No querían ser menos que sus ancestros y al final lo van a lograr. El fanático religioso Jorge Fernández Díaz, que además es ministro del Interior (decía hace unos años en La Gaceta esta perla:»Aunque parezca que le hayamos cerrado la puerta, aunque a veces no lo queramos ver o escuchar, tengo la íntima convicción […]
No querían ser menos que sus ancestros y al final lo van a lograr. El fanático religioso Jorge Fernández Díaz, que además es ministro del Interior (decía hace unos años en La Gaceta esta perla:»Aunque parezca que le hayamos cerrado la puerta, aunque a veces no lo queramos ver o escuchar, tengo la íntima convicción de que Dios está muy presente en el Congreso. Las Cortes son el órgano legislativo del Estado y Dios, el gran legislador del universo», donde dejaba claro un pensamiento político empapado de rancio Absolutismo) no se conforma con la consigna jesuita de no hacer mudanza en tiempos de turbación. Plantea un cambio legal que lleve a toda la sociedad de vuelta al «Camino» correcto.
Para lograr su objetivo ha puesto sobre la mesa un proyecto de Ley que con la coartada de la Seguridad Ciudadana busca legalizar el Estado de Excepción. Si a un país le vaciamos las Libertades hasta dejar la carcasa hueca y dinamitamos sus las garantías constitucionales, podrán seguir llamando al engendro Democracia los beneficiados por el tejemaneje pero todos, en España y Europa, saben que ya no lo es.
El proyecto ahora publicitado sigue la estela de Leyes anteriores tan queridas por el Conservadurismo como la de Jurisdicciones de 1906 y la de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940.
La primera puso bajo jurisdicción militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército. Su aplicación trajo un vaciado de libertades públicas y terminó con la libertad de expresión.
La segunda combinó los fusilamientos a mansalva con la persecución de «Toda propaganda que… siembre ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social, [ésta]será castigada con la supresión de los periódicos o entidades que la patrocinasen e incautación de sus bienes, y con pena de reclusión mayor para el principal o principales culpables, y de reclusión menor para los cooperadores (sic)».
Por lo que nos anticipan los medios de difusión la Tercera, reajustada a la época y contexto actual, mantendrá el armazón ideológico -clásico y reconocible- del Doctrinarismo hispano.
Quienes siempre han preferido la Caridad a la Justicia, piensan sublimar en la nueva ley su idea de Orden social, que no es otra que el mantenimiento de los privilegios de clase. No les importa si estos se implantan humillando. Con la imposición de castigos buscan la sumisión, la inclinación de las cabezas ante sus villanías. Consideran necesario que se note quien manda, que emerja a la luz el «señoritismo» del siglo XXI.
Los mismos que disculpan raudos Urdangarinadas, Gürteles y demás corrupciones, los mismos que son extremadamente benevolentes con los que se enriquecen por manejar información privilegiada y leyes laborales a la medida, se echan las manos a la cabeza si la Ciudadanía, harta de que le roben, tiene la osadía de decirlo. Mutismo o multa.
Tienen un curioso concepto de lo que es «la violencia» legalmente punible. No les resulta violento que la policía o los mossos rompan cabezas si disuelven de forma indiscriminada una manifestación. Sí que insulten a quienes golpean sin mesura. Por eso pretenden que con la ley proyectada los afectados laman sus heridas en silencio.
En la misma línea de pensamiento, no censuran la represión o abusos policiales. Lo grave es que captes y difundas imágenes de los mismos. En esta peculiar balanza un «hijoputa» pasa de grosería a delito gravísimo, mientras que verte desahuciado por el mismos banco al que todos hemos rescatado o despojado de tus derechos no pasa de anécdota nimia. Defender lo Público o la Dignidad es un crimen. Recordarles pacíficamente a quienes gobiernan los daños que generan sus decisiones una agresión. Pero romper unilateralmente las normas de convivencia con leyes que atufan a dictadura se queda en chascarrillo.
En un país que día si y otro también ve como cualquier cofradía, procesión o banda de Semana Santa campa por sus anchas y ocupa la calle cuando le da la gana, un país cuyos gobernantes toleran limitar los movimientos de los ciudadanos las veces que haga falta si el evento religioso lo requiere, pasará a ser castigado ocupar la vía pública si la convocatoria no está bendecida por el arzobispo de turno. Aunque te manifiestes porque te hayan cerrado la fábrica, aplicado un ERE o recortado un 40% el sueldo. Siempre para que los que más tengan sigan teniendo más y paguen menos impuestos.
Con la Ley Rajoy- Fernández Díaz pretenden paralizar a la sociedad discrepante imponiendo la Coacción y el Miedo.
Sueñan con la sempiterna España amordazada. Buscan que no protestemos una vez conseguido convertir el mileurismo despectivo de hace unos años en oscuro objeto de deseo económico al que aspiran unos trabajadores mayoritariamente «precarizados».
Y encima pretenden que les estemos agradecidos porque,de momento, se conformarán solo con multarnos.
Hoy se hace imprescindible que el Miedo que ahora inoculan cambie de bando. Que los saqueadores sientan el aliento en el cogote. Que vean trazar la raya del «Nunca más» y el «Hasta aquí consentimos».
Decía Marcelino Camacho que el derecho a la Huelga se ganó con huelgas que costaron sangre y cárcel. El Derecho a la Dignidad se gana enfrentándose a la arbitrariedad del que utiliza la coartada de la Democracia para aplicar sus querencias totalitarias.
Si no lo hacemos, si no fijamos un «Basta ya» contundente, con su demencial iniciativa lograrán imponer otra vez sus veinticinco años de Paz: la de los cementerios.
Juan Rivera. Colectivo Prometeo de Córdoba
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