El exdiputado socialista y profesional sanitario presidió la Comisión de Investigación que intentó arrojar luz sobre los protocolos que excluían a los mayores de centros geriátricos de ingresar en hospitales.
El actual secretario de Atención a la Dependencia del PSOE de Madrid, José Ignacio Gómez Chamorro, conoce de cerca lo vivido en las residencias madrileñas durante la primera y segunda ola del Covid. El ex diputado socialista y profesional sanitario presidió la Comisión de Investigación que intentó arrojar luz sobre los protocolos que excluían a los mayores de centros geriátricos de ingresar en hospitales. No fue posible llegar a las conclusiones por el adelanto electoral que decidió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “El PP nunca reconocerá nada, busca culpables en los demás, hasta en los propios trabajadores o los familiares”, dice Gómez Chamorro, que ahora apoya la recién constituida plataforma Verdad y Justicia para las residencias que quiere arrojar luz sobre la muerte sin una asistencia médica adecuada de más de 7000 mayores.
Desde la Asamblea de Madrid, ¿cómo se viven los primeros días del confinamiento?
Desde el primer momento fue la desesperación por la opacidad del propio Gobierno regional. Lo que más nos preocupaba era que, con el conocimiento que teníamos de cómo estaban las residencias antes del covid, cuál iba a ser la respuesta. La situación de las residencias antes de la pandemia era muy precaria, tanto en personal como en material. Hasta tal punto de que estábamos denunciando justo antes del Estado de Alarma que no tenían ni material de limpieza para las instalaciones ni para el aseo de los residentes.
¿Tenían recursos médicos suficientes?
Cuando llega el covid, nos encontramos con 25 residencias públicas con una dotación económica insuficiente pero en una situación superior las que cuentan con una gestión directa que las de gestión indirecta. Estos 16 centros, estaban con una precariedad absoluta. En su caso con empresas al cargo que nada tenían que ver con la asistencia a los mayores. También nos encontramos con un porcentaje de residentes muy alto susceptible de necesitar un hospital de referencia y camas de media y larga estancia. Era la tormenta perfecta para lo que vino después y el PP nunca hizo caso.
¿Esa opacidad se mantiene cuando llegan las primeras cifras de muertos en residencias?
Nos pasó que tuvimos que acudir al Portal de Transparencia porque como diputados no se nos daba información. La propia consejería entró en un absurdo trasladando las responsabilidades al Gobierno central, cuando está demostrado por dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia que la Comunidad de Madrid era la única responsable. Esta situación se complica cuando el consejero Reyero se da cuenta de la situación tan límite de las residencias y pide la intervención de la UME. Entran en una batalla interna del Gobierno entre el PP y Cs, que acaban quitando las competencias a Asuntos Sociales y dándoselos a Sanidad, de donde surgen los protocolos de exclusión, la opacidad, etc. Una situación sólo mitigada por la actuación de los ayuntamientos, de cualquier color, que proporcionan materiales y piden más medios. Y son ellos quienes piden responsabilidades cuando les llega el aviso de algunas directoras de residencias que avisan que no les están dejando derivar a mayores a los hospitales.
¿Es en ese momento cuando conocen los protocolos de exclusión de los mayores por residir en centros?
Sí, fue un momento muy confuso. Nos empezamos a enterar por los directores de las residencias, en concreto la de Amavir de Alcorcón que declaró en la Comisión de Investigación de la Asamblea. Empezamos a tirar del hilo y vimos que no era un borrador, que era un protocolo concreto de cómo actuar con la protesta del propio consejero de Asuntos Sociales. Sanidad siguió adelante con la exclusión y anunció la ‘Operación bicho’.
Si estamos descubriendo corrupción con el material sanitario, ¿también lo hubo aquí?
Lo que sí que tengo claro es que el PP quiso poner una cortina de humo con la contratación de una empresa para que controlara lo que pasaba en las residencias. Pero lo que te encuentras es la contratación de Encarnación Burgueño, hija de Antonio Burgueño, asesor médico de Ayuso, que solo tenía dos ambulancias y ella misma para atender a las más de 400 residencias de la comunidad. Sin más técnicos, ni geriatras.
Muchos echan en cara al ex consejero Reyero no haber hecho más.
Yo también creo que debería haber hecho más, pero creo que tenía las manos atadas por Ciudadanos. Creo que él hubiera acudido a la fiscalía pero Ignacio Aguado, responsable de Ciudadanos en Madrid, no le dejó. Hubiera sido lo ideal, pero le desautorizaron. Yo ahí supe que le quedaba muy poco tiempo de consejero.
Ese mirar a otro lado en sus responsabilidades sobre las residencias, ¿con qué objetivo político, en su opinión, lo hizo Ayuso?
Por un lado creo que querían debilitar la posición de Reyero y de Ciudadanos en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Segundo, para atacar miserablemente al Gobierno central mediante Pablo Iglesias. El Ministro de Asuntos Sociales no tiene las competencias, siempre han estado en manos de las Comunidades Autónomas. El PP actuó de una manera miserable intentando politizar el caso de las residencias para tomar ventaja frente a una desgracia tremenda. Fue lo peor que se pudo hacer. Hubo denegación de auxilio, claramente, porque no se dio oportunidad a los residentes de tener una asistencia adecuada.
Las peores cifras de mortalidad están en las residencias con colaboración público-privada, según un estudio de la Plataforma Verdad y Justicia. Mientras que se sitúa en un 13% en las residencias 100% públicas y en las 100% privadas, en las mixtas aumenta hasta el 21%. ¿A qué se debe?
