Arranca el curso escolar. Con las heridas patentes por el hachazo perpetrado por el gobierno del Partido Popular a la educación pública. En el País Valenciano, los sindicatos han convocado los días 7 y 14 de septiembre en los 1.400 colegios públicos e institutos, concentraciones contra la política de recortes del ejecutivo autonómico. Además, el […]
Arranca el curso escolar. Con las heridas patentes por el hachazo perpetrado por el gobierno del Partido Popular a la educación pública. En el País Valenciano, los sindicatos han convocado los días 7 y 14 de septiembre en los 1.400 colegios públicos e institutos, concentraciones contra la política de recortes del ejecutivo autonómico. Además, el 22 de septiembre se han convocado en Valencia y Alicante manifestaciones con el lema «Per l’Ensenyament públic: més inversió, més qualitat, más valencià i més dignitat».
La política de desmantelamiento de la educación pública implementada por el PP se acentúa en un contexto de crisis y recortes. Un Decreto Ley aprobado por el gobierno autonómico el 5 de enero (convalidado por las Cortes Valencianas 13 días después) ya ajustaba salarios y plantillas en el ámbito docente. El Real Decreto 14/2012 aprobado por el gobierno central, que tuvo su correlato en un decreto posterior aprobado por el ejecutivo valenciano, materializaba el incremento del número de alumnos por aula en un 20% (de 35 a 42 en bachillerato; de 25 a 30 en infantil y primaria y de 30 a 36 en la ESO). El incremento de estas ratios es una de las reivindicaciones históricas de la escuela privada.
A ello se agregó después un incremento de las horas lectivas que debía impartir cada profesor: de 18 a 20 horas en la enseñanza secundaria y un mínimo de 25 en educación primaria e infantil. Es decir, más alumnos en menos aulas y mayor carga de horas lectivas para los docentes. Es lo que en la jerga neoliberal se denomina «racionalización» y «reasignación» de los recursos para alcanzar una mayor «eficiencia». A la degradación de la enseñanza se añade el recorte de plantillas en colegios e institutos. Según el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), el mayoritario en la educación pública valenciana, los ajustes llevan a un recorte de plantilla de 1.200 profesores interinos. En los últimos tres años, según fuentes sindicales, 4.500 docentes han sido despedidos.
La situación se agrava, además, por el hecho de que la Conselleria de Educación no ha cubierto las jubilaciones ni realiza ofertas de empleo público. Pero los recortes no afectan exclusivamente a los docentes interinos. Otros profesores, funcionarios de carrera, han visto cómo se les desplazaba a otros centros para continuar ejerciendo su trabajo.
Así las cosas, el curso 2012-2013 comienza entre protestas y, en muchos casos, con los profesores impartiendo las lecciones en barracones . Es ésta una realidad que se repite año tras año en el País Valenciano. En 2012, 800 barracones o aulas prefabricadas acogerán a entre 16.000 y 18.000 alumnos principalmente en los tramos de infantil y primaria. El problema es que muchas de estas aulas no tienen carácter provisional (mientras se construye un nuevo colegio), sino que con el tiempo han devenido una realidad estructural: algunos barracones llevan funcionando cinco años, otros 20.
Los presupuestos de 2012 del Gobierno de Fabra ya supusieron un primer aviso. Los gatos de personal en educación secundaria se redujeron un 3% respecto al año anterior. Aunque el capítulo de inversiones en el funcionamiento de centros públicos establece un incremento, el STEPV critica que los centros «están sufriendo retrasos en el cobro de estas partidas que ponen en peligro el funcionamiento diario de los colegios». Mientras, el gasto en los conciertos educativos con centros privados aumentó cerca de 9 millones de euros (1,5%) respecto a 2011.
Además, «las modificaciones que se realizan posteriormente a la aprobación de los presupuestos hacen difícil un análisis preciso de la inversión real en conciertos educativos; esta estrategia de la administración es totalmente intencionada y calculada, para evitar las críticas a las políticas de privatización de la educación que, desde 1995, lleva a término el PP valenciano», denuncia el citado sindicato.
