El presidente descarta comparecencias de los integrantes del Gobierno español en el Congreso
Las ramificaciones del «caso Bárcenas» y el supuesto cobro de sobresueldos en la cúpula del PP han puesto en jaque a la derecha española. Tras negar la existencia de los sobres con dinero negro e intentar distanciarse de su extesorero, el presidente español, Mariano Rajoy, promete ahora una auditoría externa y una investigación de puertas adentro. De este modo, la dirección de Génova intenta lidiar con las progresivas noticias que apuntan a la corrupción en el seno de la formación derechista al tiempo que intenta mantener la cohesión interna. Tanto PSOE como IU insisten en que el Gobierno español de bería dar la cara ante el Congreso, pero se trata de algo poco probable ya que la mayoría absoluta de la que disfruta el PP le permite dar carpetazo a la investigación parlamentaria bajo el argumento de que la cuestión está ya en manos de los jueces. Pese a las promesas del fiscal general del Estado, que aseguró que sería «extremadamente beligerante con la corrupción», lo cierto es que, por el momento, Fiscalía no ha movido ficha. Se ha limitado a seguir adelante con la investigación de la «trama Gürtel», caso por el que Luis Bárcenas ya está imputado, lo que deja fuera, hasta ahora, el caso de los sobres.
«Acerca del dinero negro, vuelvo a repetir, no he leído ninguna prueba. Sí que existe una cuenta en Suiza que ha desvelado una comisión rogatoria. De lo otro, pruebas no he visto. Ni yo, ni nadie». María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, se resguardaba así de las preguntas de los informadores tras el Comité Ejecutivo Nacional que la formación que lidera Mariano Rajoy celebró ayer en su sede de Génova. Tras el escándalo sobre los 22 millones de euros que Bárcenas llegó a amasar en cuentas en Suiza y el de los sobresueldos desvelados por «El Mundo», ayer fue el turno de la confesión de Jorge Trías Sagnier, exdiputado en la legislatura entre 1996 y 2000. El antiguo parlamentario conservador aseguró en un artículo en ee»El País», que Bárcenas era el encargado de la contabilidad «B» del partido y que entregaba sobres entre la cúpula del PP que podían llegar hasta los 10.000 millones de euros.
Amenazas a quien denuncie
Ante la sucesión de noticias que apuntan a la financiación ilegal y a las tramas de corrupción entre sus principales altos cargos, el PP ha reculado. Hace cuatro días, Carlos Floriano descartaba una investigación interna, recordando que ya se hizo cuando estalló el «caso Gürtel». Sin embargo, Génova ha cambiado de opinión y su actual gerente, Carmen Navarro, volverá a revisar las cuentas. Además, se pondrá en marcha una auditoría externa a cargo de empresa a la que se le entregarán todos los papeles contables desde la creación del PP, en 1989.
«El principal perjudicado ha sido el PP», aseveró la secretaria general, quien señaló que ha ordenado a sus servicios jurídicos que estudien las «acciones legales que sean pertinentes para defender la honorabilidad» de la formación. Habrá que ver si utilizan también este mecanismo para intentar sentar ante el juez a los medios que están revelando las sucesivas ramificaciones de la corrupción que está asediando a Génova.
Investigación sin Bárcenas
Pese a negar la veracidad de las corruptelas denunciadas, el PP ha terminado por resignarse. «Va a ser la primera vez que un partido someta sus cuentas a una auditoría externa», aseguró Cospedal. Todavía no hay fechas para que comience ni, por supuesto, para ofrecer las primeras conclusiones. Lo que ya se sabe es que para elaborar estos análisis no se contará con el considerado cerebro de la trama de financiación ilegal: el extesorero Luis Bárcenas. La formación que lidera Rajoy considera que el antiguo senador ya está imputado por el caso Gürtel, en manos del juez Pablo Ruz, por lo que no le incluirá en sus investigaciones. El magistrado viajará mañana a Suiza para analizar la documentación.
Marcar distancias hacia Bárcenas constituye la principal estrategia comunicativa adoptada por el PP. Ayer, una Cospedal dubitativa y, en ocasiones, irritada, insistió en que desconocía las «actividades privadas» del extesorero. «No es que se quiera o no se quiera» hablar con él sino que es «estéril» hacerlo con un procedimiento judicial en marcha y es ahí «donde se tiene que ventilar esta cuestión», afirmó. También desmintió las noticias que apuntaban a que Bárcenas mantuvo despacho, secretaria y coche oficial. «Lo que hay es una sala donde pidió guardar documentación, pero no un despacho», insistió, sin querer ofrecer más detalles.
Sin embargo, el extesorero sigue en el centro del debate político. Todavía hay muchos puntos negros que nadie ha aclarado. Uno de ellos son los 10 millones de euros que, supuestamente, habría blanqueado aprovechando la amnistía fiscal decretada en 2012 por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Desde el PP se insiste en que los fondos no tienen nada que ver con el partido y que no se puso en marcha aquel período especial para favorecer a su extesorero. «Rajoy ha dicho que eso es simple y llanamente un disparate», aseguró Cospedal.
Los supuestos sobresueldos son otra de las patatas calientes para Rajoy. En este punto, el mensaje intenta ser unívoco: nunca se pagaron fondos opacos o «no me consta», que se convirtió en la frase más repetida el pasado viernes. Lo que sí prometió Cospedal fue que el PP expulsará a aquellos miembros que se vean envueltos en casos de enriquecimiento ilícito.
Fuentes presentes en la reunión aseguraban a la agencia Efe que todos los barones del PP avalaron las medidas propuestas por Rajoy. Incluso Esperanza Aguirre, una de las voces díscolas y que ha abogado por poner en marcha la figura del «fiscal anticorrupción» interno. En el PP de Madrid, que Aguirre preside pese a decir que dejaría la política, el cargo será ocupado por el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro. Sin embargo, este formato no se extenderá al resto de la formación.
Sin investigación en las Cortes
Lo que también se descarta es la puesta en marcha de una investigación parlamentaria. PSOE, CiU, PNV, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego han solicitado la comparecencia del presidente español, Mariano Rajoy y de nueve de sus ministros. Esta cuestión se abordará hoy durante la diputación permanente, órgano rector fuera de los períodos de sesiones, que tendrá lugar en la Cámara Baja. El PP ya se ha mostrado reticente, así que aprovechará su mayoría absoluta para vetar las comparecencias. Solo permitirá que acuda a la sede parlamentaria el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien dará explicaciones sobre la amnistía fiscal.
Asediado por los casos de financiación ilegal, el PP ha ofertado al resto de formaciones políticas un pacto contra la corrupción. La vicepresidenta española, Soraya Sáez de Santamaría, ya solicitó en su día un informe al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuando esté listo, algo que Cospedal considera que puede ocurrir en un mes, Sáez de Santamaría se pondrá en contacto con el resto de formaciones. Paradójicamente, el texto pone énfasis en la transparencia pero apenas toca la corrupción.
Los casos de corrupción han socavado la credibilidad de la clase política en el Estado. Y han desatado los nervios. Quizás por este motivo, Cospedal cerró la rueda de prensa afirmando que «han muerto muchas personas para defender los intereses del partido». Habrá que ver si nuevas revelaciones vuelven a poner en jaque a una Génova tocada y que intenta blindar del escándalo a su cúpula.