Mónica y su hijo tienen que quedarse; este fue el lema de la convocatoria a la concentración -el pasado 17 de diciembre, organizada por PAH-Valencia- ante la sede de la Conselleria de Vivienda, que dirige el PP; se trataba de frenar el desahucio de una mujer con trabajo precario y su hijo, de 12 años, residentes en un piso de titularidad pública; el procedimiento de desahucio tiene como promotor a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat, informó la PAH.
El 20 de diciembre movimientos vecinales, sociales y sindicales por el derecho a la vivienda organizaron una manifestación en Valencia con la consigna Pel dret a l’habitatge, ara; en la movilización se reivindicó un Plan de choque consensuado con los colectivos.
Asimismo, el 20 de diciembre, Joves Esquerra Unida del País Valencià (JEUPV)-Izquierda Unida convocó una Jornada de Lluita per l’Habitatge, en la que se presentó el Informe d’emancipació realizado por el Consell Valencià de la Joventut (CVJ), correspondiente al segundo semestre de 2024.
El documento señala que el 15% de la juventud valenciana está emancipada; el coste de acceso al mercado de la vivienda en propiedad para una persona joven asalariada -en el País Valenciano- es del 73,7% de los ingresos (en el caso de las mujeres) y del 64% para los hombres; asimismo, “el precio de la entrada de un piso suponía 3,7 años del salario neto de una persona joven valenciana”.
Basándose en los datos de un portal inmobiliario (no citado), el informe señala que el precio medio de una vivienda de alquiler era de 912 euros mensuales a finales de 2024, “el precio más caro de la historia” en el País Valenciano; ello representaba el 87% del salario medio de una persona joven.
A estas dificultades se agrega que, según el Observatori d’Emancipació, la tasa de desempleo juvenil se situaba en el 22,8% al final de 2024 (la cuarta autonomía con más paro del estado español).
En el acto de JEUPV se dio a conocer el informe El mercat de l’habitatge. Una radiografia per a produir polítiques públiques, editado por el CVJ en noviembre de 2025; el documento hace mención a algunas “distorsiones” que se producen en el mercado de la vivienda, debido a que una parte de la demanda tiene como fin la rentabilidad o bien la acumulación de patrimonio.
En el País Valenciano, con datos del Catastro, “hay registradas 459.000 viviendas vacías sobre un total de 3,2 millones, y aproximadamente el 3,2% del parque está en manos de grandes tenedores (propietarios con más de 10 inmuebles); si se amplía el umbral a los propietarios con más de cinco viviendas, la cifra asciende hasta cerca de 166.000 inmuebles”.
En el acto celebrado en la sede de EUPV, la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras-País Valenciano, Ana Belén Montero, destacó el recorte en las cuentas públicas para las políticas de vivienda; de hecho, el presupuesto de la Generalitat destinó 304 millones de euros en 2025 a este capítulo, frente a los 385 millones de 2024 (en el presupuesto de 2023 la cifra consignada fue de 402 millones de euros).
Además, Montero ha citado como ejemplo de las políticas de vivienda de la derecha política las denominada oficina antiokupación del Ayuntamiento de Valencia (gobierno de coalición entre el PP y Vox), que se puso en marcha a mediados de junio y que -cumplidos cinco meses- había atendido tres correos electrónicos y tres llamadas de teléfono; la oficina depende de la Policía Local de Valencia.
Además la Generalitat, gobernada por el PP, ha eliminado los derechos de tanteo y retracto -es decir, la compra preferente por parte de la Administración- en el caso de las viviendas libres; los citados derechos estaban previstos para una serie de condiciones en las operaciones de transmisión de viviendas no protegidas; por ejemplo, que éstas hubieran sido adquiridas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria.
Esta medida había sido impulsada en 2020, mediante un Decreto Ley, por el Gobierno del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas-Podemos) con el fin de ampliar el parque público de vivienda.
Se da la circunstancia que el Decreto de diciembre de 2024 del Consell sobre el Régimen Jurídico de las Viviendas de Protección Pública reconocía que el parque público de vivienda de la Generalitat se halla “colapsado” y resulta “del todo insuficiente”, con algo más de 15.000 inmuebles en 2023.
El pasado 10 de diciembre, CCOO-País Valencià presentó una campaña de denuncia ante la situación “insostenible” del acceso a la vivienda; el sindicato subrayó que el incremento acumulativo del precio del alquiler en el País Valenciano –durante la última década- se sitúa en el 139%; cuestión distinta es la proliferación de viviendas turísticas; el País Valenciano cuenta con 63.190 pisos turísticos, lo que la sitúa como segunda autonomía del estado español tras Andalucía (INE, 2025); el panorama se completa con las personas afectadas por desahucios: 3.432 en el País Valenciano durante 2024, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El abogado e investigador sobre derecho a la vivienda en la Cooperativa Valenciana El Rogle, Natxo Collado, ha abordado en su intervención la cuestión de La vivienda bajo el capitalismo; entre los referentes teóricos citados, figura el arquitecto y teórico británico John F. C. Turner, fallecido en 2023, a los 96 años, quien defendió la vivienda de autoconstrucción y adoptó una perspectiva del urbanismo -y de la vivienda- en relación con los usuarios; Turner estuvo influido por el anarquismo y por el geógrafo y urbanista escocés, Patrick Geddes.
Respecto a la noción de hogar, Natxo Collado apunta las concomitancias con la idea de seguridad; es decir, la “no precariedad en la tenencia”; por ejemplo, la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, de 2013, reducía a tres años la duración de la prórroga obligatoria de los arrendamientos; sin embargo, la reforma de 2019 estableció el plazo de la prórroga obligatoria en cinco años para las personas físicas.
Collado destaca cómo algunas obras de ficción han mostrado esta emergencia habitacional; es el caso de la película En los márgenes, estrenada en 2022 con la dirección de Juan Diego Botto, que pone el foco en la amenaza de desahucio que viven los tres protagonistas.
Mientras, concluye el abogado y activista, “los precios de la vivienda en Valencia ya superan los de la burbuja inmobiliaria”; en concreto, según el portal inmobiliario Idealista, el precio de la vivienda a la venta en Valencia -en noviembre de 2025- fue de 1.926 euros/m2, lo que implica un incremento del 22% en un año; a finales de 2006, antes de la crisis inmobiliaria, el precio del metro cuadrado estaba en 1.890 euros.
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