Varios emails y documentos obtenidos por El Salto prueban que técnicos del Ayuntamiento de Madrid, durante la época de Botella y Gallardón, alertaban a la empresa de la M-30 de los tramos de vía que iban a ser auditadas.
La construcción de la mayor obra civil del Estado español, el soterramiento y ampliación de la M-30, está llena de sombras e irregularidades. Pero el mantenimiento posterior a la construcción tampoco se libra de sospechas. Pruebas y documentos obtenidos por El Salto demuestran que las auditorías encargadas de controlar el correcto mantenimiento de la circunvalación principal de Madrid estaban amañadas en favor de la empresa privada que ganó el concurso.
El megaproyecto inicial de la M-30 tenía la intención de ser completamente municipal. Pero la negativa por parte de la Unión Europea a financiar la obra, debido a que no se realizaron los pertinentes estudios de impacto medioambiental, sumado a los elevados costes de ejecución de un proyecto de tal envergadura, fueron la excusa perfecta para que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado en aquel entonces por el Partido Popular de Alberto Ruiz Gallardón, creara una sociedad de gestión mixta pública-privada: Madrid Calle 30 (MC30).
La empresa mixta se creó con dos objetivos. Por un lado ejecutar la obra y, por otro lado, el mantenimiento, explotación y conservación de la vía y los espacios de su entorno. Al concurso, no libre de sospechas administrativas, se presentaron cuatro empresas. Empresa de Mantenimiento y Explotación de la M-30 S.A. (EMESA), una UTE participada por Ferrovial, Dragados y API (estas dos últimas del Grupo ACS de Florentino Pérez) fue la adjudicataria del proyecto en una ajustada valoración.
La oferta económica obtuvo la tercera peor puntuación en el análisis financiero, calculado mediante fórmulas fijas para todas las ofertas. Pero la parte técnica, que está supeditada a la interpretación de los técnicos del Ayuntamiento y su valoración, consiguió una valoración tan positiva que le dio la millonaria adjudicación a EMESA por un ajustado margen de diez puntos sobre 1.000. La Comisión de investigación de MC30, que ayer 12 de septiembre, celebró su tercera sesión, ha descubierto, entre otras irregularidades, que el Plan General de Medioambiente de la oferta técnica de EMESA obtuvo 22 puntos, cuando la valoración máxima era de 20.
El sistema de liquidación de pagos por el Ayuntamiento a MC30, y por ésta a EMESA, venía supeditado a unos informes de valoración de cumplimiento de un sistema de 440 indicadores de buen funcionamiento del mantenimiento de la vía. Entre estos indicadores se encuentran algunos como el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad contra incendios, los tiempos de reacción de los servicios de emergencia, el número de bomberos que debe haber en cada una de las 4 bases de emergencia o el estado de la calzada en las carreteras y túneles de toda la circunvalación.
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