El pasado miércoles, dos periódicos del grupo Vocento («Abc» y «El Correo español»), además de «La Razón» y «Público», publicaban reportajes, artículos y editoriales sobre el debate nuclear en el Estado español, dando enfoques contradictorios en torno a la posibilidad de cierre de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña. En «Abc», por […]
El pasado miércoles, dos periódicos del grupo Vocento («Abc» y «El Correo español»), además de «La Razón» y «Público», publicaban reportajes, artículos y editoriales sobre el debate nuclear en el Estado español, dando enfoques contradictorios en torno a la posibilidad de cierre de la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña.
En «Abc», por ejemplo, el titular era tajante al afirmar que «El Gobierno denegará la prórroga de Garoña para no abrir el debate nuclear en España». Sostenía el autor del artículo que «el Gobierno en funciones no está por la labor de adoptar una resolución contraria a los planteamientos difundidos por el presidente Zapatero durante toda la reciente campaña electoral» en relación al cierre de Garoña. Recordaba, además, que tras el cierre de Zorita, en Guadalajara, Garoña es la central nuclear más antigua del Estado, a pesar de lo cual «los expertos consideran que se trata de la central que ofrece los mejores ratios de explotación y una de las quince mejor gestionadas del mundo».
Curiosamente, en un reportaje publicado el mismo día en «La Razón» se sostiene lo contrario en cuanto al cierre, al dar por sentado que la próxima instalación en ser jubilada va a ser la de Almaraz (Cáceres), ya que, afirman, en lo que se refiere a Garoña «fuentes del Ministerio de Industria aseguraron que `no hay nada decidido’ y que será el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que determinará si se debe o no cerrar».
En cualquier caso, el responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Green-peace, Carlos Bravo, cree que este interés de determinados medios de difusión por el debate nuclear y por Garoña obedece a «un intento del lobby nuclear de presionar al Gobierno de Rodríguez Zapatero, al amparo del supuesto impulso a esta fuente de energía de los gobiernos francés y británico, que al final ha quedado en nada». Siguiendo esa hipótesis, el mensaje que los sectores pronucleares han querido enviar al Gobierno del PSOE ha sido que «es un irresponsable por no abrir el debate nuclear, mientras que otros estados están a tope, cosa que es falsa, porque no hay ningún nuevo proyecto y el único que hay, en Finlandia, está siendo un absoluto fracaso».
Mareando la perdiz
En opinión del portavoz de Greenpeace, el Gobierno de Zapatero ha estado mareando la perdiz y «entrando en una enorme contradicción con respecto a su propia postura con el cierre de Zorita». Aunque el PSOE, matiza Bravo, impulsó el cierre de esta central desde la oposición y junto al resto de organismos y organizaciones que desarrollaron una campaña reclamando el fin de la vida de Zorita, el Gobierno de Zapatero «no hizo sino cumplir en la fecha prevista la decisión que había adoptado el Gobierno del PP en el año 2002».
Ahora, el PSOE debe tomar la decisión en torno a Garoña, una decisión que «debe estar motivada en la política energética y debe adoptar ya, sin esperar al dictamen que emita el CSN ni a que finalice el periodo de permiso de actividad actual». Porque, añade, el Gobierno «no está limitado a lo que diga el CSN, que es un órgano que le debe informar sobre cuestiones de seguridad. Si el Gobierno quiere ir a un modelo en el que las energías que haya para producir electricidad no sean nucleares, lo puede hacer perfectamente».
Por eso, Carlos Bravo, en sintonía con lo planteado recientemente por la iniciativa Araba sin Garoña, cree que el Gobierno español debe adoptar de forma inmediata la decisión de elaborar un plan de cierre «que podría empezar perfectamente por Garoña, porque reúne todos los argumentos para su cierre».
Además, después de más de cuatro años en La Moncloa, Bravo exige al PSOE más que palabras; le exige «un compromiso oficializado con su publicación en el BOE, para que nos lo podamos creer».
Greenpeace está dispuesta a entrar en una dinámica de mayor confrontación si el Gobierno español no da forma al plan de cierre de Garoña, aunque aún no pierden la esperanza: «Nosotros creemos que lo tiene que hacer; esperamos y confiamos en que cumpla su compromiso, porque la central está totalmente amortizada: termina su permiso de funcionamiento en julio de 2009, la energía que produce es marginal, está compensada por la producción de energías renovables, es absolutamente prescindible».
