticos”, fijó de esta manera el artículo octavo: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
Ese punto de la Carta Magna entra en diálogo con otro de los consensos tácitos de la Transición, el papel del monarca. Tan pronto meramente honorífico como de “garante de la Constitución”, Felipe VI y antes Juan Carlos I están sujetos a dos artículos que pueden ser contradictorios entre sí, el 97 y el 61. La literatura en torno a un mantra que tuvo cierto éxito durante la fase plácida de la Transición ─“el rey reina pero no gobierna”─ ha sido puesta a prueba en distintos episodios de intervención política a la que, también en esa época, se le dio el verbo de “borbonear”. El citado artículo 8, pese a que nunca se ha interpretado oficialmente de esta manera, confiere al actual rey como “jefe de las Fuerzas Armadas” la potestad de poner en marcha la defensa “de la soberanía e independencia de España” por encima del poder civil, que no aparece reflejado en ese punto.
Comunistas y separatistas
En su ensayo La Transición. Historia y Relatos (Siglo XXI, 2018), los profesores Carme Molinero y Pere Ysás recogen documentalmente las motivaciones generales de los movimientos del golpismo y de los “amagos golpistas” que confluyeron en la primera etapa de la Transición: “Erradicar legalmente y de hecho el comunismo y legislar para impedir la existencia de la mayor parte de los partidos regionales y de todos los de ideología nacionalista”. Objetivos muy similares a los que ahora encarna Vox y que están fijados por la persistencia de un sentimiento de hostilidad hacia el enemigo interno: el comunismo y los partidos independentistas de País Vasco ─donde los ejércitos consideran que libraron una guerra en la que cayeron 301 militares a manos de ETA─ y Catalunya. Ese sentimiento revitalizado por Vox y los sectores ultras de la sociedad civil aparece, punto por punto, en las cartas remitidas a Felipe VI y divulgadas en diciembre de 2020.
La preocupación de Defensa por la presencia de agentes del CNI en las cartas, sentimiento que aventura o recoge Voz Pópuli, no se extiende hacia la Casa Real que, a fecha del 21 de diciembre, no ha emitido ninguna señal de repulsa ante las informaciones que le implican en estos pronunciamientos. Al contrario que en otras épocas, recuerda la periodista Rebeca Quintáns, autora de Juan Carlos I: la biografía sin silencios, la ultraderecha está cerrando filas con el actual monarca, “se ve que lo necesitaban, porque realmente la monarquía no tiene apoyos; puede que no haya una gran beligerancia contra la monarquía, un movimiento republicano fuerte, que el PSOE pase ampliamente del tema; pero no hay afecto por la monarquía en la población”.
El paso dado por militares en la reserva tiene un efecto simbólico importante en un contexto de crisis multiorgánica o ciclogénesis explosiva de las instituciones del 78. El poder judicial, con un mandato caducado, o la propia Casa Real, que afronta las consecuencias de la corrupción en torno a las comisiones del rey Juan Carlos, se encuentran atacadas. Los llamamientos a acabar, por varias vías, con el Gobierno, son el pan de cada día de algunos medios de comunicación, como ya lo fueron en el golpismo del ciclo 77-82.
La solución no es fácil. José Antonio Zarzalejo, un periodista con información de la Zarzuela, deslizó que la Casa Real estaría preparando un “Estatuto Real” para clarificar sus funciones. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también ha marcado línea en ese sentido. El 29 de diciembre, después de un discurso navideño en el que el rey no hizo alusiones de ningún tipo a la cuestión, el Gobierno anunció que se trabaja en una ley de la Corona basada en los conceptos de renovación y “rendición de cuentas”. Del papel militar del rey no se dijo palabra.
Junto a medidas de transparencia, el papel del monarca, que recibió formación militar y es capitán general “sin mando en plaza”, y su sucesora, la princesa Leonor, al frente de las Fuerzas Armadas es la clave de un movimiento del que, hasta ahora, solo llegan rumores. Una retirada del rey de esa jefatura de los ejércitos aliviaría la presión sobre cualquier Gobierno y disiparía muchas dudas en torno a una probable tentación autoritaria que está en el ADN de los Borbones.
Expertos consultados por El Salto dudan de que, sin una reforma constitucional, sea viable una solución duradera que pueda enterrar la percepción de que hay un agujero en el texto de 1978 que faculta una solución golpista. Pero esa reforma constitucional implica cortes constituyentes y que se reabran debates fundamentales sobre la jefatura de Estado o la unidad de España. Implica, por consiguiente, cuestionar principios establecidos a hierro en la ideología del poder fáctico que determinó unos cuantos límites a la Transición de los años 70 y a la Constitución actual. Implicaría sacar al dragón de su guarida y tener la fuerza suficiente para cuestionar su poder. Casi nada.