Es lo que comentábamos antes de la pandemia. Esas 16 residencias de gestión indirecta se estaban gestionando con plenos de condiciones imposibles, donde el coste de servicio no se corresponde al que paga la administración.
Hace unos meses, varias empresas se han descolgado del nuevo acuerdo marco, trasladando obligatoriamente a más de 600 mayores.
Aquí la Comunidad de Madrid ha hecho trampa. Por un lado, dicen que han subido el precio económico, pero también han subido los ratios de personal, así que se quedan a cero. Cuando las empresas dicen que no pueden hacerse cargo de eso, es la comunidad quién tiene que asumir las responsabilidades. Ahora, por este motivo, hay 400 personas más en lista de espera de plaza de residencia.
En marzo de 2020, ¿eráis capaces de imaginar que habría más de 7.000 personas muertas sin la atención médica que necesitaban?
En ese momento era imposible. El análisis posterior sí, porque la situación previa y las decisiones que se tomaron estaban ahí. Pero lo peor de todo es que todo sigue igual. Les da igual, no quieren rectificar su gestión.
¿Y podrías pensar que dos años después siguieran sin depurarse responsabilidades por estas muertes?
El PP nunca reconocerá nada, busca culpables en los demás, hasta en los propios trabajadores o los familiares. Ayuso se lo toma a risa, además.
Una de las vías para acabar con esa impunidad, además de la Justicia, era la Comisión de Investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid. Aunque se cerró prematuramente, ¿qué certezas obtuvisteis?
La primera, que los protocolos eran de obligado cumplimiento. Certificados por Carlos Mur, el médico que los firmó, y por los demás intervinientes, como directores de residencias. Segundo, el director de HM Hospitales reconoció que en la red de hospitales privados solo fueron recibidos los mayores que estando en residencias y tenían un seguro médico privado. Tercero, certificamos la inoperancia de la contratación de Burgueño y que las recomendaciones de su padre hicieron que fuera despedido. Sobre todo, confirmamos en la comisión que tanto PP como Vox las comparecencias se las tomaban a sorna. Lo que más me ha dolido como presidente de esta comisión fue la actitud de poco más o menos que riéndose de lo sucedido, con más de 7.000 muertos. Me desgarró el corazón.
La comisión se cerró por el adelanto de las elecciones. ¿Pesó este tema en la decisión de Ayuso de anunciar convocatoria?
Fue uno de los puntos que pesó, seguro. Viendo cómo iban los trabajos de investigación estaba muy claro que la posición de la oposición en bloque iba a señalar las responsabilidad del Gobierno regional. Ayuso veía lo que se le venía encima con esta comisión porque ellos fueron los responsables.
Ayuso ha encontrado en Vox un aliado perfecto para bloquear una nueva comisión.
Nosotros, tanto PSOE, como Más Madrid como Unidas Podemos tenemos el compromiso con familiares y trabajadores de volver en esta legislatura a la constitución de la comisión. PP y Vox lo rechazaron, no lo entiendo cuando durante toda la pandemia insistieron que era un asunto de Pablo Iglesias. Entonces ¿por qué no quieren investigarlo?
Ese apoyo a Ayuso por parte de Vox, ¿a cambio de qué?
El único objetivo de Vox, no solo en Madrid si no en toda España, es poner al PP en la tesitura de gobernar con ellos. Solo puedo pedir a la ciudadanía que vea las propuestas de Vox. Quiere ser influyente porque sabe que no va a ganar nunca unas elecciones.
Tal vez una cosa buena de esta situación ha sido la unidad de la oposición en la Comunidad de Madrid. ¿Qué pueden hacer juntos?
Es un comportamiento digno de aplaudir, no hay fisuras en este sentido entre Unidas Podemos, Más Madrid o el PSOE. Yo, personalmente, veo con mucho agrado la creación de plataformas como Verdad y Justicia para que desde la fuerza ciudadana no se olvide lo pasado. Desde los grupos de la izquierda debemos seguir apoyando la investigación de qué pasó. El duelo de los familiares no se solucionará hasta que tengan un relato creíble de esos días. La memoria de los fallecidos no se merecen que quede impune.
Uno de los objetivos de la plataforma es que no se vuelva a repetir.
Desde el Gobierno central se está trabajando en una nueva normativa de centros sociosanitarios, en la que están interviniendo expertos, empresas, usuarios, etc. Ese es un paso, pero es necesario redefinir los servicios de la Dependencia. Acercar los servicios a los ciudadanos, basándose en la atención domiciliaria, con centros de barrio, donde el mayor no salga de su entorno. No hay un solo experto que no opine que debe ser así. Y a nivel residencial necesitamos que las residencias sean hogares, no hospitales, y complementar esta situación con plazas hospitalarias de media y larga estancia. Este debe ser un acuerdo de la izquierda en su conjunto.
Es importante decir que con exclusión sanitaria también tuvo víctimas entre las personas con discapacidad en centros residenciales.
Desde luego. En este sentido hay que resaltar que el problema de raíz surge cuando la Comunidad de Madrid usa los fondos de Asuntos Sociales para solucionar problemas que son de Sanidad. Es el asunto de fondo.
¿En qué momento se convirtió la dependencia en un negocio?
Eso pasó en el momento y hora en el que no hay una respuesta pública. Tanto Güemes como Lasquetty hicieron un simposio para empresarios diciendo que la sanidad en Madrid era un negocio y plantean la gestión residencial de la misma manera. Es que hay empresas que hasta hace dos días comercializaban vino que ahora se hacen cargo de residencias de mayores, ¿pero qué disparate es este?