La embestida del PP contra la enseñanza del valenciano en los colegios públicos ha aumentado un escalón en el curso 2014-2015. Una estrategia calculada (escondida bajo pretextos como el descenso de la natalidad o las exigencias de la LOMCE), que se agrega a la apuesta decidida del partido conservador por favorecer a la educación privada. […]
La embestida del PP contra la enseñanza del valenciano en los colegios públicos ha aumentado un escalón en el curso 2014-2015. Una estrategia calculada (escondida bajo pretextos como el descenso de la natalidad o las exigencias de la LOMCE), que se agrega a la apuesta decidida del partido conservador por favorecer a la educación privada. Los datos que inauguran el presente curso, difundidos por Escola Valenciana, admiten pocas discusiones: se suprimen 68 unidades educativas (aulas) de infantil/primaria en valenciano, y otras 81 están pendientes de si los centros eligen suprimir la unidad de valenciano o castellano. En total, 150 aulas afectadas.
La eliminación de unidades ha forzado a cinco colegios públicos en valenciano a cerrar sus puertas, con el trastorno que ello genera a madres, padres y escolares, que deberán matricularse en otros centros. En estas circunstancias se han visto los colegios públicos de Santa Quitèria de Almassora (Castelló), Mestre Canós de Castelló; Ciutat de Cremona (Alaquàs), Josep Camarena (Gandía) y l’Arc (Monóver). Los recortes, los «barracones», el adelanto en el inicio de las clases, la eliminación de aulas y colegios, y la ola de calor son factores que han incendiado el comienzo del curso (En el Colegio Ciutat de Cremona irrumpió la policía nacional acompañada de la inspección educativa para desalojar a padres, madres y docentes voluntarios).
Hay una estrategia de fondo para romper el equilibrio lingüístico. Según el presidente de Escola Valenciana, Vicent Moreno, la Conselleria d’Educació ha pasado de «obligar a impartir ciertas materias en valenciano a sólo plantear la posibilidad de elegir, mientras que, en el caso contrario, sí que establece la obligación de impartir más horas en castellano». «Se menosprecia nuestra lengua en la educación; el castellano y el valenciano no son lenguas que estén en igualdad de condiciones y, para conseguir que lo estén, hace falta incentivar a la lengua minorizada». Moreno se refiere a una «campaña burocrática muy violenta» impulsada por la conselleria. Frente a la supresión de aulas en valenciano en los centros públicos, en el curso 2014-2015 aumentan en ocho las unidades en castellano de los colegios privados-concertados (el 90% de las aulas de estos centros son en castellano).
Como en las cifras sobre «barracones», la Conselleria d’ Educació ofrece muy escasa transparencia. Según Escola Valenciana, no se han facilitado datos del número de alumnos que estudian en valenciano; tampoco de la cifra de alumnos de tres años que cursan los estudios en valenciano respecto al año anterior; ni del número de centros con línea en valenciano, doble línea educativa o exclusivamente en castellano.
El secretario de Acción Sindical del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela, apunta que en los años 2010-2011 comenzó a atisbarse un cambio de tendencia en las políticas lingüísticas de la Generalitat en la escuela Pública. Ahora «se da una vuelta de tuerca, con la Ley Wert como excusa, para prohibir líneas educativas en valenciano». ¿Cuál es el objetivo? «Minimizar la educación en lengua valenciana en la escuela pública; la apuesta por el castellano está en el ADN del PP». Marc Candela opina, además, que el proceso soberanista catalán «está precipitando la deriva conservadora en los territorios periféricos de lengua catalana, como constatan el cierre de Radiotelevisió Valenciana o el TIL en Baleares».
En 2011 el STEPV publicó un informe sobre la enseñanza en valenciano («De l’entrebanc a la involució»). Ese año, recuerda, dos colegios públicos y uno concertado pidieron la habilitación de líneas en valenciano, a lo que la Conselleria d’Educació se negó. Finalmente el TSJ les dio la razón a los colegios. En el informe se apunta, de manera muy visual, que aprender valenciano se ha convertido en cosa, básicamente, de niños y niñas de infantil, siempre que vayan a la escuela pública. Añade el estudio que la enseñanza en lengua valenciana disminuye a medida que se avanza hacia el sur del territorio (provincia de Alicante), aumenta la edad o la presencia de la escuela privada-concertada. El portavoz del STEPV concluye que el gobierno del PP ha pasado de «tolerar» el valenciano, a «obstaculizarlo» y «perseguirlo». De vuelta al presente, al curso 2014-2015, el responsable de Acción Sindical del STEPV pone el énfasis en una tendencia verificable: los centros que se han quedado con una sola línea educativa, ésta es en lengua castellana.
Hay una perversa vara de medición. Por ejemplo, la conselleria ha echado el cierre a una unidad en valenciano para niños de tres años en el colegio Ciutat de Cremona de Alaquàs, a pesar de la demanda de 21 familias (ello implica la supresión del centro escolar cuando los alumnos del centro terminen primaria). En el colegio Herrero de Castelló, denuncia Escola Valenciana, la Conselleria d’Educació ha cerrado la unidad en valenciano solicitada por unas 15 familias, al tiempo que mantiene una unidad en castellano que pedía un número de familias menor (cuatro).
Un claro ejemplo de doble rasero, de tendenciosa fijación de prioridades, se produce en el colegio público de infantil y primaria Pare Català, ubicado en el barrio de Benimaclet (Valencia). Además de las tres líneas en valenciano del centro, se imparten las clases en castellano (en una «línea habilitada») a dos grupos de alumnos (uno de tres y otro de nueve escolares). A mitad del curso pasado, dos familias reclamaron la enseñanza en castellano, y la Conselleria d’Educació habilitó una unidad para ello. En junio de 2014 el TSJ resolvió la suspensión cautelar de esta medida de la conselleria. A pesar de la decisión judicial, en el presente curso se mantiene esta unidad abierta para las clases en castellano.
Además de a la caída demográfica, el Gobierno Valenciano recurre habitualmente a la LOMCE como parapeto ante las críticas. Y a que la ley, se alega, establece entre sus prioridades garantizar la enseñanza en castellano en las comunidades bilingües. Según Joan Canela, miembro del AMPA del colegio Pare Català y padre de un alumno, «nadie discute el derecho de los padres a matricular a sus hijos en castellano, ahora bien, ello no implica el derecho a matricularlos en la escuela que uno quiera; hay que atender también a las razones pedagógicas y sociales, y al hecho de no crear guetos, como ocurre cuando se habilitan líneas específicas; en estos casos, el reparto de alumnos entre todas las aulas permite una mejor integración e incluso una atención más personalizada».
Además de calificar como «surrealista» lo ocurrido en el colegio Pare Català, Joan Canela señala una contradicción muy palmaria: «mientras por todas partes se cierran unidades educativas en valenciano, aquí se crean en castellano con muy poca demanda». A sólo cien metros, en el mismo barrio, hay otra escuela donde a estos alumnos se les podría haber matriculado en castellano. Prioridades políticas.
Fotos: Helena Olcina
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