Inversiones en marcha
El director de comunicación de Nuclenor, la empresa propietaria de Garoña, Antonio Cornadó, no quiere entrar en hipótesis y asegura que toda la plantilla de la central nuclear están trabajando para poner «todos los medios humanos, técnicos, económicos, financieros y profesio- nales para que la central continúe operando de forma segura y fiable, y para demostrar que puede continuar haciéndolo a lo largo de los próximos diez años de esa manera».
En 2006, Nuclenor presentó ante el Consejo de Seguridad Nuclear la solicitud de renovación del permiso de funcionamiento de la central de Garoña, y en este tiempo, afirma Cornadó, el CSN «está analizando toda la documentación que presentamos para justificar esa petición», por lo que considera «muy difícil» que, como afirmaba «Abc», se haya tomado ya decisión alguna sobre la continuidad o no de la central.
Un elemento de lo publicado que Cornadó niega rotundamente es que Nuclenor esté esperando a conocer la respuesta a su petición para realizar las inversiones necesarias en la central: «Nosotros estamos siguiendo toda nuestra tarea, trabajando en proyectos que tienen que ver con la modernización y la puesta al día de la instalación. Y eso tiene un ritmo de inversiones de unos 15 millones de euros por año». Un ritmo que, añade, «se mantiene independientemente del proceso de renovación del permiso de funcionamiento, porque sería miope estar sujetos a que nos concedan o no ese permiso».
Tanto Antonio Cornadó como Carlos Bravo mencionan el anuncio de «renacimiento nuclear» difundido por los gobiernos francés y británico en las últimas fechas, de cara al encuentro que han celebrado en Inglaterra sus máximos mandatarios. En opinión del representante de Greenpeace, ese referente no puede servir como argumento favorable a mantener la producción nuclear «porque no hay ningún proyecto, ningún acuerdo, ninguna venta, a pesar de que Sarkozy representa a una industria estatal que hace centrales nucleares y va de vendedor. Se han limitado a un intercambio de información sobre seguridad y residuos radiactivos». Y afirma que el otro referente en boga entre sectores pronucleares, Finlandia, «es un fracaso» y explica que «la central que están construyendo tiene un sobrecoste de 1.500 millones de euros y, en los dos años de construcción que lleva, arrastra ya un retraso de dos años».
Al hablar de una central nuclear es imposible eludir el debate en torno a la seguridad de esta fuente energética. El responsable de comunicación de Nuclenor, por supuesto, lo tiene claro: «Garoña está adaptada a las últimas normativas de seguridad; si no fuera así, no podríamos operar». Añade Antonio Cornadó que Nuclenor está invirtiendo «importantes cantidades en renovar y actualizar la tecnología de la central, de forma que cumplimos las mismas exigencias de seguridad que las centrales modernas». De hecho, aunque Nuclenor, siguiendo la norma no escrita que se viene siguiendo en el CSN, ha pedido autorización para funcionar otros diez años, Cornadó subraya que «de las 25 centrales que hay en todo el mundo de nuestra misma tecnología, edad y potencia, el 88% o tiene ya permisos para largo plazo, o lo han solicitado, o se están planteando solicitarlo». Y cuando habla de largo plazo, pone el ejemplo de las concesiones a 60 años en EEUU.
Las informaciones aparecidas los últimos días en rotativos españoles calificaban a Garoña de «una de las quince centrales mejor gestionadas del mundo», algo que Carlos Bravo niega rotundamente. Es más, considera que si Garoña está funcionando hoy en día es porque «el CSN es un organismo muy permisivo con los problemas de las centrales».
El máximo argumento que Nuclenor esgrime a favor de su «eficacia» en la gestión es el elevado factor de carga, es decir, el elevado número de horas en funcionamiento. Bravo asegura que otros organismos reguladores equivalentes al CSN «en circunstancias mucho menos nefastas de deterioro de las centrales, las obliga a parar y a funcionar con un factor de potencia mucho más bajo».
En lo que se refiere a Garoña, considera el portavoz de Greenpeace que el CSN ofrece «una permisividad absoluta respecto a los problemas de seguridad que tiene». De hecho, añade, «centrales con ese estado de corrosión estarían paradas desde hace muchos años en otros países».
También rechaza que en Garoña se esté dando una buena gestión y recuerda que en noviembre de 2006 el CSN detectó un fallo que pasó siete meses desapercibido para Nuclenor. «Una compañía que está siete meses sin saber que le fallan los instrumentos de medición de temperatura en caso de accidente -concluye Bravo- demuestra negligencia y una pésima cultura de seguridad».