Reajustes, reestructuraciones, recortes, reasignaciones…. ¿Con qué objetivo? Uno muy evidente, según Vicent Mauri, portavoz del STEPV: «El desvío de alumnos de la educación pública a la privada». En 2012 ha aumentado en un 2% el número de escolares matriculados en colegios concertados (privados con subvención estatal). «Es una cifra muy significativa», señala Mauri. «Lo que pretende el PP, a fin de cuentas, es cambiar la proporción 65% de alumnos en centros públicos-35% en privados, pactada en la transición, e ir a un modelo que implique el reparto del alumnado a partes iguales entre colegios públicos y privados; ya lo anunció sin tapujos Aznar en su día, también Esperanza Aguirre en su etapa de Ministra de Educación y este verano lo ha dicho la consellera de Educación, Maria José Català», añade.
Nos hallamos en el punto álgido de la ofensiva. Según el portavoz del STEPV, «están utilizando la crisis como pretexto para destrozar la educación pública; siempre hablan de libertad de elección de centros, pero esto resulta una mera excusa. Entienden la educación como un negocio privado. Si no, ¿Por qué se niegan a hacer escuelas públicas en zonas de interior o en el mundo rural?».
Actualmente, en Valencia capital hay más alumnos matriculados en la escuela privada concertada que en la pública. A ello no resultan ajenos los postulados ideológicos de la alcaldesa del PP, Rita Barberá, quien en más de una ocasión ha afirmado que la ciudad ya cuenta con muchas escuelas públicas. Tal vez por ello el consistorio valenciano no cede solares para la construcción de centros escolares públicos. Sin embargo, se trata de decisiones políticas de dramáticas consecuencias. Escolares de los barrios de Benimaclet, Algirós, Mestalla o Patraix deben matricularse en colegios privados o en públicos de otros barrios, dada la carencia de equipamientos públicos cerca de sus domicilios. Por el contrario, según fuentes sindicales, el Ayuntamiento de Valencia habilita suelo de uso escolar, con la aprobación de la Generalitat Valenciana, para la construcción de colegios privados.
Tampoco la educación constituye pieza separada del modelo económico aplicado en el País Valenciano durante los últimos años, donde la falta de inversiones en educación pública ha corrido en paralelo al monocultivo del ladrillo y las inversiones especulativas. «Nada se ha improvisado -señala Vicent Mauri-; deliberadamente se ha fomentado el abandono de las escuelas para que los jóvenes fueran a trabajar en la construcción o la economía informal». De hecho, el índice de fracaso escolar ha aumentado en el País Valenciano un 11% en la última década (uno de los registros más elevados en el conjunto del estado; de hecho, en la mayoría de autonomías se ha dado una reducción del fracaso escolar).
En resumen, «el País Valenciano constituye desde hace 15 años, junto con Madrid, el gran laboratorio del PP para el desmantelamiento de la educación pública. En los últimos cinco años esto se ha hecho más evidente. Un ejemplo. El País Valenciano y Madrid son las únicas autonomías que tienen concertada la educación infantil y de bachillerato, algo a lo que la ley no les obliga», explica Vicent Mauri. También los ciudadanos valencianos han sufrido iniciativas que rayan lo estrambótico, como el Decreto del plurilingüismo, que comienza a aplicarse en el presente curso escolar, y pretende añadir la enseñanza del inglés a las dos oficiales, castellano y catalán, desde la educación infantil.
El portavoz del STEPV explica que, tal como afirman numerosos pedagogos, «la metodología de enseñanza de diferentes lenguas ha de ser progresiva y escalonada, con grupos reducidos y fomentando la participación del alumnado; se trata, asimismo, de una iniciativa populista y que atenta contra la lengua autóctona». Reducción de becas para libros de texto, aumento del IVA del 4 al 21% en el material escolar (añadido a la mengua salarial de las familias), la inexistencia de una red gratuita de centros educativos infantiles se añaden a una retahíla de recortes que ponen en almoneda la educación pública, en el País Valenciano y en el conjunto del estado.
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